Chilpancingo, Guerrero, a 28 de febrero de 2025.- Con ocho hijos que estudian desde el kínder hasta el nivel preparatoria, Leonila, una indígena nahua desplazada por la violencia de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, sobrevive como vendedora ambulante en las calles de la capital, sin el apoyo gubernamental que le prometieron cuando salió de su localidad.
El 6 de enero del 2016, hombres armados irrumpieron en su pueblo y mataron a seis personas, una mujer y cinco hombres, entre ellos a su esposo.
El miércoles pasado, nueve años después de esa tragedia que le cambio la vida, la indígena se manifestó afuera de las Oficinas del Poder Ejecutivo del estado, donde reclamó justicia y el apoyo del gobierno para salir avante con sus ocho hijos.
Durante el mitin contó a El Sur, que cuando la sacaron de su pueblo, autoridades del gobierno del estado le prometieron un “lotecito” y la “reparación del daño” para que viviera con sus hijos en la capital, pero todo quedó en promesa y ahora renta una casa de madera y techo de lámina con una sola habitación dividida con mantas para la privacidad de sus hijos.
La indígena omitió sus datos personales y los de su esposo asesinado, porque independientemente de la impunidad y la falta de justicia, de las que, dijo, son responsables las autoridades, la sociedad constantemente la criminaliza y la estigmatiza por las condiciones en que salió de su pueblo.
En el 2016 cuando le mataron a su esposo, el mayor de sus hijos tenía 12 años y el menor aún lo cargaba en el vientre. Ella andaba en los 30 años y actualmente tiene 39.
Con una pancarta en la que se leía: “Pagos puntuales de la canasta básica”, la mañana del miércoles la indígena formó parte del contingente de familiares de víctimas de desaparecidos y asesinados de distintos colectivos que exigieron el pago puntual y el incremento de la canasta básica que deben recibir mensualmente los familiares de las víctimas; la aprobación de una ley en materia de desaparición de personas y una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
La viuda contó que cuando autoridades del gobierno estatal les pidieron a las familias de Tlaltempanapa que abandonaran la localidad porque no podían darles seguridad permanente, después de la irrupción de sicarios que mataron a seis personas, le prometieron un “lotecito” para que construyera su casa y viviera con sus hijos.
Sin embargo, nueve años después, lo único que recibe del gobierno estatal son 2 mil pesos mensuales por concepto de despensa y el miércoles ya tenía tres meses que no le habían entregado el apoyo.
Dijo que el apoyo es insuficiente y no le alcanza si siquiera para pagar los 2 mil 500 pesos de renta de la casa donde vive con sus ocho hijos.
Para sobrevivir, Leonila vende fruta en las calles de Chilpancingo, sus hijos igual; “estudian y trabajan, llegan de la escuela, se cambian, medio comen y se salen a vender”, relató la mujer indígena.
Pero dijo que aun así lo que ganan de las ventas no les alcanza para comer y solventar los estudios de todos, “pero hacemos el esfuerzo y aún con las limitaciones todos (sus hijos) estudian; el mayor en la preparatoria y el menor en el kínder”.
“A veces no tenemos para comer, vamos comiendo de lo poco que nos queda de las ventas”, dijo.
Lamentó que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) no les entregue con oportunidad los 2 mil pesos, que, dijo, los destina para la renta de su casa.
“A veces la dueña ya me quiere correr porque no le pago a tiempo. Me espera pero me advierte que si no le pago que mejor desocupe el cuarto. Ahorita ya le estoy debiendo tres meses, que son los que no me ha depositado la CEEAV.
“La casa es de madera y lámina, porque es lo que puedo pagar, los departamentos son de cuatro y cinco mil pesos, ¿y donde voy a agarrar ese dinero?”.
Detalló que la casa donde vive es una sola habitación con baño y cocina, lo demás es una sola galera que fue dividida con sábanas para que sus hijos duerman “en privacidad”.
Indicó que sus aspiraciones son una casa donde tenga más espacio, “pero el dinero ya no nos alcanza, a veces ni para la escuela”.
Señaló al gobierno de su situación, pues dijo que no les garantizó seguridad y es la causa que ahora esté viviendo en un pueblo que no es el suyo, “yo no hubiera querido vivir aquí, allá (en su comunidad) comíamos tortillas con frijolito y quelite pero todos los días, aquí es muy diferente, no tenemos eso, ni conocidos, no me puedo arrimar con alguna familia porque no me conocen”.
Agregó que por su misma situación es difícil que encuentre trabajo en otra cosa, “cuando se dan cuenta por qué andamos aquí, nos dicen: están en problemas y nos niegan el trabajo”.
Además, agregó que igual la han desalojado de algunas casas que llega a rentar porque los caseros se enteran que son desplazados, “y nos piden que desocupemos el cuarto porque no quieren problemas, en todas partes cuando se enteran por qué andamos aquí nos piden que nos retiremos”.
Clama ayuda a la gobernadora
Pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que la apoye aunque sea con un pedacito de terreno para que construya su casa; “quiero decirle que fui expulsada de mi comunidad y que si me puede ayudar aunque sea con un pedacito de terreno para que mis niños puedan seguir yendo a la escuela”.
“Con un lotecito que me dieran para vivir, voy a tener para mis hijos, ya no quiero andar de un lado para otro; de todos lados me corren”.
Contó que el asesinato de su esposo no se ha investigado, “no me dicen nada, nomás se murió, se enterró y ahí quedo todo, no hay avances”.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jessica Torres Barrera
