Humberto Musacchio
Ricardo Monreal, líder de la mayoría en San Lázaro, Adán Augusto López, quien dirige a la mayoría morenista en el Senado, y el presidente de la Mesa Directiva de esta misma Cámara, Gerardo Fernández Noroña, suscriben una iniciativa que pretende modificar varios artículos de la Constitución.
Los tres políticos fueron aspirantes presidenciales, pero la candidatura al más alto cargo de la República quedó en manos de Claudia Sheinbaum. Por eso convendría que los asesores de Palacio se mostraran más atentos si se abre una grieta y recomendaran proceder con más cuidado en declaraciones y apoyos a ocurrencias descabelladas y altamente peligrosas.
De acuerdo con la propuesta del trío, se declaran “improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas” a la Constitución, “incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral”.
Con el fin de que “no quede ninguna duda respecto a la interpretación y aplicación de la norma constitucional”, el diputado Monreal declaró que “tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales.”
El objetivo de la iniciativa es impedir que el Poder Judicial pueda impugnar las reformas y, en general, el articulado constitucional. De este modo, se lesiona gravemente el derecho de amparo, orgullo de la legislación mexicana, y se suprime la más importante función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es señalar los casos en que los añadidos y cambios a la Carta Magna resulten improcedentes de acuerdo con el marco constitucional.
De aprobarse la anunciada reforma, la Corte quedará como un impotente testigo de cuanta barbaridad se le ocurra a quien ocupe el Poder Ejecutivo y a todo lo que, con su proverbial irresponsabilidad, apruebe la mayoría del Poder Legislativo, mayoría fabricada por Morena y socios para convertir el 54 por ciento de sus votos en 70 por ciento. De ahí que en especial se incluyan como improcedentes los fallos “que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral”. Pues sí.
“Las normas relativas a los derechos –dice la iniciativa– se interpretarán de acuerdo con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia”, pero… “en ningún caso pueden ser inaplicadas (las normas constitucionales) por medio de control de convencionalidad”. Dicho en buen romance, no se podrá recurrir a los tratados internacionales suscritos por México si éstos se hallan en contradicción con las reformas que hoy se proponen. De este modo, cualquier absurdo que se incorpore a la Constitución será inatacable, pues la oposición no podrá ocurrir a los organismos internacionales en busca de arbitraje y, más precisamente, de justicia.
En fin, que todo este enredijo sería cómico de no ser tan trágico. Por eso aquí los morenistas se desgarraron las vestiduras al enterarse de que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien participó en un coloquio en la Universidad de Harvard, dijo que con la reforma del Poder Judicial por iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, cualquier mexicano, con tener cierto promedio de calificaciones académicas y cinco cartas de recomendación puede ser propuesto a la Suprema Corte, expresiones que causaron la hilaridad de sus oyentes.
Puede ser exagerado lo dicho por el citado ministro de la Corte, pero el hecho es que la reforma judicial promovida por Morena desecha la preparación y la experiencia de los juzgadores, en tanto que le abre la puerta a candidatos impulsados por el dinero, las influencias políticas y, lo que es peor, por las bandas del narcotráfico.
Por eso resulta desproporcionado acusar al ministro de burlarse del pueblo de México, que presuntamente “ya tomó una decisión” y está de acuerdo con la elección de jueces. En realidad, la burla es de quienes elaboraron la iniciativa, de quienes la aprobaron valiéndose de una mayoría ilegítima y de esos mismos que ahora dejan a los ciudadanos en la indefensión.
