En el tercer día del juicio oral, presenta la defensa de los presos dictámenes en los que se demuestra que sufrieron tratos crueles y degradantes. El MP no ha podido probar la acusación, asegura el abogado de Tlachinollan. El viernes se dará la resolución y deberá ser la libertad, considera.
Acapulco, Guerrero, 6 de junio de 2019. “No hay elementos que establezcan la responsabilidad de los compañeros”, dijo el abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, al salir de la tercera audiencia por el juicio oral de los 16 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) y de la Policía Comunitaria de Cacahuatepec presos.
En el tercer día de audiencia, que es privada, en el Centro Integral de Justicia, que se encuentra en el poblado de La Poza, la defensa de los detenidos presentó dictámenes en los que se demuestra que seis de los 16 presos fueron torturados durante su detención el pasado 7 de enero, en la comunidad de La Concepción.
“Nosotros teníamos muchas pruebas, consideramos la mayoría de ellas no presentarlas, desistirnos de la mayoría, de 30, porque lo único que íbamos a provocar es dar más elementos al Ministerio Público, el cual no pudo probar muchas cosas, muchas circunstancias, situaciones no las pudo probar”, declaró el abogado.
Agregó que debido a que el Ministerio Público no ha podido probar la acusación, la defensa decidió no presentar determinados testigos “que podrían utilizar ellos, entonces por esa razón decidimos desistirnos de una diversidad de pruebas y sólo las que se presentaron hoy (ayer) fueron seis dictámenes de tortura que emitió un médico inglés”.
Vidulfo Rosales sostuvo que en los dictámenes “se demuestra que seis compañeros fueron objetos de tortura, tratos crueles y degradantes durante el proceso de detención, donde se obtuvieron pruebas”.
Explicó que ayer durante la audiencia el Ministerio Público objetó que se desahogara la prueba de los dictámenes, porque ya se había desahogado el 1 de abril, “pero de acuerdo con la ley y el Código tiene que volver a desahogarse, presentarse, verificarse su legalidad y el MP se opuso, y el juez resolvió que como es un derecho iba a admitirla”.
“El balance que nosotros tenemos al día de hoy es bastante positivo para la defensa en este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, es el Ministerio Público quien tiene que probar la plena responsabilidad más allá de toda duda razonable de nuestros compañeros”, indicó.
Rosales Sierra agregó que el Ministerio Público no ha podido probar esa circunstancia: “no hay pruebas que demuestren, primero, la materia de la acusación, no está probada, los testigos nunca lograron decir dónde, quiénes son los que llegaron, hablan de 30 personas”.
Agregó que las 30 personas no fueron señaladas, no fueron ubicadas, no se sabe quiénes son, “no sabemos dónde los detuvieron, cuándo los detuvieron, cómo y quién los detuvo, de tal manera que hay compañeros detenidos sin saber quién, cómo, cuándo y hoy por esa circunstancia no está probada”.
Dijo que no hay ninguna prueba que señale que los detenidos hayan hecho disparos: “los testimonios no pudieron sostener esa circunstancia, menos pruebas científicas que exista, no existe ninguna prueba, ningún dictamen de balística”.
El abogado aseguró que no hay pruebas que indiquen que a los procesados les hayan encontrado armas, no hay dictámenes, además de que el día de los hechos se encontraron esquirlas, casquillos y a esos se hicieron los análisis y ninguno establece que haya sido disparado por los detenidos, “es más, ellos ni siquiera tenían armas”.
“La pregunta que nosotros como defensa hacemos es ¿cómo vamos a condenar, con esa ausencia de pruebas, esa inexistencia de pruebas que establezcan la responsabilidad de los compañeros? entonces la conclusión es clara a juicio de la defensa: no hay elementos que establezcan la responsabilidad de los compañeros y los jueces deberían de dejar en libertad a los compañeros “.
Vidulfo Rosales adelantó que hoy jueves serán los alegatos de clausura y el viernes se tendría una resolución, la cual “desde el punto de vista de la defensa debería haber libertad”.
Aseguró que durante estos tres días de audiencia a su parecer han visto que el Ministerio Público no tiene pruebas que “establezcan la responsabilidad de nuestros compañeros, no hay pruebas, por lo tanto esta defensa considera que deben salir en libertad incondicional y que debe haber una sentencia absolutoria”.
Afirmó que si hay una condena hacia los detenidos “estará fundada en otros criterios que se apartan de la situación jurídica”, es por ello que consideró que el viernes que el juez dicte una sentencia está debe ser libertad para los 16 integrantes del Cecop y de la Policía Comunitaria de Cacahuatepec.
El juicio oral inició el lunes y los procesados son acusados de homicidio calificado por los hechos ocurridos el 7 de enero del año pasado, en la comunidad de La Concepción.
Texto: Aurora Harrison / Foto: Jesús Trigo
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