Asimismo lo es “lo que hace y deja de hacer el Ejecutivo estatal para atender esta problemática”, dice Viridiana Gutiérrez en foro virtual de la Codehum
Chilpancingo, Guerrero, 22 de septiembre de 2020. Que un agente del Ministerio Público pida que se compruebe que se cometió una violación para autorizar un aborto, como se establece en Guerrero, es parte del agravio señalado en la Segunda Alerta de Violencia de Género (AVG), porque en el trámite los embarazos llegaron a término, denunció la coordinadora de Obvio Guerrero, Viridiana Gutiérrez Sotelo.
Y también es violencia de género “lo que hace y deja de hacer el Ejecutivo estatal para atender esta problemática”, dijo la promovente del mecanismo en el foro virtual Violencia contra las mujeres y alertas de género, que organizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) en el marco de su 30 Aniversario, que se dedica al extinto José Francisco Ruiz Massieu.
En la exposición, Gutiérrez Sotelo señaló que el estado ha atendido sólo 32 por ciento de 23 medidas señaladas en la primera AVG por violencia feminicida, según los informes de la Comisión Nacional para Atender y Erradicar la Violencia contra la Mujeres (Conavim).
Recordó que varias organizaciones que integraron la alianza feminista para impulsar la primera alerta hace cuatro años, decidieron dar seguimiento a medidas específicas, entre éstas, el acompañamiento a niñas embarazadas producto de una violación.
“Fue recurrente que les negaran el acceso al aborto legal y nos dimos cuenta que se debía al marco legal, porque en el artículo 159 del Código Penal, de excluyentes de responsabilidad específica, hay un candado que no hemos logrado que se modifique. Ahí pide la comprobación y autorización del MP para que el sector salud realice la práctica”.
Subrayó que este es el agravio que motivó la solicitud de la segunda alerta en marzo de 2019, ya que los embarazos llegaban a término durante el trámite.
Sin embargo, aclaró que el agravio no sólo está en el Código Penal, “sino en lo que el ejecutivo hace o deja de hacer para atender esta problemática”, pues Guerrero es uno de los estados con mayor índice de embarazo infantil y adolescente, y especialistas indican que a temprana y muy temprana edad, éste sólo debe ser producto de una violación”.
Además, en la investigación del Grupo de Trabajo de la Alerta por agravio comparado, se documentaron ocho muertes en Guerrero: “ya se ha dicho que la muerte materna se puede prevenir, por lo tanto la muerte por aborto también se puede evitar”.
Por lo tanto, se recomienda al poder legislativo eliminar ese candado para que las mujeres tengan acceso a un aborto seguro y legal; al Ejecutivo a través de salud, que tenga un programa para atender a las niñas en esta circunstancia, y al secretario de Salud, a dar certeza certeza legal a su personal y el acceso a las víctimas a un aborto legal.
Sin embargo, desde el 5 de junio que se declaró la segunda alerta en Guerrero, dirigida a los tres poderes en el estado, se mantiene la negativa a cumplir con trece medidas específicas.
También ponente, el presidente de la Comisión Estatal de Tlaxcala, Manuel Cid Bravo Pineda, en el tema de trata de personas, con mafias en todo el mundo, incluyendo México, “todas plenamente comunicadas”.
Dijo que el comercio sexual de mujeres vulnerables puede generar dos y tres millones de pesos al año por una o dos personas, y cada mafia puede llegar a tener hasta 30 personas bajo su yugo.
Subrayó que únicamente la educación, el conocimiento y el amor en familia puede evitar que una persona sea objeto de trata, y a las autoridades les toca atender las situaciones de esta naturaleza.
El coordinador general de la asociación Justicia, Derechos Humanos y Género, Rodolfo Rodríguez Márquez, se refirió al juicio por la alerta que se declaró en Veracruz que se sigue litigando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Archivo
