La voluntad política mostrada no ha sido suficiente para que la Sedena y Semar entreguen toda la información que poseen sobre el caso Ayotzinapa, como han documentado, reprochan Ángela Buitrago y Carlos Beristain. En el último informe de su investigación advierten contra “la institucionalización de la mentira”. “Sin un compromiso decidido de la Fiscalía con los familiares, el caso no podrá aclarase en el futuro”, alertan. Detallan la participación de todas las corporaciones de seguridad –Ejército, Marina, el Cisen, Policía Federal, Estatal, Ministerial y de cinco municipios– en la desaparición de normalistas. Destacan los informes contradictorios sobre el lugar y la hora en que fue asesinado el estudiante Julio César Mondragón
Ciudad de México, 26 de julio de 2023. En la presentación de su sexto y último informe, que recopila los resultados globales de la investigación en la que participaron como coadyuvantes, los dos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reconocieron que si bien mantuvieron la promesa de que todos los archivos disponibles se abrirían para dar con el paradero de los estudiantes, “hoy tenemos que decir que, si bien es cierto que se abrieron parte de los archivos y se obtuvo información relevante de las instituciones, hay más información, como muestra la evidencia que hemos presentado, que no ha sido entregada”.
Emocionados, frente a madres y padres de los normalistas ausentes, Ángela Buitrago y Carlos Beristain insistieron en que la información para esclarecer las desapariciones se sigue ocultando y eso es grave porque si no se libera será imposible dar con el paradero de los 43.
“Para el GIEI se hace imposible continuar su trabajo. Hemos considerado que si las cosas no cambian, como no han cambiado, damos por terminado nuestro trabajo”.
A pesar de lo ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que las instituciones de seguridad y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deben facilitar el acceso a la información, “no se abrieron todos los documentos clasificados relacionados con el caso”, lo cual impidió el avance positivo, coincidieron los dos expertos que han investigado el caso durante más de ocho años y son los únicos que quedan del grupo multinacional compuesto originalmente por cinco integrantes.
Ante grandes pancartas con los rostros de los jóvenes desaparecidos, que portaban familiares de las víctimas y miembos de organizaciones civiles reunidos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), el GIEI pidió a la Físcalía General de la República (FGR) actuar “de manera autónoma, independiente y eficaz.
“Sin un compromiso decidido de la fiscalía con los familiares, el caso no podrá aclarase en el futuro. Se necesita primero verdad, además de que la fiscalía primero tenga la independencia, la capacidad y la autonomía real, capacidad de actuación y decisión”.
Hay muchos obstáculos que se deben superar
Carlos Beristain comentó que hace un mes el GIEI se reunió en Chilpancingo con las mamás y papás de los estudiantes y que había en ellos expectación sobre lo que podía pasar respecto al caso.
El informe, dijo, “incluye todo lo que hemos investigado, lo que hemos descubierto, los obstáculos que hemos encontrado en el camino, porque creemos que documentar todo eso es la única manera de luchar para que se superen y enfrenten esos obstáculos, y que la verdad y la justicia sean una parte fundamental de la historia de Ayotzinapa y también de México”.
Todavía “hay muchos obstáculos que se necesitan superar”, admitió el español. Dijo que en los últimos años el GIEI ha trabajado con la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) y con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) “para empujar en busca de la verdad”.
Policía Ministerial de Guerrero, en la escena del crimen
El informe, continuó Beristain, expone los distintos niveles de implicación y responsabilidad de todas las corporaciones de seguridad del Estado mexicano en la desaparición forzada de los jóvenes.
“Las policías de Iguala y de Cocula actuaron en el escenario de la calle Juan N Álvarez (de Iguala), y los grupos bélicos y las policías de Huitzico e Iguala en la zona del Palacio de Justicia”. Son los dos lugares donde se produjeron la detención y desaparición de los normalistas.
“Policía Estatal y Policía Federal estuvieron en el escenario del Palacio de Justicia mientras estaba sucediendo todo. Policía Estatal estuvo en el escenario de la calle Juan N Álvarez y en el Palacio, en los dos escenarios”.
Pero también Policía Ministerial, “de la cual se ha investigado muy poco, recorrió todas las escenas del crimen esa noche”. Persiguió a los sobrevivientes del quinto autobús. “Trató de detener y disparar”, relató Beristain.
Además, las policías de Iguala, Huitzuco y Tepecoacuilco, junto con el jefe de la banda criminal Guerreros Unidos, participaron en el ataque al equipo de futbol de Los Avispones y a taxis en la zona de Santa Teresa, a la salida de Iguala.
“Policías municipales de Iguala y Guerreros Unidos participaron en el segundo ataque en la calle Juan N Álvarez, tres horas después de haber empezado el primer ataque… ahí murieron dos normalistas y uno fue herido, entre otros muchos”.
Dijo que un testigo identificó a policías ministeriales en ese segundo ataque también.
Más de mil llamadas al C4 de Iguala
Ángela Buitrago indicó que se encargó a expertos un peritaje sobre las telecomunicaciones de aquella noche y posteriormente el GIEI hizo un análisis que permitió entretejer la cronología de lo sucedido.
De un registro de más de mil llamadas al C4 de Iguala, escogieron 500, “que son del periodo crítico entre las ocho de la noche del 26 de septiembre y las seis de la mañana del 27 de septiembre de 2014”, detalló la abogada colombiana.
“Tenemos una relación permanente de llamadas entre el C4 y Sedena, que es un flujo bidireccional, llamadas del C4 a Sedena y viceversa. Había dos hombres de Sedena en las dos sesiones que tiene el C4. Una recibía llamadas y la otra era la que manejaba y manipulaba las cámaras que tenían precisamente en Iguala y que fueron direccionadas de manera intencional para que no se viera el paso de las camionetas con los estudiantes”, dijo.
Estas llamadas, agregó, “nos permiten decir categóricamente que hubo comunicación entre el C4 y el Sistema de Información e Inteligencia, una dependencia del Batallón 27, que está conectado permanentemente recibiendo un flujo de llamadas constante de la comunidad de Iguala, en donde informaban segundo a segundo la alarma por los disparos, las detenciones y la violencia” en la ciudad.
“Los registros del C4 están reportados en toda su integridad”, afirmó Buitrago. Son 3 mil 900 registros, y en particular 2 mil 990 del 26 y 27 de septiembre. “Cada registro a partir de las ocho y media narra los hechos que sucedieron en Iguala, la llegada de los estudiantes, toma de autobuses, disparos, muertos.
“Se reportan cada dos, tres o cuatro minutos estos hechos. Sedena reporta a sus subalternos, entre éstos a los Órganos de Búsqueda de Inteligencia (OBI), que estaban haciendo actividades en la zona de las desapariciones de los muchachos. Se encontró comunicación de Sedena, del Sistema de Información e Inteligencia, con el secretario de Seguridad Pública (estatal) de manera reiterada, es decir, tenían información permanente”.
Aun con evidencia, los militares han mentido
A partir del seguimiento de las llamadas, explicó Beristain, se encontró que elementos de la Sedena, de la Policía Ministerial y un miembro del Cisen estuvieron en el lugar de los hechos, pero que en sus declaraciones negaron esa información.
Esto “muestra la movilización, muestra con datos duros de telefonía cuáles fueron los movimientos ese día. Demuestra el nivel, la intensidad, hay personas que hablaron hasta 110 veces por teléfono. No sabemos de qué estaban hablando, pero sí que estaban activos”.
Los integrantes del GIEI recordaron que la Sedena negó la existencia de Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), pero el GIEI descubrió que este organismo funciona dentro del 27 Batallón desde marzo de 2014.
Por su parte, expresó Buitrago, la Sedena “no solamente ha negado insistentemente este hecho, sino que, bajo el análisis de sus propios documentos, están demostrando las mentiras que plasmaron en los informes que nos entregaron. Ellos negaban la realización de estos monitoreos, (nosotros) hemos encontrado por lo menos 16 documentos que hacen la relación de estas comunicaciones”.
Los expertos insistieron en que la Sedena ha buscado “ocultar” información sobre la existencia de dependencias relacionadas con labores de inteligencia, y hasta ha tratado de cambiar las definiciones de sus siglas.
El seguimiento y los dos muertos a manos de la Marina
Los expertos revelaron que la Secretaría de Marina (Semar) compartió un documento donde se revelaba que la institución realizó un seguimiento de los hechos en tiempo real, y a éste habrían tenido acceso la Sedena y otras instancias de seguridad.
El contenido del documento permitiría identificar a participantes en la desaparición de los estudiantes. “Esta información la conoció en toda su integridad la Secretaría del Estado Mayor de Sedena” y además establecía los lugares donde habían sido emboscados o llevados los jóvenes de Ayotzinapa.
Aseguraron que se constató la participación de elementos de la Semar, pues integrantes de la dependencia habrían realizado labores de inteligencia de las que derivaron detenciones y tortura, con base en la cual “se hizo la llamada versión histórica”, enfatizó Beristain.
Lo más grave de la intervención de la Marina –según se pudo saber gracias a una fuente anónima– es que durante sus operativos especiales murieron dos personas, que hasta el momento no han sido identificadas.
¿Qué pasó con los estudiantes?
El papel de agentes de todos los niveles del Estado ha imposibilitado dar con el paradero de los jóvenes, indicaron Beristain y Buitrago. “El asesinato de posibles responsables, el miedo y el control que todavía existe son parte de lo que ha limitado el avance contundente de las investigaciones”.
La investigación del GIEI ha establecido que los estudiantes fueron separados en dos grupos y posteriormente en tres. Luego habrían sido subdivididos en más grupos.
“No fueron llevados al mismo lugar ni tampoco al mismo escenario, nunca estuvieron en el basurero de Cocula, como lo señalaba la ‘verdad histórica’”, remarcaron.
Especificaron que al menos 17 jóvenes fueron detenidos en la comisaría de Barandillas, donde también fueron golpeados y maniatados. “Fueron golpeados en el suelo y luego sacados por policías municipales de Iguala y Cocula. Hay contradicciones en las versiones de lo que paso después con ellos”.
Incluso se detectó un mensaje cifrado de Sedena con información sobre 11 estudiantes detenidos que habrían sido trasladados en patrullas desde el Palacio de Justicia de Iguala hacia Cocula y Chilpancingo.
De acuerdo con un testigo protegido citado en el VI Informe Ayotzinapa, otro grupo más fue llevado a una casa de seguridad de Guerreros Unidos, donde los jóvenes fueron asesinados y “sus restos habrían sido llevados a dos funerarias de Iguala donde hay hornos crematorios, en la madrugada” del 27 de septiembre.
Los especialistas recomendaron a la FGR “cuidado en el manejo de pruebas, protección de testigos y obtención de información de inteligencia clave”.
Por otro lado, “el tema de los testigos protegidos es otro gran hoyo negro que tiene que ser resulto de manera rápida: faltan mecanismos reales de protección efectiva a las personas que comparecen a declarar”.
El presidente “se colgó de los 43” y no ha cumplido
Al finalizar la presentación del último informe del GIEI, en el auditorio del CCUT resonó en repetidas ocasiones la consigna “¡Fue el Estado!” por parte de madres y padres de los 43 y normalistas de Ayotzinapa que acudieron a escuchar a los expertos internacionales.
Los familiares de los estudiantes desaparecidos también clamaron “¡Ayotzinapa vive, la lucha sigue!” y agradecieron a Buitrago y Beristain por su trabajo de más de ocho años.
Un estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa quiso manifestar su gratitud al GIEI por los seis informes elaborados desde que fue creado, a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre de 2014.
Dijo que “a pesar de la comisión (de la verdad) que se creó y la fiscalía (especial) que se creó, no han logrado dar avances significativos y esto habla de la complicidad de Estado.
“También (quiero) recordarle al presidente Andrés Manuel López Obrador que faltan dos meses para que se cumplan nueve años de la desaparición de nuestros hermanos normalistas y este es el último año que él estará de presidente y que el próximo año (con el cambio de gobierno) ya no estará.
“Es el último año que le queda al presidente para que resuelva este caso, y se colgó del caso de los 43 diciendo que él daría una resolución. Recordarle que cada 26 estamos con los papás de Ayotzinapa, apoyando.
“Todas las autoridades tuvieron relación con esto, pero en cada manifestación está Ayotzinapa junto a los padres de familia”, finalizó.
Advierte el GIEI en su Informe del riesgo. de que “la mentira se institucionalice”
Ocho años después de creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer este martes su sexto y último Informe Ayotzinapa en voz de los dos integrantes que le quedaban, Ángela María Buitrago y Carlos Martín Beristain.
En el documento, presentado este martes en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), el GIEI ofrece un “análisis técnico sobre localización, relaciones comunicacionales y desplazamientos de las fuerzas de seguridad”. Hace énfasis en la necesidad de que termine de esclarecerse “la supuesta versión de la verdad histórica” y no quita el dedo del renglón en cuanto al trasiego de drogas “como contexto y motivo” de los hechos violentos de la noche de Iguala que derivaron en la desaparición forzada de los 43.
También examina la acción del crimen organizado y establece líneas de investigación que deben seguir las autoridades a cargo para establecer con certeza “el destino y paradero” de los normalistas. Aparte, se refiere a la actuación y las responsabilidades de la Policía Ministerial, Estatal y Federal; se detiene en el papel de lo que fue el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en particular de la Secretaría de Marina (Semar).
Nuevas revelaciones en torno a una desconocida intervención de la Semar, junto con una revelación relacionada con el asesinato del estudiante Julio César Mondragón Fontes, es lo más relevante que aporta el grupo en esta ocasión.
“La negación de la verdad”, alerta el informe, supone una nueva forma de maltrato psicológico para las víctimas. “El caso Ayotzinapa se encuentra en este momento, con avances muy importantes y obstáculos clave, es el tiempo en que puede mostrarse como una palanca para el cambio o como la confirmación de la impotencia”.
La Semar ha ocultado acciones en Guerrero
El detallado reporte del GIEI hace hincapié en actividades de las cuales la Marina no había informado y que apenas ahora se conocen, como detenciones y traslados en helicópteros de la Semar de los detenidos a sedes de Ciudad de México.
En 2014 tuvo actividades en Guerrero desde el 28 de septiembre con grupos tácticos; actividades desde el 18 de octubre en Cocula, y en el basurero de ese lugar el día 27 del mismo mes, así como actividades en el río San Juan desde el 27 de octubre de 2014.
Ahora se sabe que la Semar realizó un traslado de buzos y tuvo una intervención en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, un día antes de que oficialmente fuera “encontrada la bolsa” con presuntos restos de los normalistas. Además, hubo detenciones en instalaciones de la Marina, con torturas a varios detenidos. Lo más grave es que ha salido a la luz información sobre personas cuyo paradero supuestamente se desconoce y de personas muertas o ejecutadas durante sus operativos.
La Semar, se apunta en el documento, “no solo realizó seguridad perimetral como señala, sino que participó en varios operativos y tuvo un papel importante en acciones en las que se basó la construcción de la llamada ‘verdad histórica’, como interrogatorios de detenidos en instalaciones de la Marina y labores de la unidad de inteligencia en la región de Iguala, Cocula y Coatepec de los Costales”.
El GIEI plantea que toda la información con la que contaron u obtuvieron los diversos grupos de la Marina –a través de drones, de medios técnicos telefónicos y de mensajes, e información documental– sea “puesta a disposición de manera integral en la investigación”. Ésta, junto con la que ya se recogió en los archivos por parte del GIEI y de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj), “debe incorporarse de manera total a la investigación, pues permite comprobar algunos aspectos hasta ahora desconocidos de la participación de la Marina en distintas acciones”.
A Julio César pudieron haberlo dejado en Taxco
El otro tema del que el GIEI reporta datos inéditos, es el lugar en donde se encontró el cuerpo de Julio César Mondragón, uno de los tres alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que fueron asesinados entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Los otros dos fueron Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.
El homicidio de Mondragón adquirió notoriedad porque se filtraron dos fotografías explícitas de su cadáver con evidentes señales de tortura. Luego la necropsia confirmaría que el joven mexiquense de 23 años había sido desollado vivo. Además, porque le robaron su celular y al hacer el rastreo de las últimas llamadas se descubrió que alguien había estado usando ese teléfono hasta abril de 2015, y las huellas llevaban a la oficina del Cisen en Ciudad de México y a un campo de golf del Campo Militar número 1.
De acuerdo con la versión oficial, el cuerpo de Mondragón fue ubicado por el 41 Batallón de Infantería en la zona industrial Iguala gracias a una llamada anónima.
Pero, documentos y declaraciones del 27 Batallón de Infantería señalan que fue éste el que llegó al lugar donde yacía mutilado y sin vida Julio César.
Por si fuera poco, ahora se cuenta con otro documento según el cual fue la 35 Zona Militar la que halló en Mexcaltepec, municipio de Taxco, el cadáver del joven; esta información fue sustentada, incluso, con las dos mismas imágenes que circularon en internet.
En resumen, puntualiza el informe, “existen contradicciones sobre la hora y las autoridades que llegaron, que se muestran al menos en tres documentos de Sedena”. Se desconoce cuál sería la finalidad de que existan distintas versiones sobre este hecho.
“Estamos arañando la verdad a cada rato”
El GIEI fue creado como coadyuvante en la investigación del caso Ayotzinapa por parte de las madres y padres de 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada, además de los tres que fueron asesinados, durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
En sus inicios, el grupo estuvo conformado por cinco investigadores que comenzaron su trabajo en el caso Ayotzinapa en marzo de 2015, medio año después de los violentos hechos en Iguala: Ángela Buitrago y Alejandro Valencia, de Colombia; Claudia Paz y Paz, de Guatemala; Carlos Beristain, de España, y Francisco Cox, de Chile.
Luego de experimentar numerosas presiones, desgaste e impotencia, pasando por un periodo de ausencia en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, sólo dos de ellos llegaron hasta lo que parece ser el final de este grupo multinacional que ha sido motor y empuje de la búsqueda de la verdad y la justicia.
No se van porque quieren, han dicho, sino –confió en otro momento un Carlos Beristain triste aunque resignado a no poder seguir avanzando en la investigación– porque “hemos trabajado hasta el límite. No nos han dado la información solicitada, nos mienten, ya no tenemos más con que seguir trabajando. ¿Por qué se miente? Estamos arañando la verdad a cada rato”.
A pesar suyo y, sobre todo, de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, el GIEI se retira del caso Ayotzinapa y ya no extenderá el plazo de su misión en México.
El experto español lo enfatizó al lado de su colega colombiana este martes en el Centro Cultural Tlatelolco, donde hablaron de los últimos “hallazgos, avances, obstáculos y pendientes” sobre el caso.
Visiblemente conmovidos –“nos duele, estamos tristes, nos cuesta hablar”, admitió Beristain en el CCUT– manifestaron su frustración por no poder seguir avanzando. “Hemos llegado hasta el límite con lo que tenemos y con lo que podemos”.
Voluntad política vs regateo de información
En su VI Informe Ayotzinapa, los investigadores internacionales reconocen que la voluntad política ha sido “determinante” en la creación de nuevos mecanismos, como la fiscalía especial o la comisión de la verdad del caso, la convocatoria al GIEI mismo, “y la respuesta positiva” por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador a la demanda del grupo de expertos y de los familiares de las víctimas para la apertura de archivos militares u otras gestiones clave frente altas autoridades del Ejército o la Marina, principalmente.
No obstante, advierten, esta voluntad “se da en un contexto político más amplio”, en el que los debates sobre la seguridad y el rol que juega en este sexenio el Ejército, así como “el nivel de cooptación de parte del aparato del Estado” y las violaciones de derechos humanos –por ejemplo, las más de cien mil personas desaparecidas en todo el país–, “muestran el enorme impacto de la violencia y la llamada guerra contra el narcotráfico, y condicionan también las respuestas institucionales y sociales”.
Para el GIEI, la voluntad política debería llevar “al apego irrestricto de las decisiones políticas de entregar toda la información, cosa que no se ha dado hasta el momento”.
El informe insiste en la importancia de “llegar hasta el final en el esclarecimiento de la verdad, proveyendo toda la información que aún hoy no es accesible y no ha sido proporcionada”.
Es fundamental, remarca el GIEI, “que la mentira no se institucionalice como forma de respuesta frente a preguntas o realidades que se consideran incómodas”. Se necesita “una total apertura de las instituciones del Estado”.
La negativa de los mandos de Sedena a proporcionar la información de la que se conoce sólo algunas partes y que resulta determinante, “muestra la defensa de una concepción institucional corporativa en lugar de una perspectiva crítica respecto a una manera de entender el papel del poder militar que ayude a la construcción de la democracia”.
Las respuestas de los militares
El VI Informe Ayotzinapa dedica espacio a explicar cómo elementos de la Defensa Nacional han adecuado sus declaraciones, “que cambian según revelaciones del GIEI o avance de investigaciones”.
Por ejemplo, el Ejército tuvo seguimiento, conoció antes y tuvo interceptaciones de comunicaciones en el momento de los hechos y días posteriores, pero no hizo nada por rescatarlos. “Militares están en más lugares de los que reconocen en su versión y ocultan información clave de forma intencional en declaraciones”.
Sin embargo, “el 27 Batallón y Sedena señalan que no se tenía conocimiento, capacidad o deber de actuación”, aunque supieron “lo que estaba pasando mientras estaba pasando”, y a pesar de “tener competencia por disparos y delincuencia organizada, conocer el nivel de cooptación de autoridades de Iguala y saber quiénes eran los estudiantes, estar en los lugares donde ocurrieron los hechos, viendo por lo menos lo que estaban haciendo y los ataques de que fueron objeto en tiempo real”.
No sólo eso. Mandos del 27 y del 41 batallones de infantería y de Apaxtla “tienen lazos previos de colaboración, corrupción” y antecedentes de permitir operaciones de Guerreros Unidos, recuerda el GIEI y aprovecha para recordar que “escuchas de Chicago” implicaron a mandos militares.
Por otro lado, la Sedena “niega tener información sobre lo sucedido a través de seguimiento y monitoreos telefónicos e investigaciones que llevaron a cabo, que nunca fueron puestas a disposición de la investigación de los hechos o del paradero de los estudiantes”.
Dicha información se descubrió siete años después “por la petición del GIEI de acceder a los archivos militares y la voluntad presidencial de llevar a cabo esa apertura”, pero fue entregada en forma parcial “y otra parte de ella se sigue ocultando o negando en la actualidad. No hay cumplimiento de las órdenes ni consecuencias conocidas hasta ahora por ello”, menciona el informe.
Resalta que existe documentación revisada que muestra “el nivel de coordinación de la información entre el 27 Batallón, la 35 Zona Militar, la IX Región y el DN1 “sobre lo sucedido esa noche. Existen numerosos documentos de inteligencia cuya existencia se niega a pesar de la evidencia, y no se proporcionan en respuestas al GIEI, la Covaj y la Unidad Especial de Investigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA)”.
“No es un punto final”
En su última parte, el VI Informe Ayotzinapa indica que “el conjunto de las evidencias” que ha encontrado el GIEI “marca el camino a seguir en las investigaciones con la participación de las víctimas, representantes e instituciones”.
Y si bien es una despedida, “no es un punto final, porque la búsqueda de los desaparecidos, la verdad y la justicia sigue todavía su camino”.
Pese a las limitaciones de la investigación del caso, “que bloquean al GIEI poder seguir el trabajo, los logros han sido muchos y han sido impulsados por la persistencia de los familiares”, como la reactivación de las órdenes de captura contra el personal del 27 y del 41 batallones de infantería, o la captura efectiva del anterior fiscal de SEIDO, que estaba prófugo. Estos avances son “motivo de esperanza de que se seguirá el camino trazado en la investigación y un cumplimiento de las demandas de justicia”.
Para los expertos internacionales, el punto principal de sus informes y del trabajo realizado “han sido las víctimas y familiares”, de quienes se ganaron su confianza.
Lejos ha quedado el día en que “doña Mari” pidió la palabra y les dijo: “Saquen todo lo que tengan, no se queden con nada”. Así hicieron.
“Hemos conocido los nombres de los jóvenes desaparecidos o muertos a través del relato de sus familias, y hemos imaginado su sufrimiento también en los relatos del horror de los que hemos sido testigos, de las historias de desprecio por la vida que tejen de tanta manera la investigación.
“También hemos sido testigos del impulso de los representantes legales y acompañantes que han ayudado a sostener esta lucha. A todos ellos nuestro agradecimiento, por parte de todos los miembros del GIEI, antes y ahora”.
Finalmente, hacen un reconocimiento a las familias de los 43 y las otras víctimas del caso Ayotzinapa, a su “enorme coraje” y cómo han hecho que el amor por sus hijos “sea ahora también parte de una conciencia en México y en el mundo, por los derechos humanos y la búsqueda de los desaparecidos. ¡Gracias papás, mamás, y familiares!”.
Texto: Guillermo Rivera y Viétnika Batres / Foto: Agencia Reforma
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