Los conflictos están relacionados principalmente a la minería, extracción de hidrocarburos e instalaciones hidroeléctricas y eólicas, señalan académicos.
Ciudad de México, 27 de febrero de 2019. En los últimos 12 años, México registró 826 conflictos socioambientales principalmente asociados a la minería, extracción de hidrocarburos e instalaciones hidroeléctricas y eólicas, concluyó un mapeo de Flacso-México, Montfort University, Fundación Heinrich Böll y Cartocrítica A.C.
De acuerdo al mapeo realizado a partir de la revisión de 964 notas periodísticas, la minería es la actividad que ocasiona el mayor número de conflictos al registrarse 374 hechos conflictivos reportados en 134 proyectos mineros.
Le siguen las instalaciones hidroeléctricas con 188 hechos conflictivos en 50 proyectos, seguida por la extracción de hidrocarburos con 127 hechos conflictivos en 70 proyectos y las eólicas con 116 hechos conflictivos en 35 proyectos.
En tanto, los gaseoductos reportan el mayor número de conflictos por proyecto con un promedio de casi 5 hechos conflictivos, seguidos por las hidroeléctricas con 3.8, las eólicas con 3.3 por proyecto, las mineras con 2.7 y los campos petroleros con 2 por proyecto.
Los estados con más hechos violentos asociados a la minería son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Puebla, Coahuila, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.
Mientras que la conflictividad por campos petroleros se concentra en Tabasco, Chiapas y Veracruz.
Los tramos con más hechos violentos por gasoductos son Puebla, Tlaxcala, Morelos, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, Sinaloa.
Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero registran el mayor número de conflictos por instalaciones hidroeléctricas; y Oaxaca y Yucatán por eólicas.
La base de datos desarrollada por los académicos muestra que las comunidades que se oponen a un megaproyecto recurren a acciones institucionalizadas como los juicios o los recursos de amparo.
En cambio, las comunidades que combinan las acciones institucionalizadas con la toma de instalaciones o retienen a funcionarios, buscan la negociación de beneficios.
Al presentar el mapeo, Valeria Guarneros, académica de Montfort University, explicó que mientras en los conflictos socioambientales asociados a la minería el motivo central es el impacto ambiental, en las instalaciones eólicas o hidroeléctricas es el ordenamiento territorial.
Para reducir la presencia de conflictos socioambientales, Gisela Zasemberg, profesora investigadora de Flacso México y coordinadora del mapeo, destacó la importancia de que exista una Ley Nacional de Participación Ciudadana que articule las asambleas ejidales como una figura central que les permita a las comunidades decidir sobre su territorio.
“Las asambleas ejidales y comunales tienen derecho a decidir qué quieren en su territorio, sería fundamental dar las herramientas para que estos mecanismos funcionaran de abajo hacia arriba, de lo local a lo nacional”, planteó Gisela.
Manuel Llano Vásquez, director de Cartográfica, consideró que el problema de fondo es cuando se apuesta a profundizar una visión energética basada en combustibles fósiles y en apostar a una industria extractivista que no contempla las externalidades.
“Deberíamos estar pensando en cómo prevenir los conflictos socioambientales, en cómo logramos que las industrias se comporten de una mejor manera y cómo logramos cambiar el modelo energético”, señaló Llano.
Respecto al más reciente conflicto socialmente detonado por la termoeléctrica de Huexca, Morelos, enfatizó que las consultas realizadas por el Gobierno Federal son violatorias del derecho a la consulta previa, libre e informada al que tienen derecho las comunidades.
“Los sondeos resultan violatorios a la ley y generan una presión a las comunidades en las que debería llevarse una consulta previa”, agregó Manuel.
Texto: Evlyn Cervantes / Agencia Reforma / Foto: El Sur (En la imagen, la Minera Media Luna, ubicada en Cocula, Guerrero)
