Tlapa, Guerrero, a 13 de noviembre de 2024.- Más de cien jornaleros que salieron a Sinaloa se sumaron este martes a los cerca de 10 mil que este año han emigrado desde la región Montaña a los campos agrícolas de ese estado, Baja California, Sonora y otros, como lo vienen haciendo desde hace décadas, ante la carencia de fuentes de empleo en la zona.
En la presente etapa, de contratación y traslado, es evidente la desatención de los tres órdenes de gobierno, al grado que la autoridad municipal ni siquiera ha sido capaz de retirar decenas de bolsas de basura de la Casa del Jornalero, acumuladas en estos días de movilización de cientos de trabajadores hacia los campos del norte.
Pero, sobre todo, los gobiernos federal y estatal han ignorado la necesidad de restituir una mesa intersecretarial de atención, como muestra de la discriminación en el orden institucional.
Según el Consejo de Jornaleros de la Montaña, los municipios que más aportan al fenómeno migrante son Tlapa, Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Alcozauca, Xalpatláhuac y Zapotitlán Tablas.
El registro es extraoficial y lo realiza el consejo y Tlachinollan, porque no hay dependencia gubernamental que considere importante alimentar esta estadística. Así, el registro es sólo para tener un hilo de localización y seguridad para cada persona que sale.
Hasta ayer, durante el presente año, “van como 9 mil registrados”, dice Gudelia Santiago Díaz, encargada de esta tarea, y sin contar a los que no se registran, que se estima podrían ser otros mil, que salen directamente desde sus pueblos, contratando ellos mismo sus camiones.
Tal es el caso de Santa María Tonaya, donde se organizan y contratan su propio autobús desde allá, que viene por ellos, con la seguridad de que el chofer los llevará al lugar exacto.
En 2023 salieron menos de 12 mil 500 jornaleros, por lo que este año se estará por debajo de esa marca. Durante 2020 y 2021, durante la pandemia, el flujo por año aumentó a más de 14 mil personas, porque “al no haber clases, se iba toda la familia a cultivar los campos. Mientras otros no salían de casa”, señala la encargada de levantar estos datos.
El consejo de jornaleros y ausencia institucional
Cuando en 2006 se conformó el Consejo de Jornaleros, dependencias federales de entonces, como la Secretaría del Trabajo y la de Desarrollo Social, además de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, integraron una coordinación que canalizó asesorías y recursos para solventar las necesidades básicas de la Casa del Jornalero, que es el espacio de descanso y enganche de la mayor parte de este sector migrante.
En los años siguientes se sumó el gobierno estatal y funcionó una comisión intersecretarial con esa misma función, “pero en el gobierno actual, de Evelyn Salgado, no ha habido el más mínimo interés”, pues su Secretaría del Migrante no se enfoca en la migración interna, nacional, por lo que no cuida este espacio.
La ausencia institucional se ha cubierto, en buena medida, por el activismo de Tlachinollan, que, con mucho, se ha acreditado en las últimas tres décadas como una de las voces más autorizadas para la denuncia y el acompañamiento de los actores comunitarios montañeros.
Todas los consultados, aunque tienen distintas apreciaciones, coinciden en su extrañeza y enojo ante esta desatención institucional. La comida “aquí como quiera se les da”, nos dice Gudelia Santiago, quien lamenta que no haya un presupuesto fijo, ni seguridad policial, a pesar de que se ha solicitado, porque muchas veces “vienen los cholitos en las noches y se roban los celulares”.
Paulino Rodríguez Reyes, de la misma asociación, hace una excepción y reconoce que “la Secretaría de Pueblos Indígenas, de vez en cuando aporta algo de chiles, jitomates y cebollas”, mientras que el INPI, mediante pequeños proyectos, les permite mantener con vida esta Casa del Jornalero, que ocupa luz, agua, gas, insumos alimenticios, colchonetas y cobijas que proporcionen descanso a los trabajadores en tránsito.
De contratistas y promesas
Con más de 40 años de experiencia en la dinámica migratoria de la Montaña, Pedro Gálvez, originario de Cahuatache, municipio de Xalpatláhuac, ha sido jornalero y hoy, “después de trabajar y sufrir para llegar a este espacio”, es contratista, representante de la firma René Produce, que contrata para los campos Patricia y La Tuxcana, de Sinaloa, a donde traslada a cientos de sus paisanos desde la mesa que ocupa en la Casa del Jornalero.
Entre sus ofertas para jornaleros mixtecos, nahuas y tlapanecos, que año con año van en busca del sustento, está el ofrecimiento del “traslado gratuito”, guarderías, seguridad social, consultorios médicos, habitaciones dignas, “despensa de bienvenida”, gas, educación básica, salario “mínimo de 290 pesos, pero con tu esfuerzo hasta 400 pesos diarios”, además de bono de lealtad, según se lee en sus volantes promocionales.
En días pasados, durante un encuentro con medios, un grupo de mujeres, entre ellas Rocío Ramírez Domínguez, de Ayotzinapa, aseguró que allá vivían en “casas de nailon o cartones”, que las promesas de los contratistas nunca se cumplían, pues ellos “sólo ven su beneficio”. Pues en realidad los llevan en “camiones feos, con asientos rotos y sin baño. La empresa no se preocupa por nadie”. Si se quejan, les dicen que si no quieren trabajar, “nos regresemos por donde llegamos”, pero antes deben trabajar para pagar el transporte que los llevó.
“Es mentira eso de los maltratos”, dice por su lado Pedro Gálvez. Lo que pasa es que “la pinche gente llega allá y se va a donde le da su chingada gana”, que la empresa que él representa está obligada a cumplir la ley y dar seguro, guarderías y todo cuanto se ofrece. “Ya no es como antes”, apunta, cuando cada quien trataba a los trabajadores como quería.
Incluso, dice sobre “los niños que se pierden”, que eso no pasa en las empresas como la que él representa, sino en campos sin control de Guanajuato, Michoacán, Morelos, Jalisco, Zacatecas o Chihuahua, donde no hay guarderías y los padres dejan a sus hijos solos, en sus cuartos, y de ahí se salen y se pierden. “El gobierno debería de poner mucha atención sobre estas empresas piratas”, donde siguen trabajando niños, señala el contratista.
Empresas de renta de autobuses
En los últimos años, se han instalado frente a la Casa del Jornalero las siguientes empresas de renta de autobuses: Turismo Naa’savi, Turismo Tlapa, Costa de Oro, Vizcaino, Me’phaa-Naa’savi, que atienden la demanda de aquellos que se van sin contrato, que saben que hay tierras ávidas de su trabajo, en manos de empresas irregulares que están lejos de cumplir horarios, salarios mínimos o la prohibición del trabajo infantil, instaladas en Michoacán, Jalisco o Zacatecas; también en Sinaloa, Sonora, Chihuahua o Baja California, donde estas modalidades conviven con agricultura de exportación, que sí está vigilada en el cumplimiento de las normas.
Contra algunas de estas empresas camioneras hay quejas de irregularidades, como el incumplimiento de llevar hasta los lugares de destino a los migrantes, a quienes bajan en el crucero de Las Palomas o en Puebla, a 250 kilómetros de Tlapa, diciéndoles que ahí pasarán por ellos los camiones de Oaxaca, donde finalmente no pasan ni les regresan su dinero.
En muchos casos, no les entregan boleto, no llevan baño a bordo y “no hay autoridad que les diga nada”, señala Santiago Díaz.
“La chinga está buena, pero ¿cómo más?”
Rogelio Victoriano Ortiz, de Metlatónoc, va con toda su familia. Allá, “la chinga está buena, pero ¿cómo más le hacemos?”, dice y ya va preparado con sueros y vitaminas, para aguantar las tareas de llenar camiones, cajas y cubetas de jitomate. Dice que se carga hasta cuatro cubetas, “como de pintura”, por viaje del surco al camión. Dos sobre los hombros y otras dos a los costados, colgadas desde la escuadra que hacen sus brazos. Siempre anda a trote, para ganarle tiempo al peso que le roe las rodillas y la espalda, que ya le duelen, teniendo apenas de 37 años de edad.
No quiere hablar mucho. Sabe que cada persona que se monta a los camiones que ya los esperan, tiene una larga historia que contar, incluidos los niños. Sabe, por cierto, del pequeño de tres años que se extravió en Guanajuato, a mediados de mayo, y cuyos restos fueron encontrados semanas después. Le duele, como a muchos, “pero ¿cómo más?”.
¿Cómo más? Si se carece no sólo de una política pública que reconozca la necesidad de atender las causas, desde una plataforma integral de acciones, de empleo, educación y salud, sino que se carece del más elemental sentido de solidaridad y responsabilidad institucional, ante el sector más vulnerable de los municipios de por sí más pobres.
Como lo han reclamado de mil formas, es pertinente que el gobierno federal, recientemente iniciado, cristalice su oferta de dignificar a este sector.
Texto: Martín Equihua / Foto: El Sur
