Margarita Warnholtz.
El viernes 17 de noviembre (hace dos semanas) la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, presentó públicamente su declaración de cierre de misión (informe preliminar) sobre su visita a México. Sin referirse a casos específicos, describió de manera contundente la situación de los pueblos indígenas de nuestro país. Tocó todos los temas que había que tocar y recogió todas las sugerencias, demandas y quejas que recibió. Su declaración (que se encuentra aquí: http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/en/statements/205-declaracion-mexico y cuya lectura recomiendo) constituye una buena síntesis de la situación de estos pueblos y pone en evidencia la poca atención que recibe este sector de la población, así como el poco interés del gobierno federal hacia el mismo.
Ni siquiera se le dio a ella la atención requerida y necesaria; en una frase muy diplomática afirmó: “Lamento mencionar que el nivel de diálogo e interacción sustantiva en algunas de las reuniones que mantuve con autoridades gubernamentales fue, a veces, limitado” y también mencionó que, a pesar de que estaba agendada una reunión con el Congreso, le fue cancelada.
Diplomática –como su cargo lo exige– pero dura, declaró: “Reconozco y alabo el apoyo de México para el avance de la agenda indígena en los foros internacionales, incluido el apoyo a mi mandato. Este compromiso debe ser coherente y debería reflejarse en la aplicación de estos estándares en México”.
Con la declaración de cierre de misión de Tauli-Corpuz quedó clarísimo ante el mundo lo que aquí sabemos desde siempre: lo que se predica afuera no es, ni por asomo, congruente con lo que se practica dentro del país.
Entre otras cosas, me llamó la atención particularmente la referencia que hace la relatora a las Zonas Económicas Especiales y la necesidad de establecer un diálogo “en términos de igualdad entre las autoridades gubernamentales y los pueblos indígenas sobre la definición del concepto de desarrollo que pueda conducir a la adopción de decisiones conjuntas sobre el desarrollo en los territorios indígenas”. Aunque breve (y diplomática), es una referencia importante, pues cuando se determinó el establecimiento de dichas zonas en territorios indígenas, los pueblos no fueron consultados. Y si bien la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales establece que se realizarán las consultas necesarias con la población indígena, en los hechos la consulta debería haberse realizado antes de definir el establecimiento de estas zonas, pues afectarán irremediablemente a los pueblos; ya iniciado el proceso queda poco por consultar.
En síntesis, el informe preliminar de Victoria Tauli-Corpuz revela la situación de pobreza, despojo, represión, discriminación y violación a sus derechos, que viven los pueblos indígenas de nuestro país. No es nada nuevo para nosotros, pero sí para quienes en el resto del mundo dan por cierto lo que los funcionarios y embajadores afirman en las Naciones Unidas y en los diversos foros internacionales. Además, sin duda será de utilidad para los pueblos en su lucha cotidiana por el respeto a sus derechos.
