Chilpancingo, Guerrero, a 22 de julio de 2026.- A pesar de que el Gobierno del estado, dio por resuelto el conflicto entre las comunidades de Cuyuxtláhuac y Cruz Fandango, municipio de Alcozauca, desde septiembre del 2025, siguen los incendios y la destrucción de viviendas, así como los saqueos y robos por los pobladores de la primera localidad.
Los vecinos de Cruz Fandango, denunciaron con documentos, videos y fotografías que entre junio y julio los pobladores de Cuyuxtláhuac, encabezados por el comisariado ejidal, Celestino López Trinidad, irrumpieron violentamente en tres ocasiones e incendiaron y saquearon cuatro casas.
En una de las tres incursiones, incluso, había agentes de la Guardia Nacional que no intervinieron, en tanto que el delegado de Gobernación en la región de la Montaña, Jorge Rodríguez Ponce, en vez de solicitar la aplicación de la ley en contra de los responsables, mediante oficio se pone a las órdenes de la autoridad agraria de Cuyuxtláhuac.
Uno de los vecinos, Román González denunció mediante mensajes de WhatsApp que prácticamente cada semana, “llegan a tirar o a quemar alguna casa y causar destrozos con el fin de desplazar a las familias; lo grave es que las autoridades de los tres niveles no implementan acciones para contener estas agresiones”, reprochó.
El 26 de junio los agresores irrumpieron a las 12 de la noche e incendiaron dos casas propiedad de Fidel González Cervantes, y según los vecinos, identificaron a Nicolás Cresencio Cruz y a Bernardino Espinoza Gabriel como los que encabezaron la agresión.
Al día siguiente, el 27 de junio, volvieron a regresar y quemaron la casa de Amadeo Guadalupoe Avilez, un adulto mayor de 80 años. Entonces según los vecinos de Cruz Fandango, los responsables fueron Crescencio Cruz Reyes, Bernardino Espinoza Gabriel y Antonio Montiel Reyes.
En tanto que el 18 de julio entraron a saquear la vivienda de Jovita González Cervantes, y esa vez identificaron a Antonio Montiel Reyes, Leonardo Camilo Nepomuceno, Dionicio Montiel Marín y Cándido Cresencio Sánchez.
Esa vez, de acuerdo con los vecinos, había elementos de la Guardia Nacional en la comunidad, pero no intervinieron.
En las fotografías y videos se observan las casas reducidas a cenizas, techos caídos, además muebles, aparatos electrónicos, ropa y enseres de cocina tirados y regados en el suelo.
En otras imágenes se observa al grupo de civiles armados en las calles y en los caminos recorriendo la comunidad impunemente.
En respuesta a la denuncia que han hecho los vecinos de Cruz Fandango ante las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, el delegado regional de Gobernación, Jorge Rodríguez Ponce, sólo envió un oficio al presidente del Comisariado Ejidal de Cuyustláhuac, Celestino López Trinidad, en el que le pide que “sean respetuosos del estado de derecho”.
“Debido a los problemas que han estado suscitándose con su anexo de Cruz Fandango en los incendios y saqueos a domicilios, me permito solicitarle que sean respetuosos del Estado de derecho y no se cometan actos de violenten los derechos humanos entre ambas comunidades que agraven la situación”, sugiere el funcionario.
En el oficio de fecha 16 de julio, el funcionario estatal, agrega: “Como Gobierno del estado nos ponemos a sus órdenes para continuar manteniendo la comunicación, el diálogo permanente y abierto para atender sus demandas por lo cual solicito a usted comparezca a estas oficinas el próximo jueves 23 del actual (este jueves), a partir de las 10 horas para escucharlos en sus planteamientos y buscar una ruta para atender sus demandas”.
El conflicto entre Cuyuxtláhuac y Cruz Fandango es una disputa agraria que surgió hace más de 30 años, y que a la postre se convirtió en política y social, originada por el intento de separar del territorio a Cruz Fandango por el núcleo agrario de Cuyuxtláhuac.
El 12 de septiembre del 2025 el Gobierno del estado presumió en un boletín de prensa un acuerdo entre las dos localidades con el que presuntamente se resolvió el conflicto.
Según el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, ese acuerdo “permitió que las dos partes se reconocieran en sus derechos y pertenencias, lo que abre una nueva etapa de conciliación y entendimiento”.
Zacarías Cervantes
