
Alcozacán, Chilapa, Guerrero, a 20 de mayo de 2026.- A dos semanas de que detonó la violencia en las comunidades nahuas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, siguen desaparecidos cinco vecinos de Xicotlán y un policía comunitario de Alcozacán.
Además, hasta ayer fueron entregados tres cuerpos de personas asesinadas en Alcozacán, y, a pesar de la presencia de soldados del Ejército mexicano, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, los vecinos de esta localidad y desplazados se dicen inseguros y cercados por el grupo delictivo que los atacó, Los Ardillos.
El promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Sixto Mendoza Limpia informó que no todos los desplazados se han ido a sus comunidades, porque no ha habido un compromiso claro de los gobiernos federal y estatal en cuanto al apoyo a quienes les destruyeron total o parcialmente sus casas, les quemaron sus cosechas o les mataron a sus animales.
Mendoza Limpia contó que los gobiernos federal y estatal se comprometieron a construir o a reparar los daños de sus casas, también apoyarlos con los muebles que perdieron, como roperos, refrigeradores, molinos y camas que perdieron, los animales que les mataron o que tienen desaparecidos, “porque muchos se quemaron en el monte donde estaban amarrados”.
El dirigente indígena dijo que este compromiso hasta ayer no se había cumplido y ni siquiera habían recibido una propuesta formal. En estas circunstancias muchos no pueden regresar, insistió.
Por lo pronto, la capilla de Alcozacán y la cancha techada de la Comisaría municipal se han convertido en refugios temporales para los desplazados, porque algunos sólo van a sus casas por el día pero regresan a pernoctar en las noches por temor.
Otros, según Mendoza Limpia, se han ido a otras ciudades del país, incluso a Estados Unidos, en busca de asilo, porque no ven garantías de seguridad aquí.
Reconoció que los gobiernos federal y estatal los están apoyando “poco a poco” con la seguridad en las comunidades.
Aún no pueden ir a Chilapa a comprar porque está el grupo criminal
Los pobladores de las 12 localidades que pertenecen al sistema comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ) piden que les den seguridad en Chilapa, a donde todavía no pueden bajar a hacer sus compras de alimentos.
El dirigente contó que los transportistas de la ruta Heycantenango-Chilapa no quieren darles el servicio para que vayan a comprar la canasta básica, o pretenden cobrarles exageradamente de 500 a 700 pesos, según la cantidad de víveres que transporten. Explicó que antes de la violencia, la tarifa era de 60 pesos.
Otra de sus demandas es que vengan los médicos, porque tienen muchos niños con enfermedades, sobre todo de infecciones, vómitos, calenturas o diarreas, “y queremos que sean atendidos aquí en la comunidad, porque no podemos llevarlos a Chilapa o a Chilpancingo”.
“Ustedes están viendo, todavía hay desplazados en Alcozacán, no quieren regresar a sus comunidades porque tienen miedo, otros tienen quemadas sus casas y algunos aunque quieren regresar no saben de qué van a vivir si ya no tienen maíz, frijol, no tienen nada de la canasta básica y no tienen qué comer”.
Piden la detención de los agresores
El representante de la comunidad declaró que la única solución al problema de violencia en la zona es la detención de los agresores, porque la violencia ha sido cíclica desde el 2014. Recordó que en el 2019 les mataron a los 10 músicos de Alcozacán, “y no sabemos si hay detenidos”.
“La única garantía de seguridad, es que se desmantele a ese grupo criminal para que podamos vivir en paz, confiar y andar en libertad, sin miedo, pero de eso (la detención de los agresores) no hemos visto nada”.
Informó que de los ataques ocurridos del 6 al 11 de mayo pasado siguen desaparecidos José Guadalupe Ahuejote Xanteco, Víctor Ahuejote Arribeño, Saturnino Bartolo Tlalcorral y Benito Tlalcorral, además del policía comunitario de Alcozacán, Florencio Rita Nava, a quien agarraron cerca de Xicotlán, donde se encontraba “defendiendo” a ese pueblo el 10 de mayo.
Informó que ya fue la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) para recoger sus datos, “pero necesitamos que venga el Ministerio Público para que los familiares realicen la denuncia”.
Con respecto a los muertos de Alcozacán son Martín Flores Migueleño, Eusebio Migueleño Zoyateco y Abrahan Jiménez Chautla.
Los tres fueron asesinados el 11 de mayo cuando se intensificaron los ataques en Alcozacán y se encontraban defendiendo la comunidad.
El promotor del Cipog-EZ declaró que a pesar de la presencia de los militares, guardias nacionales y policías estatales, los policías comunitarios van a seguir resguardando y protegiendo a las 12 comunidades que pertenecen al sistema comunitario.
“Vamos a seguir resistiendo como podamos, si el gobierno no nos puede defender, nosotros vamos a defendernos como se pueda o hasta donde podamos, por nuestras familias, para que estén bien”.
En referencia a lo que les pidió el subsecretario de Desarrollo Político, Francisco Rodríguez Cisneros, que no anden armados en el entorno de su comunidad, respondió que “nos está violentando nuestros derechos, porque estamos puestos por las asambleas de los pueblos. No estamos fuera de la ley, estamos dentro de la Ley 701 de los pueblos indígenas”.
Insistió: “Por nuestros usos y costumbres vanos a seguir resguardando nuestra comunidad, la seguridad del Gobierno que haga su trabajo y nosotros vamos a hacer lo nuestro porque conocemos a nuestra gente y nos conocemos entre todos”.
Del obispo José de Jesús González Hernández y el canciller de la diócesis Jorge Armando Vázquez Rodríguez de que, a veces de víctimas son victimarios, Mendoza Limpia atajó: “yo quisiera que toda esa gente que habla así en contra de la Policía Comunitaria viviera aquí un tiempo y que viera cómo están las cosas, o que anduviera un rato con nosotros para que sintiera lo que se siente y viera de dónde vienen los problemas”.
Indicó: “Esto no es nuevo, los ataques los hemos sufrido desde hace muchos años, nomás que ahora sí lo que vivimos fue terrorismo porque traían todo el equipo; armas de alto poder, metralletas, carros blindados, bombas, drones, y antes nos atacaban con escopetitas y rifles 22, pero hoy fueron armas de alto calibre”, dijo, mientras mostraba cartuchos percutidos de armas AK-47 de las conocidas como Cuernos de Chivo y AR-15.
Zacarías Cervantes / Foto: Lenin Ocampo Torres


