Jesús Mendoza Zaragoza.
La polémica Ley de Seguridad Interior, aprobada recientemente por el Congreso de la Unión, refleja un retroceso democrático en nuestro país, tanto por su contenido como por la forma en que fue procesada y aprobada. Ha puesto de manifiesto la gran distancia que hay entre una clase política que impone sus intereses, y las necesidades reales del país, el que sigue atravesando una crisis humanitaria causada por la violencia y la pobreza extrema.
La visión sobre las condiciones actuales del país es tan diferente desde la burbuja que protege a las élites o desde el pueblo de a pie que padece en carne propia esa crisis humanitaria. Mientras que para las élites la solución está en la fuerza y, más en particular, en la fuerza militar, para el pueblo no. Se ha estado dando un gran rechazo social a la citada ley porque corresponde a una visión interesada y porque representa riesgos para el avance real en muchos temas, sobre todo en lo que tiene que ver con la seguridad.
Para comenzar, cuando la clase política habla de seguridad, está entendiendo su capacitad de tener bajo su control todo. Y mete en el mismo costal a la delincuencia organizada, a la delincuencia común, a los movimientos sociales, a la sociedad civil y, en fin, al país. Y un control autoritario, por la fuerza. Para eso está usando a las Fuerzas Armadas. Y cuando los ciudadanos hablamos de seguridad, estamos pensando en la garantía de que todos los ciudadanos tengamos acceso a todos los derechos. Estamos hablando de la seguridad humana, de la seguridad de poder vivir con la dignidad de seres humanos. Estamos hablando, pues, de cosas diametralmente opuestas: mientras los políticos buscan resolver la situación crítica del país mediante la fuerza pública, los ciudadanos creemos que la solución a fondo se dará mediante una democracia participativa.
Esa es la razón por la que ni los diputados ni los senadores tuvieron la valentía de escuchar a la sociedad durante el proceso de la elaboración de dicha ley. Ellos tienen claro que escuchar implica riesgos. Hicieron lo que saben hacer: simular. Le apuestan a la fuerza pública como constructora de paz y artífice de seguridad. Es penoso percatarse de que han renunciado a la inteligencia y también a la razón y que con su lógica perversa descartan el mismo bien público y, por supuesto, la garantía de los derechos.
Y, por supuesto, han renunciado a la democracia. Y en su lugar se han constituido en una kakistocracia, es decir, la peor manera de gobernar, que combina ignorancia, perversión, incapacidad y corrupción. Y para ello, lo que justamente necesitan es la fuerza, para proteger sus privilegios y para mantener el control. Nos venden como democracia una simulación, como la que se está dando en este proceso electoral, donde unos cuantos están tomando las decisiones claves para el país. Por otra parte, hay que reconocer que buena parte de la sociedad civil ha sido cooptada por el sistema político y que juega a su favor, ya que viven del dinero público, además de que coinciden y se alinean a intereses de facciones políticas.
Nuestro sistema político ha tenido un rostro autoritario que ha inhibido la participación de los ciudadanos, ha dejado las decisiones importantes que afectan al país en manos de las élites políticas como los partidos, las legislaturas y la Presidencia de la República, y ha contribuido a una alta vulnerabilidad de la sociedad. Nuestra democracia es más formal que real, más representativa que participativa y produce grandes inconformidades sociales. Nuestra democracia, tal como se manifiesta en estos momentos no entusiasma a los ciudadanos para participar por causas tan necesarias como la causa de la paz.
El poder público en México está funcionando, no como garante de la seguridad y de la paz sino como generador de más violencias. Se genera violencia desde el poder cuando se mantiene la corrupción como un modus operandi normal en las instituciones públicas, cuando se sostiene la inmunidad de los servidores públicos, cuando los altos índices de impunidad están a la vista de los ciudadanos, cuando la administración de la justicia está disponible al mejor postor y se hace inaccesible para los pobres y cuando se legisla de manera no democrática. Paradójicamente, la susodicha Ley de Seguridad Interior va a impactar como factor de violencia y va a contribuir a una mayor inseguridad. Y esto pasará, simplemente, porque se confeccionó de manera antidemocrática y porque no abona a la democracia.
Con una democracia endeble como la que tenemos no puede haber seguridad posible. Esta será posible en la medida en que los ciudadanos y sus organizaciones desarrollen procesos democráticos desde abajo. Desde las comunidades, desde las organizaciones, desde los procesos participativos, desde los grupos informales, desde los barrios y desde las colonias. La democracia hay que construirla desde abajo, hasta que un día pueda derribar el sistema autoritario que la clase política ha edificado para sí mismo y que representa un lastre para el país. Por lo pronto, urge caer en la cuenta de que sin democracia seguiremos lidiando contra la inseguridad y contra la violencia, y de que la Ley de Seguridad Interior solamente abona al obtuso interés de la clase política de seguir controlando al país por la fuerza cuando sea necesario.
