Florencio Salazar
Son expresiones de comunidades alertas, vigilantes de sus intereses y sus gobiernos.
Héctor Aguilar Camín.
La sociedad civil es la parte organizada de la sociedad, la musculatura que se ocupa de temas de importancia colectiva, como el medio ambiente, el feminismo, los derechos humanos, la rendición de cuentas, en síntesis, de la democracia.
Solo en la democracia es posible la existencia de la sociedad civil. La iniciativa de los particulares es posible en el marco de los derechos políticos, igual que el libre mercado. Por lo tanto, los poderes públicos se sustentan en la participación ciudadana, en la voluntad popular a través del sufragio, lo cual no es posible en un régimen autoritario.
El ciudadano es más que el elector. La sociedad se agrupa en las clases proletaria, media y alta. La clase compuesta por obreros y campesinos tiene como contrapartes a la clase alta. La clase media como tal no existe. A segmentos heterogéneos –los más numerosos de la sociedad– se le designa con la etiqueta de clase media o popular. Su composición atrae los principales nutrientes de la sociedad: conocimiento, iniciativa, movilidad. La llamada clase media es en realidad cacha clases, pues la alcanzan los de abajo y caen en ella los de arriba. En estos segmentos es donde nace y florece la sociedad civil.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG), han sido agrupamientos ciudadanos sin vinculación política ni fines lucrativos. Sus miembros son voluntarios, se auto gobiernan y son horizontales . Los grupos de presión también actúan fuera de la esfera del poder público y los forman los gremios, sindicatos y organismos empresariales, que sí tienen fines de lucro. Ahora los límites entre ONG y grupos de presión han desaparecido surgiendo la nominación de organizaciones de la sociedad civil (OSC), como un amplio paraguas que vincula a todas las expresiones ciudadanas.
Fuera de la sociedad política actúa la sociedad civil. Sin embargo, en la sociedad civil no están integrados ni representados todos los particulares. La mayoría de edad reconoce al sujeto como responsable de sus actos, para decirlo en términos generales. Pero ciudadano es aquel que participa organizado junto con otros para lograr objetivos específicos. Por lo tanto, interviene en la acción ciudadana con la voluntad producto de su decisión personal.
Cuando el ciudadano no participa en actividades sociales y tampoco se involucra en los diversos asuntos de interés general, se mantiene como súbdito. Es decir, por acción u omisión, forma parte de la servidumbre del poder. La sociedad contemporánea se caracteriza por su intervención constante en la vigilancia del poder público, de la conducta de los gobernantes, en la exigencia sobre la transparencia y rendición de cuentas. El poder es un animal de difícil domesticación. Se necesita que se cuiden sus límites de actuación, pues cuando los traspasan se ponen en riesgo los derechos políticos y la vida democrática.
La representación popular ya es insuficiente para atender las demandas ciudadanas y defender los intereses de la población. En el caso de México la intermediación de los partidos es inevitable porque únicamente ellos postulan candidatos y, hasta ahora, no hay instituciones ni fórmulas alternas. Las candidaturas ciudadanas –con excepciones– significan entrar al laberinto del Minotauro. Equivalen a organizar un partido en el corto plazo y con recursos económicos muy limitados.
Los candidatos buscan al elector y una vez obtenido el asiento como senador o diputado se separa del ciudadano para integrarse a la élite partidista. A diferencia de las democracias europeas o norteamericana, en nuestro país el legislador no consulta a sus electores sobre cómo votar una iniciativa de ley. Obedece la línea del partido, acordada en las juntas de coordinación legislativa. Prevalece la imagen de las asambleas legislativas que cumplen acuerdos tomados en otras partes. Sin embargo, no todo está podrido en Dinamarca. El reciente rechazo a la reforma electoral muestra a un Parlamento sensible a la demanda ciudadana para preservar la institucionalidad democrática.
Las marchas del 13 de noviembre demuestran que la participación ciudadana es indispensable para la buena marcha del país. La alianza de diversos sectores sociales y partidos políticos, así como la eficaz cobertura de los principales medios impresos, electrónicos y digitales, han logrado poner barreras al abuso del poder.
Más participación ciudadana significará más democracia y un país más justo y mejor para todos.
