Chilpancingo, Guerrero, a 20 de agosto de 2025.- La abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, denunció que pese a los cambios en el sistema de salud, persiste un patrón sistemático de discriminación contra las mujeres indígenas, que se confirma con el reciente caso de Lucina Oliva Victoria, de 19 años, que perdió a su hijo no nato por falta de atención en el hospital general de Ayutla.
En consulta telefónica, consideró que las personas encargadas de diseñar las nuevas estrategias y acciones en la federación, no voltean a ver a la población, que ahora el gobierno estatal se justifica diciendo que ya no le corresponde, que no tiene partidas presupuestales y que todo se tiene que ver con el IMSS-Bienestar.
“Nos preocupa bastante como, en la federación, hoy hablan de avances que gritan a los cuatro vientos, que las caravanas van a ir a las comunidades, pero se van a remitir a los enfermos a los hospitales donde no hay especialistas, insumos ni medicamentos.
Por ejemplo, señaló el nuevo hospital de Tlapa, que se construyó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dejaron de atender a usuarios en consultas y sólo reciben situaciones de urgencias, que quienes llegan son regresados a sus colonias y comunidades, para que vayan a sus centros de salud.
Enfatizó la gran estructura del nuevo hospital de Tlapa, pero que no tiene personal en las áreas de ginecología, pediatría y traumatología, que son las más recurridas en casos de emergencias. Agregó que cuando llegan personas con cáncer, tampoco les dan atención ahí y son enviadas a otro lugar.
“El grave problema es que esto no es de ahora, sino desde que pertenecía a la Secretaría de Salud Guerrero, era lo mismo. El personal que niega la atención a las mujeres es el de siempre. No hemos visto cambios en la región de la Montaña donde (ahora) tenemos un hospital enorme, pero no fue pensado para la población indígena”.
Lucina Oliva, que vive en la comunidad El Paraíso, solicitó atención médica en el hospital general de Ayutla el viernes 1 de agosto, pero no la recibieron porque no había camas disponibles, personal de enfermería ni ginecólogo. Incluso, personal le recomendó al esposo llevarla a una clínica privada.
Los familiares estiman que la madrugada del domingo 3 Lucina perdió al bebé, en el hospital de Ayutla, donde fue ingresada por gestiones del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos y durante la mañana le hicieron una cesárea, hasta que llegó el especialista, porque tampoco hubo ambulancias para hacer antes el traslado a otro hospital, en Acapulco o en Chilpancingo.
La joven fue dada de alta luego, pero el viernes pasado regresó al mismo hospital por una infección en la herida, donde seguía internada el domingo. La familia no estaba considerando presentar una denuncia, por posibles represalias en la atención.
La abogada de Tlachinollan dijo que desde 2012, el centro de derechos humanos da seguimiento a unas siete recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, por actos relacionados con muertes maternas y otras que tiene que ver con violencia obstétrica, que no han sido cumplidas por el gobierno estatal.
En adelante, las quejas contra el sector hospitalario serán atendidas por la CNDH, que debe dar seguimiento a las violaciones cometidas por servidores públicos de instituciones federales, como el IMSS-Bienestar.
Neil Arias señaló que cada titular de la Secretaría de Salud decía que sí iban a atender las recomendaciones, que les dieran la oportunidad de revisar, pero sólo ganaban tiempo y ahora, con la transferencia el sector salud al IMSS-Bienestar, la actual secretaria Alondra García argumenta que todos los recursos fueron trasladados al organismo federal. Las recomendaciones de 2012, 2015, 2017, 2018, 2020, 2022 y 2023, siguen rezagadas.
Lamentó que la comisión estatal fue muy bondadosa con la Secretaría de Salud estatal, pues nunca emitió medidas de apremio para el cumplimiento de las recomendaciones, sobre todo en la reparación del daño a las mujeres y por deceso de neonatos, “al final, no hay justicia”.
Mientras, en la atención se repite el mismo patrón sistemático de la falta de insumos y de todo lo que tiene que ver con discriminación, con la atención de calidad, de calidez a la población indígena, sobre todo, falta de insumos y de pago de ambulancias para trasladar a enfermos; de decirle a las mujeres que esperen, porque no hay camas, que para una mujer indígena es más tortuoso por los obstáculos.
“La historia de Lucina Oliva se repite de forma recurrente en los hospitales que atienden población indígena”. Añadió que también en las instituciones de justicia, las personas indígenas son las menos escuchadas.
Enfatizó que no hay equipo de ultrasonido o reactivos para estudios de laboratorio, que muchas mujeres y niñas han terminado en muertes maternas por negligencias.
Pese al tamaño, en el hospital de Tlapa no consideraron un espacio para los familiares que acompañan a sus pacientes, que recorren muchas horas de traslado por la atención y duermen en la calle, que sólo permiten el acceso a un familiar por paciente.
“No diseñaron al menos un techo donde puedan protegerse del sol, de la lluvia, es gravísimo. Hasta el momento no vemos que este tipo de políticas y acciones sean pensadas para la población indígena. No vemos con claridad que se trabaje para acabar con problemas que hemos tenido durante muchos años”.
Planteó que al menos pongan un techo donde los familiares puedan protegerse del sol, de la lluvia, que además asuman todos los costos de insumos para la atención que no tiene el personal médico.
Señaló, además, que llegaron a Tlapa varios casos del brote de sarampión, por lo que supone que hay una operación interinstitucional en la Montaña, pero las familias fueron enviadas a un laboratorio privado para los análisis, que cuestan arriba de mil pesos, “nadie los apoya, la gente regresa a sus comunidades por falta de dinero, con el riesgo de contagiar a más niños”.
Lourdes Chávez / Foto: El Sur
