La activista Ericka Zamora Pardo comparte su testimonio para El Sur.
El Sur / Ciudad de México, 2 de febrero de 2019. Hace un par de años, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) invitó a la activista Ericka Zamora Pardo, sobreviviente de la masacre de El Charco, a compartir su testimonio en un acto público en Guerrero. Ericka no lo pensó, aceptó la propuesta. Pero minutos antes de narrar las horas que siguieron al asesinato de 10 indígenas na savi y un estudiante universitario por parte del Ejército Mexicano, entendió que no estaba preparada. No podía, se asustó. Se dio cuenta de que no había sanado.
Ericka recordó la madrugada del 7 de junio de 1998, en el municipio de Ayutla de Los Libres. Aún le perseguían las imágenes de las personas ejecutadas por los soldados, de las que resultaron heridas y de la veintena de detenidos –la propia Ericka entre ellos– que serían torturados. Se rompió, era imposible hablarlo.
Presa política por cuatro años, el 30 de mayo de 2002 obtuvo su libertad y se dedicó a denunciar la masacre en foros. No paró de recrear aquel junio de 1998, cuando, con 21 años, todavía estudiaba en el CCH Azcapotzalco de la UNAM. Pero hace dos años, Ericka se percató de su entonces estrategia: “Contaba los hechos como algo que no me había pasado a mí, sino a otra persona”, comparte durante la entrevista con El Sur, en el Centro Histórico de Ciudad de México.
“Según yo, cada foro me sirvió para sanar. Hasta hace dos años asumí que esa persona torturada era yo, que eso me había ocurrido a mí, y no pude hablar. No pude. Y a la fecha, no, todavía no puedo superarlo”, cuenta Ericka con su voz tenue.
La exigencia de organizaciones y estudiantes lograron la libertad de la activista. Se dio tiempo para aprobar Lógica, materia pendiente en el CCH. Efectuó su trámite para ingresar a Sociología, en la Facultad de Ciencias Políticas. No hubo tiempo para sí misma.
Ericka confiesa: “La verdad, no lo he trabajado. No me siento preparada para afrontarlo. Si empiezo, me quiebro. De hecho, con Efrén (Cortés, otro sobreviviente) nunca hablamos de la tortura, ni del evento, ni siquiera para reconstruirlo. Lo comentamos, pero no de forma profunda.
“No es que no haya considerado ir con psicólogos, sólo no estoy lista. Yo creo que hay cosas que no se sanan. Aprendes a vivir con ellas de forma llevadera, quizá. No, no creo que se sane”.
“No lo esperaba”
El 18 de diciembre pasado, Ericka Zamora recibió una llamada de Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva de la organización Red Solidaria Década Contra la Impunidad. Era para informarle que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), tras seis años de proceso, había aceptado analizar y estudiar el caso de la masacre de El Charco.
“No lo esperaba”, admite Ericka, hoy de 42 años. “Nos dieron el informe de admisibilidad y quizá fue por el contexto que vive México, en el que Andrés Manuel López Obrador promueve la Guardia Nacional”.
Para Ericka, el fallo de la CIDH “es muy importante porque puede generar precedente. Es el primer caso en México en el que se documentan violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, una masacre. En el caso de Acteal (Chiapas), fueron paramilitares. En Aguas Blancas (Guerrero), fueron policías”.
Ericka explica que “se recurrió a la justicia internacional porque la nacional no hizo nada. En su momento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sacó un informe light. No hablaba de las torturas ni de las ejecuciones extrajudiciales. Al decidir buscar justicia ante la Comisión Interamericana, sabíamos que sería tardado y que además implicaría un desgaste psicológico y económico”.
“Vale la pena”
Integrante del Comité Estudiantil Metropolitano, el activismo en su escuela llevó a Ericka Zamora a El Charco, en junio de 1998. Cinco años atrás, como estudiante del CCH, empezó a interesarse en diversos temas, sobre todo cuando el EZLN sacudió al país el 1 de enero de 1994. “Antes, con el asunto del TLC, había desesperanza. Todo cambió con la llegada de los zapatistas. Eso nos marcó a toda una generación. Eso me llevó a estar en El Charco”, en donde se discutía declarar la autonomía del municipio de Ayutla de Los Libres.
Originaria de Hidalgo, antes de la masacre Ericka vivía en la Ciudad de México con su hermana, recién inscrita al CCH, y un hermano, estudiante en la Facultad de Arquitectura.
Tras la detención de Ericka, su mamá y su papá, quienes vivían en Hidalgo, huyeron a la capital mexicana porque su casa fue cateada y él golpeado, un par de días después de la masacre. Ericka se enteraría de ello hasta recuperar su libertad. Con ayuda de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, su familia consiguió verla días después de ser encarcelada. Quizá para no agobiarla más, no dijeron nada. Ericka había sido torturada.
–La tortura es otra de las marcas de la masacre en El Charco.
–La mayoría de las personas que la hemos sufrido, sabemos que se enfoca en anularte como ser humano, en humillarte, cuando te dicen que tu lucha no vale la pena. Después, eso me hizo decir: “Sí vale la pena y voy seguir”.
“Podemos esperar 16 años más”
Desde hace seis años los abogados de la organización civil Red Solidaria llevan el caso ante la CIDH. Las víctimas también aportaron de su bolsillo cuando se efectuaron viajes al extranjero con el propósito de que El Charco no se olvidara.
“Fue agobiante –dice Ericka–, sobre todo al asistir a audiencias de la CIDH en Washington, Panamá, Guatemala. A mí me tocó ir a Panamá hace tres años. A Washington fueron, mínimo, 10 viajes. Hay que insistir. La CIDH es un equipo pequeño de investigadores y abogados. Le llegan casos de toda América. Si no insistes, no dan prioridad. Con todo, fueron seis años para que fuera admitido”.
–¿Qué fue lo más complicado del proceso?
–De pronto había desánimo, incluso de integrantes de las organizaciones no gubernamentales. Decían que era un caso que pasaría la primera parte de análisis y que, si queríamos indemnización, negociáramos con el Estado. No sé si había desconfianza en la capacidad jurídica de Red Solidaria. Pese a eso, aquí está el resultado.
–Efrén Cortés dice que es cuestión de dos años para que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
–Es optimista. Yo pienso que es un camino largo. Aún contamos con algunos meses para documentar el informe de fondo. Luego el Estado mexicano debe contestar. Si la comisión requiere más información, hay que enviarla. Falta, falta.
La estrategia está planeada: la CIDH propondrá a las víctimas negociar con el Estado, pero “no lo haremos –adelanta Ericka–. Es la idea, para que el caso pase a la CoIDH, porque si negocias, no generas precedente. El Estado puede ofrecer indemnización económica y ya”.
La CoIDH será la que dicte sentencia: exigir a México pedir perdón a las víctimas y que reconozca las graves violaciones a los derechos humanos que cometió el Ejército.
–¿Cómo te has preparado todos estos años para enfrentar el proceso?
–Ver que todo el tiempo son las mismas violaciones. Entonces, hay que generar condiciones para que no se repitan. Hemos esperado 16 años la justicia; podemos esperar 16 más.
Cabeza agachada
El 7 de junio de 1998, Ericka Zamora creyó en tres ocasiones que sería asesinada. La primera, al momento de la masacre. La segunda, cuando los detenidos fueron trasladados en helicópteros –ella, la única mujer, y sus compañeros– de la comunidad al Batallón de Infantería de Cruz Grande. “Pensé en los vuelos de la muerte”, confiesa. La tercera, durante la tortura, que se extendió toda la noche y hasta el día siguiente.
No ocurrió, pero siguieron cuatro años de infierno. En Acapulco estuvo encarcelada más de un año. En noviembre de 1999 pasó a Puente Grande, penal exclusivo de hombres. La única presa política que había estado ahí antes fue Ana María Vera Smith, del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (Procup). Ericka estuvo confinada con cinco mujeres más.
–Quizá por eso no has sanado, nunca ha habido tiempo ni espacio para ello.
–Sí, siempre en shock. En Acapulco te enfocabas en tu proceso. En Puente Grande era tan fuerte el acoso y el estrés que no había posibilidad de pensar.
De Guerrero, fueron trasladados a Puente Grande cuatro hombres y dos mujeres. En ese penal, las actividades eran obligatorias. Estudiar y trabajar. Ericka recuerda que en tres meses elaboró un bordado con punto de cruz. “Me gané 105 pesos”.
Ericka perdió su identidad. Su uniforme tenía el número 669, y éste se convirtió en su nombre. “Es una situación militarizada. Siempre con la cabeza agachada, manos hacia atrás y para todo decir ‘sí, señor’, ‘no, señor’”.
Se sentía reducida a una cifra de tres dígitos. “Es un daño psicológico tremendo”.
Ericka y sus compañeros protestaron con huelgas de hambre. Hombres y mujeres, para exigir su libertad como presos políticos. Y las mujeres, para demandar mejores condiciones.
“Las toallas sanitarias las daba el hospital, y si querías otra había que entregar la sucia. Nos daban desodorantes de hombre. Condiciones muy indignas”.
Gracias al testimonio de Vera Smith y el trabajo de organizaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) efectuó una recomendación en julio de 2001 sobre las carencias de espacios para mujeres en tribunales y reclusorios federales. Ericka estuvo casi un año más en el penal de Chilpancingo.
“Seguirán las violaciones graves”
Tras concluir las asignaturas universitarias, se involucró de tiempo completo en el activismo en organizaciones civiles.
–Fuiste testigo del aumento de la violencia.
–Creo que hubo una estrategia desde el Estado, que auspició al crimen organizado para hacer el trabajo sucio. Guerrero, después de El Charco, se militarizó, pero quienes mataban y desaparecían parecían ser la delincuencia. En Ayutla, y el resto de la región, muchos indígenas que denunciaron la matanza de El Charco fueron asesinados. Hubo más de 10. Esto crece y no sólo en Guerrero. Después al Estado se les sale de las manos y llega a niveles de delincuencia terribles.
–¿Cómo ves la estrategia del nuevo gobierno?
–El problema es que quienes van a formar la primera etapa de la Guardia Nacional son integrantes de batallones que reprimieron a los maestros en el Zócalo. El gobierno federal dice que no dará orden de reprimir, y quizá no, pero en la práctica estarán en la calle los militares, que asesinan y desaparecen. No va a cambiar su forma de actuar porque llega otro gobierno. No quiero, pero creo que seguirán las violaciones graves.
Legalizar lo ilegal
Ericka Zamora sabe que la búsqueda de la justicia es un proceso largo. Como una carrera de resistencia, no queda otra más que aguantar.
“Pero es importante seguir, para que no se repitan hechos tan lamentables. En el caso de El Charco, insistiremos hasta que haya sentencia en la CoIDH. No queremos otra masacre y militares impunes”.
Finaliza: “Esperamos que el Estado pida perdón a las víctimas, reconozca las violaciones graves y se comprometa a que esto no se repita. Lo triste ahora es que toda esa militarización que criticamos en los sexenios pasados, entonces ilegal, ahora se legaliza”.
Texto: Guillermo Rivera / Foto: Cuartoscuro
