Acapulco, Guerrero, a 25 de marzo de 2026.- En la presentación del 31 Informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, titulado El inmenso mar de la iniquidad, el director Abel Barrera Hernández afirmó que los “patrones de criminalidad contra defensores y defensoras no han cambiado”.
Por videoconferencia, la directora de la organización Oxfam México, Alexandra Haas Paciuc, señaló ayer que Guerrero es “la prueba más contundente” de que sigue pendiente una política de combate a la pobreza extrema en el país.
El director de Tlachinollan urgió saber qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 y que se cumpla la orden judicial para que la Secretaría de la Defensa Nacional entregue los 853 folios de información, porque “no podemos seguir viviendo en la simulación, en la impunidad, en impedir que se investigue a determinadas autoridades, sobre todo el Ejército, para poder llegar a la verdad”.
Con base en los casos de Ubaldo Segura, detenido hasta ayer en una cárcel de Veracruz, y Antonio Vivar y Arnulfo Cerón, asesinados en 2015 y en 2019, Barrera Hernández señaló desde su oficina en Tlapa que este municipio de la Montaña ha sido escenario de la violencia contra defensores, cuyo referente en común ha sido la exigencia de la presentación de los normalistas.
El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, también luchó por los 43, recordó y criticó que nadie ha sido detenido por su asesinato pese a los datos que han dado sus familiares y que fue liberado uno de los responsables; “hay contubernio” al igual que en la desaparición de su hermano Vicente, sostuvo.
Aseguró que los “patrones de criminalidad contra defensores y defensoras no ha cambiado, persiste”, y lo ejemplificó con la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la decisión de transferir a Ubaldo Segura a algún penal fuera de Guerrero, en colusión con la Fiscalía General de la República (FGR).
Expuso los casos de Bonfilio Rubio, asesinado por militares en 2009 en Huamuxtitlán y de quien se habló en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 13 de marzo pasado; la liberación el día 18 de dos militares por la violación de Inés Fernández en 2002; y la detención en los últimos meses de policías comunitarios de Olinalá, Ayutla y Xalpatláhuac, que forman parte de las 60 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar.
En contraposición del discurso de que Guerrero es un “santuario para las mujeres”, Barrera dijo que “lamentablemente es un infierno en la Montaña” por los 18 feminicidios documentados; y denunció la extorsión a empresas de camiones que trasladan a los jornaleros.
Durante la videoconferencia de más de dos horas, Barrera estuvo acompañado de algunos padres de los normalistas de Ayotzinapa y de su vocero Melitón Ortega, quienes reconocieron el acompañamiento que les ha brindado durante los más de 11 años de lucha por la presentación de sus hijos.
Recordando que el 24 de marzo se celebra el Día Internacional del Derecho a la Verdad, el coordinador de la Unidad de Seguridad y Justicia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García Campos, dijo que en su informe, Tlachinollan muestra los diferentes ejes de derechos humanos en los que trabaja, “pero no hay duda que una vez más, como ha venido ocurriendo en los últimos años, el tema de la violencia estructural, en sus diversas manifestaciones, despunta como uno de los principales agravios”.
“La que más lastima es la violencia de los grupos criminales que operan en la zona, en este nuevo informe se refleja también el veneno de las adicciones y la dependencia a algunas drogas y cómo eso ha venido a trastocar la armonía en las comunidades, en los pueblos de la Montaña y de la Costa Chica”.
En Guerrero, casi 8 de cada 10 personas que trabajan lo hacen sin contrato, sin seguridad social, sin protección alguna
La directora de Oxfam México Haas Paciuc, recordó que Guerrero es el segundo estado con mayor pobreza multidimensional del país con 58.1 por ciento de su población en esa condición, y el 21.3 por ciento en pobreza extrema, mientras que los municipios de la Montaña superan el 80 por ciento, “hablamos de comunidades donde la pobreza extrema no es la excepción, es la norma heredada generación tras generación”.
“Pero los números más estremecedores no están en la pobreza de ingresos, sino en el acceso a los derechos, Guerrero tiene la segunda tasa de informalidad más alta del país, casi 8 de cada 10 personas que trabajan lo hacen sin contrato, sin seguridad social, sin protección alguna”.
Además, el 43.3 por ciento del gasto de la población guerrerense es en alimentación, la segunda proporción más alta del país, porque cuando no hay Estado que garantice derechos, el gasto de bolsillo llena el vacío que debería ocupar la política pública”, sostuvo Haas Paciuc.
La Casa del Jornalero en Tlapa registró a 3 mil 879 niñas y niños de entre 13 y 15 años que salieron hacia los campos agrícolas del norte del país y sin escolaridad por muchos meses de septiembre de 2023 a agosto de 2024, “son las personas que ponen los alimentos en la mesa de todas las y los mexicanos y el Estado las trata como si no existieran”.
Indicó que es una práctica de “extractivismo laboral por diseño y ésta es la contradicción política que no podemos ignorar, un gobierno que se precie de atender prioritariamente a la gente que menos tiene, no puede eludir la exigencia de una política robusta y sostenida de combate a la pobreza extrema”.
La directora de Oxfam México, que colabora con Tlachinollan en la Alianza Campo Justo, puntualizó que se requiere de “mandato operativo con recursos, presencia territorial y rendición de cuentas, los datos de Guerrero son la prueba más contundente de que esa política todavía está pendiente, nombrar la desigualdad por diseño es el primer paso para desmantelarlo”.
Afirmó que el informe de Tlachinollan no describe una “neutralidad institucional, es un Estado que funciona al revés de lo que debería, que fortalece a los fuertes y abandona a quienes viven violaciones a sus derechos, la excusa del crimen organizado ha profundizado la militarización que las comunidades no viven con mayor seguridad, sino como otra capa de control”.
“Es en Tlapa, en la Montaña, donde tiene que plantearse con seriedad cómo reducir la pobreza extrema y las desigualdades, si somos capaces de construir una política pública y empresarial que responda a la vida concreta de una mujer mixteca de Cochoapa (el Grande) que trabaja en los campos del norte con su bebé en los brazos, habremos construido algo diferente, algo que se parezca a la justicia y no la podemos construir sin caminar con Tlachinollan”.
Con cualquier partido que gobierne, no se ha superado la violación sistemática de los derechos humanos: Sarmiento
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González Saravia, afirmó que el informe de Tlachinollan revela “una compleja trama de violencias de todo tipo que se reproducen de manera recurrente sin que los cambios en la configuración del poder público, que también se alude, hayan logrado romper ni los círculos de pobreza, impunidad, corrupción, discriminación en Guerrero, particularmente para quienes viven una vulnerabilidad extrema”.
Señaló que el mexicano “se construyó desde la segunda mitad del siglo pasado como un Estado contrainsurgente, con mecanismos que aún persisten y no hemos logrado desmantelar; son mecanismos represivos, también de control caciquil y ahora también a los mecanismos de la delincuencia organizada”.
El académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y promotor de la creación de Tlachinollan, Sergio Sarmiento Silva, dijo que “independientemente del partido que esté en el poder en Guerrero, pareciera ser que no cambia nada en su concepción de los derechos humanos”.
“Ya sean priistas, perredistas, ahora morenistas, en realidad no tienen una noción, más bien tienen una noción corta de lo que son para ellos los derechos humanos porque todo pasa a través de su partido político, entonces los gobiernos de Guerrero en los últimos 30 años no han logrado superar el problema de la violación sistemática de los derechos humanos”.
Recordó la confianza que hubo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en relación a las desapariciones forzadas de Ayotzinapa y la guerra sucia, pero las comisiones de la verdad “al final de cuentas se toparon con un muro sumamente poderoso que es el Ejército mexicano, que contra todo lo que se ha dicho, sigue ocultando información que no ha querido mostrar”.
Ramón Gracida Gómez
