Mediante un documento con observaciones preliminares en torno a la Ley de Seguridad Interior, aprobada por los diputados del PRI y sus aliados, los relatores especializados de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierten acerca de los enormes riesgos que entraña su inminente confirmación en el Senado mexicano. Entrevistados por Proceso, puntualizan que uno de esos peligros es el relativo a la libertad de expresión, pues ante las ambigüedades de la ley los militares podrían obstaculizar el trabajo de periodistas y comunicadores, e incluso someterlos a vigilancia
Gloria Leticia Díaz / Agencia Proceso
Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México. La Ley de Seguridad Interior y la amenaza que representa para la libertad de expresión y el derecho a la información son algunas de las preocupaciones que saltaron a la vista de los relatores especializados de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), David Kaye y Edison Lanza, respectivamente, durante su visita de siete días por el país.
Ambos relatores para la libertad de expresión se sumaron a los cuestionamientos a dicha ley, aprobada el 30 de noviembre en la Cámara de Diputados y que espera confirmación en el Senado antes de que termine el actual periodo de sesiones en el Congreso. Las impugnaciones, provenientes de diversos organismos nacionales e internacionales, lograron aplazar, al menos por unos días, la operación fast track del ordenamiento que legaliza la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Entrevistados por Proceso, los especialistas no son optimistas de que los llamados de los defensores de derechos humanos hagan reaccionar a los legisladores para que den marcha atrás a esa ley; por ello, demandan la aplicación de protocolos que den garantías a los comunicadores de que su labor será respetada ante un despliegue castrense.
“Creo que es demasiado tarde para nosotros. Lo que tenemos entendido es que la legislación está casi aprobada. No creo que tengamos voz y voto”, comenta Kaye durante la entrevista sostenida en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Director de la International Justice Clinic de la Universidad de California en Irvine (UCI), Kaye considera que seguramente la Ley de Seguridad Interior será motivo de análisis y de las recomendaciones contenidas en el informe final que presentarán ambos relatores en la primavera del próximo año. Kaye lo hará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, y Lanza ante la CIDH.
“Lo que vamos a hacer es instar al gobierno a que asegure las salvaguardas; si el Ejército va a estar involucrado en estas áreas (de seguridad), va a necesitar capacitación específica, va a tener que establecerles límites, porque los militares van a tener que lidiar con periodistas de una forma en que la policía local, idealmente, ya lo sabe”, adelanta Kaye.
Preocupado por los efectos que podría tener para la libertad de expresión la iniciativa, impulsada por el PRI y sus aliados en el Congreso de la Unión, el experto en derecho penal internacional y en derecho internacional humanitario estima que ésta tendría distintos niveles de impacto en las áreas que estarán bajo el control de las Fuerzas Armadas, sin que se tenga claro cómo actuarán éstas en temas de acceso a la información o “si el Ejército va a fungir como un supervisor de las manifestaciones”.
La única certeza que tiene el relator de la ONU es la experiencia internacional y del hemisferio: “Colocar Fuerzas Armadas en un espacio de sociedad civil normal casi siempre trae complicaciones, ya que se superponen a autoridades y a jurisdicciones civiles; de hecho, hay un riesgo mayor de que se violen derechos humanos, porque son actores que no están acostumbrados a lidiar con civiles comunes y corrientes”.
Kaye, quien fue nombrado en agosto de 2014 Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señala que entre las observaciones y recomendaciones preliminares entregadas a la cancillería y la Secretaría de Gobernación el lunes 4, al final de su visita, ambos relatores pusieron énfasis en la Ley de Seguridad Interior.
“Vamos a seguir muy de cerca este proceso; ojalá que nos escuchen y se detengan un momento a reconsiderar, pero desafortunadamente no parece ser lo más probable que suceda”, dice David Kaye con desaliento.
De 15 cuartillas, el documento con las observaciones incluye 23 recomendaciones puntuales, entre ellas la de “abstenerse de aprobar la Ley de Seguridad Interior en su versión actual y en su lugar iniciar un diálogo abierto e integral sobre el modelo de seguridad que el país necesita, reafirmando el papel de las agencias civiles de seguridad al abordar los retos de seguridad pública”.
Advierte: “Ninguna ley que contravenga los poderes dados a las autoridades relacionadas con el acceso a la información o estándares sobre acceso a la información en casos de graves violaciones de derechos humanos debería ser aprobada”.
Análisis crítico
El balance de la Ley de Seguridad Interior se desarrolla en el capítulo quinto de las observaciones preliminares, “Amenazas legales y restricciones de la libertad de expresión”, donde se considera que aquélla “tiene disposiciones que van en contra de las normas de derechos humanos, en particular en relación con el acceso a la información, la supervisión suficiente para la recolección de inteligencia y el uso de la fuerza durante manifestaciones”.
Por su parte, Edison Lanza explica en la entrevista por qué hay artículos en la ley militarista que preocupan a los relatores, quienes del 27 de noviembre al 4 de diciembre se entrevistaron con 250 periodistas y defensores, así como con autoridades federales y estatales, y recorrieron los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa y la Ciudad de México.
Para el relator de la CIDH, la primera objeción tiene que ver con el poder que se otorga a las Fuerzas Armadas: “Recolectar información del crimen organizado, así como está redactado en la ley, es una definición muy amplia que podría dar lugar a intervenciones e injerencias ilegales que violen los derechos, por ejemplo, de periodistas en un estado donde esté operando el aparato militar”, y éstos “podrían ser obligados a identificar a sus fuentes y ser sujetos de vigilancia”.
El abogado y periodista uruguayo, quien ha sido consultor de la ONU y litigante ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en temas de libertad de expresión, agrega respecto del artículo alusivo a la atribución asignada a las Fuerzas Armadas de clasificar información: “… a nuestro juicio sería hasta innecesario, porque la Ley de Acceso a la Información establece cuáles son los mecanismos para clasificar”, de manera que se estarían echando por la borda 15 años de avances en materia de transparencia y acceso a la información.
Lanza señala asimismo que la ley es ambigua en lo que toca al papel de las Fuerzas Armadas en el contexto de las protestas sociales y el uso de la fuerza en contra de “actos de resistencia”, y advierte que las consideraciones al respecto son riesgosas si se toma en cuenta que el próximo año en México es electoral.
Puntualiza: “Aquí el gran problema es que se trata de una ley para otorgar poderes extraordinarios y legitimar la intervención militar, y la libertad de expresión tiene una especial protección en periodos electorales de los actores políticos, para la cobertura de la prensa y para las manifestaciones públicas; es el momento de eclosión de todas estas formas de expresión.
“Si en una normalidad los militares pueden ser un riesgo interviniendo en cada uno de estos procesos, cuando se dan todos juntos en un ambiente polarizado obviamente eso se da más complejo y tiene que ver con otras cuestiones, como las intervenciones en el proceso electoral en sí mismo, lo que obviamente afecta la libertad de expresión”, alerta.
