Alcozacán, Chilapa, Guerrero, a 21 de mayo de 2026.- El eco de las ráfagas de disparos de arma de fuego comenzó a escucharse el 6 de mayo en la comunidad de Tula, municipio de Chilapa. No es un ruido extraño para los habitantes de esta zona indígena de Guerrero, pero esta vez el asedio no se detuvo al caer la noche. Durante días el grupo delictivo Los Ardillos avanzó con una fuerza implacable, desplazando a pobladores con explosivos aventados desde drones, un enfrentamiento de cerro tras cerro hasta cercar las inmediaciones de Xicotlán y Mexcaltepec.
Dos semanas después de aquella batalla, tres policías de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), que enfrentaron al grupo delictivo y cayeron en combate, fueron sepultados ayer en esa comunidad.
“Nos pidieron que dejáramos que se llevaran los cuerpos, que nos los iban a regresar pronto y hasta el día de ayer (martes) nos los entregaron, es una discriminación, es un dolor de no tenerlos con nosotros y despedirlos”, dijo uno de los familiares.
El 12 de mayo cuando entraron las autoridades estatales y federales a Xicotlán y Tula, los cuerpos de los tres indígenas fueron llevado al Servicio Médico Forense de Chilpancingo para la necropsia de ley. Más de una semana después fueron entregados a sus familiares en cajas rústicas para que fueran sepultados.
Martín Flores, Abraham Jiménez y Eusebio Migueleño eran policías comunitarios de la CRAC-PF que cayeron en combate para evitar que el grupo delictivo llegara a Alcozacán, a donde llegaron cientos de desplazados.
Allí, en la primera línea de defensa, un centenar de personas resistió el embate. La guerra no declarada dejó tres policías comunitarios asesinados, cuatro personas desaparecidas y un vacío institucional que obliga a las familias a rogar por la devolución de los cuerpos de sus seres queridos.
“Si no (hubieron resistitdo), a lo mejor la gente ya no anduvieran en esta comunidad, o a lo mejor ya estuviéramos desplazados en otro lado, si no se hubiera defendido Alcozacán hubieran quemado las casas (como pasó en Tula)”, relató Sixto Mendoza Limpia, promotor y vocero del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
Su testimonio es el reflejo de una realidad innegable en la zona, aquí la policía comunitaria no es una opción ideológica, sino un mecanismo de supervivencia extrema.
Unos 100 vecinos plantaron cara al grupo criminal que dicen que fue protegido por el Ejército
El ataque en los límites de Xicotlán duró dos días enteros de fuego intenso.
La disparidad de fuerzas era evidente. Para proteger a cientos de familias, apenas lograron organizarse unos 50 elementos de la comunitaria, a los que se sumaron pobladores con lo que tenían a la mano.
Cerca de 100 personas se plantaron cara a cara a un comando fuertemente armado protegido por el Ejército, según la versión de los pobladores.
“Hicimos una línea de fuego para evitar que el pueblo fuera borrado del mapa, nos enfrentamos y logramos que el grupo (de Los Ardillos) no avanzará más”.
En esa resistencia cayeron tres hombres jóvenes, pilares de sus hogares: Martín Flores, Abraham Jiménez y Eusebio Migueleño, cuyas edades son 24, 28 y 35 años. “Cayeron defendiendo el territorio, la comunidad y la vida de sus hijos”.
Para las familias de la Montaña el calvario no terminó cuando cesaron los disparos; apenas comenzaba la vía crucis institucional. Tras el enfrentamiento las autoridades locales y estatales tardaron una semana entera en entregar los restos de los defensores a sus deudos.
Los cuerpos fueron trasladados a Chilpancingo. Durante siete días, las viudas y los padres ancianos recorrieron oficinas recibiendo evasivas.
“El gobierno supuestamente los iba a entregar luego pero ya pusieron puro pretexto: que los estaban preparando, que esto y el otro, y que tenían mucho trabajo”, denunció Sixto Mendoza.
Esta dilación forense no solo prolongó el sufrimiento de una comunidad en guerra, sino que violó los usos y costumbres de los pueblos originarios, donde velar y enterrar a los muertos de manera inmediata es un derecho sagrado.
A la par de la pérdida confirmada, el fantasma de la desaparición forzada sigue rondando la zona. La comunidad reporta formalmente a cuatro personas desaparecidas tras las incursiones armadas. Aunque las autoridades ministeriales localizaron cuatro cuerpos días después en la carretera Chilapa-Tlapa, el abandono y la falta de canales de comunicación eficientes mantienen a los familiares en una dolorosa incertidumbre al no saber si esos restos pertenecen a sus seres queridos, o si la búsqueda debe continuar para encontrarlos vivos.
La muerte de Martín, Abraham y Eusebio ha dejado una estela de orfandad que condena a las nuevas generaciones a la pobreza extrema.
Entre las tres familias de los caídos se contabilizan múltiples niños huérfanos que hoy carecen de sustento.
“Quedaron desamparados, no tienen a sus esposos que eran los que los mantenían, los cubrían y todo; ahora la familia se queda sin nada”, clamó el promotor indígena.
Las viudas, además de enfrentar el duelo en un contexto de guerra contra las comunidades, deben asumir solas la crianza pueblos donde el acceso al empleo, la educación y salud es prácticamente nulo.
Mientras el gobierno estatal argumenta saturación de trabajo y ofrece promesas de pacificación a largo plazo, en la Montaña Baja de Guerrero las familias entierran con flores amarillas y llanto a sus jóvenes, con la certeza de que la línea entre la vida y el olvido depende únicamente de ellos mismos.
Lenin Ocampo Torres
