Chilpancingo, Guerrero, 17 de diciembre de 2024.- La presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Alma Delia Eugenio Alcaraz, informó que de 33 denuncias derivadas de Procedimiento Especial Sancionador (PES) o un juicio electoral ciudadano por violencia política contra las mujeres en razón de género, sólo una se declaró existente, porque en cada instancia influyen las valoraciones del juzgador.
Además, indicó que los despachos cobran por cada demanda, y ante la duda del agravio promueven más recursos, lo que coloca a las mujeres en mayor riesgo, y se tendría que sensibilizar y concientizar de que lo que se necesita con la denuncia de violencia política en razón de género es la protección de las víctimas.
Consultada por medios locales, indicó que la única denuncia que declara la violencia política en razón de género es la que presentó la diputada del PT Leticia Mosso Hernández contra el ex candidato a gobernador del mismo partido, Pedro Segura Valladares, que el TEE de Guerrero descartó, pero validó la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Recordó que antes, el tribunal local dijo que sí había violencia política en razón de género, en casos como el de la ex alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, y otras presentadas por diputadas locales, pero el tribunal de alzada dijo que no.
Eugenio Alcaraz estimó que ocurre porque las decisiones de los juzgadores al final tienen que ver con los elementos jurídicos, pero también con valoraciones particulares.
“Vean, si entre tribunales tenemos esta manera (de resolver) en cuanto a criterio, sólo imaginen cuando las mujeres presentan una denuncia y tiene una duda si hay violencia política contra las mujeres en razón de género”, los abogados particulares que cobran por denuncia o por demanda les van a decir que sí la hay.
Advirtió que cuántas más promociones realicen se coloca en mayor riesgo a las víctimas, como ocurrió con el caso de la ex alcaldesa de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, quien sufrió una violencia política grave.
“La promoción de sus abogados de ir a una instancia y otra, y otra, puso en mayores riesgos a la víctima. Cesó cuando el mismo despacho se puso en riesgo”.
Consideró que no debe haber un abuso de este tipo de demandas, sino sensibilizar y concientizar de que lo que se necesita con la denuncia de violencia política contra las mujeres es la protección de las víctimas.
Caso Xalpatláhuac, en proceso
En el caso de Xalpatláhuac, aún en proceso, explicó que tiene cinco resoluciones, tres locales y dos de Sala regional, y se volvió complejo porque se empezaron a dictar medidas cautelares, medidas de reparación en lo local, y complementarias de reparación integral por Sala Regional. Corresponde al tribunal local la vigilancia y el seguimiento.
Señaló que una de las medidas cautelares iniciales era la recuperación del edificio del ayuntamiento, porque es parte de la gobernanza plena, porque la ex alcaldesa gobernó en otra sede pues no podía ir a la cabecera municipal.
Sin embargo, señaló que fue muy complejo el seguimiento porque de los victimarios una era una figura de poder del sistema normativo de los pueblos, era el Tlayakanki, y el otro que había sido candidato a la alcaldía también era integrante de la Policía Comunitaria.
Añadió las medidas vincularon además a la gobernadora en materia de seguridad pública y en la recuperación del inmueble; con el Congreso local para trasladar la cabecera de Xalpatlahuac a otra comunidad, que se logró; además de la salvaguarda de la seguridad personal de la presidencia durante los tres años de ejercicio, permanente y en su domicilio en Tlapa.
También se vinculó a la Comisión de Derechos Humanos para solicitar la Alerta de Violencia de Género, y al Ejecutivo del estado, que se negó el mes pasado.
Aclaró que hubo avances en algunas medidas: la víctima recibió todos los beneficios del sistema estatal, para recibir apoyo social y sicológico, pero no se recuperó el edificio en tres intentos. El último, el 3 de febrero de 2023, donde se llevó a cabo el protocolo con un secretario de Seguridad Pública, una subsecretaría de la General de Gobierno, efectivos de la Guardia Nacional, pero la alcaldesa no llegó.
Aclaró que era comprensible porque ella decía que desconocía las condiciones de entrega de inmueble, y un día antes solicitó al TEE una mesa de trabajo, y le respondieron que no tiene facultad para instalar mesas de diálogo y se remitió la petición al gobierno del estado.
En tanto, el gobierno del estado dijo que sí tuvieron un acercamiento para hablar de las condiciones del inmueble.
Aclaró que luego vino el proceso electoral 2023-2024, que iba a dificultar la entrega, porque su intención era ser candidata por reelección.
Puntualizó que el TEE ha declarado en diferentes momentos el cumplimiento gradual de las sentencias. Sigue pendiente el pago de la multa de los dos victimarios, quienes tiene una sanción de multa que no han pagado, y la disculpa pública.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Jessica Torres Barrera
