23 marzo,2018 12:12 pm

Sigue la crisis en Cataluña: el candidato a presidente irá a prisión 

Texto: DPA/ Foto: Twitter

El Tribunal Supremo español decretó hoy el ingreso en prisión incondicional del nuevo candidato a presidir Cataluña, el soberanista Jordi Turull, y de otros cuatro procesados por delitos vinculados al plan independentista en la región.

La decisión judicial entierra virtualmente el tercer intento de investir a un presidente independentista desde las elecciones del 21 de diciembre y prolonga el largo limbo político en la región, una de las más ricas y pobladas de España.
El juez Pablo Llarena siguió el pedido de la fiscalía y dictó prisión incondicional para Turull, los ex consejeros (ministros regionales) Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull, y la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell.
Los cuatro primeros habían pasado ya un mes en prisión hasta su salida a principios de diciembre tras el pago de una fianza. Todos están procesados por delitos de rebelión y malversación castigados con hasta 30 años de cárcel.
También estaba citada hoy al Supremo la “número dos” del partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, que, sin embargo, abandonó inesperadamente España y se encuentra en Suiza, según los medios españoles.
La decisión del Supremo tiene un impacto político inmediato. Turull debía presentarse mañana a una segunda sesión de investidura en el Parlamento catalán tras no lograr los votos suficientes en la primera celebrada el jueves. Todo indica que la nueva sesión se suspenderá al no poder asistir el candidato.
Los tres partidos independentistas, que obtuvieron mayoría absoluta en las elecciones regionales del 21 de diciembre, habían fracasado ya en su intento de investir en enero a Carles Puigdemont, porque el ex presidente sería detenido si vuelve a España.
Tampoco prosperó este mes un segundo intento de formar Gobierno con Jordi Sànchez, “número dos” en la lista de Puigdemont que se encuentra en prisión, debido a que el juez le negó permiso para asistir al pleno de investidura.
El bloque soberanista debe buscar ahora un nuevo candidato a la investidura, aunque su división interna no garantiza ya que pueda ser elegido. Si no hay acuerdo en dos meses, se convocarán automáticamente nuevas elecciones, previsiblemente para julio.
Cataluña sigue así en un escenario imprevisible desde que Puigdemont y todo su Ejecutivo fueran destituidos por el Gobierno central de Mariano Rajoy a fines de octubre, poco después de que el Parlamento catalán culminara el desafío independentista aprobando la creación de una república.

Procesan a 13 políticos catalanes por rebelión, incluido Puigdemont

Un juez del Tribunal Supremo español procesó hoy por delito de rebelión a trece políticos implicados en el proceso independentista de Cataluña, entre ellos al expresidente catalán Carles Puigdemont y el candidato actual a ocupar ese cargo, Jordi Turull.
También fueron procesados por ese delito la expresidenta del Parlamento regional Carme Forcadell, el exresponsable de Exteriores en el Gobierno de Cataluña Raúl Romeva, y 5 consejeros más del gabinete, así como los líderes de las dos principales organizaciones sociales que apoyaron la declaración de independencia.
El delito de rebelión está contemplado en la justicia española con una pena de 25 a 30 años de prisión.
El magistrado libró del delito de rebelión a otras doce personas, pero sí las procesa por otros cargos como desobediencia y malversación de fondos públicos.
Estas personas contribuyeron a la convocatoria de un referéndum a favor de la secesión de Cataluña el pasado 1 de octubre y posteriormente aprobaron la declaración de independencia de esa región el pasado 27 de octubre, pese a que el Tribunal Constitucional había insistido en que era ilegal y había ordenado impedir que se realizaran ambas actuaciones.
El delito de desobediencia no conlleva penas de prisión, pero sí de inhabilitación para ejercer cargo público.
Por malversación están procesados el expresidente Puigdemont, el que fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras, que está en la actualidad en prisión provisional, y siete miembros de su antiguo gabinete, que también están acusados de rebelión.
En total, Llarena ha investigado en este caso a veintiocho personas y solo tres no están procesadas por algún delito, entre ellas el expresidente catalán Artur Mas, antecesor de Puigdemont.
Asimismo, el magistrado fija una fianza de responsabilidad civil de 2.1 millones de euros (2.5 millones de dólares al cambio actual) que deberá ser prestada solidariamente por los catorce exmiembros del Gobierno catalán procesados.