23 enero,2021 5:34 am

Soy candidato moral independiente a gobernador

Héctor Manuel Popoca Boone

 

El motivo principal de iniciar una aventura política, de tipo electoral, eminentemente quijotesca, para ser candidato independiente a la gubernatura del Estado, surgió en mi mente en el transcurso de la pandemia y de su crecimiento imparable y que hoy está fuera de control gubernamental. Convencido ya estaba que, para combatirla y reducirla a su mínima expresión, necesitábamos con urgencia, mayor consciencia y disciplina ciudadana; a la par de exigir mayor responsabilidad y honestidad a las autoridades gubernamentales en sus deberes.

En otras palabras, necesitaba una plataforma política-electoral para realizar toda una pedagogía política popular, libertadora de consciencias ciudadanas enajenadas o domesticadas; por medio de la cual pudiera difundir ampliamente los principios, valores, comportamientos éticos y sociales, nuevos estilos de gobernar y acciones conjuntas a realizar, para salir del hoyo negro en que actualmente se encuentra Guerrero.

En esta primera fase constaté que, en la democracia mercantilizada vigente, todos los electores tienen derecho a elegir a sus gobernantes; no así a ser elegidos. La ley dice que sí, pero la realidad es que no; al menos, no tan fácilmente. En los hechos, cumplir con las condicionantes legales establecidas, solo lo pueden hacer, al margen de los partidos políticos, ciudadanos que previamente cuenten con una organización social operativa consolidada regionalmente, (aun cuando no formalizada para los fines específicos) y, de entrada, contar con un poder económico particular, que solo poseen alrededor de un 25 por ciento de los ciudadanos electores de Guerrero. Eso es una discriminación tácita antidemocrática.

El instituto y el tribunal electoral de nivel estatal en lo que se refiere a mi caso, se han caracterizado por mantener una actitud autista ante las grandes dificultades y graves riesgos mortales, que embarga un proceso electoral atravesado por una inesperada e histórica pandemia, oficialmente declarada como de “alto riesgo” para el caso de Guerrero y que tiende a subir a la categoría de “riesgo máximo” Como ya es un hecho, en los municipios de Iguala y Taxco. (Con sensatez no me explico por qué no lo hacen para los municipios de Acapulco, Chilpancingo e Ixtapa-Zihuatanejo).

Cierto es que los consejeros y magistrados actúan apegados, “a raja tabla”, a una realidad legal, que en el caso que nos ocupa, está muy alejada de la realidad factual. Prevalece la estrechez de criterio, cortedad de miras y razonamientos encasillados; si no es que carencia de sentido común y lógica elemental. No olvidemos que su actuación puede estar impregnada de un sesgo político-ideológico (a veces de manera espectacular), al dictaminar los hechos electorales en función de los intereses de quienes políticamente los respaldaron, tras bambalinas, para que ocuparan los puestos que detentan; más allá de los muchos méritos profesionales que puedan tener y las debidas formas con que cumplieron los requisitos de rigor.

A la fecha, yo he cumplido con todos los requisitos que me exige la ley electoral estatal, excepto uno: me he negado a recabar el apoyo ciudadano de 75 mil 400 electores, en no menos de 41 municipios, con no menos del 3 por ciento de los ciudadanos contenidos en la lista nominal oficial de electores de cada municipalidad; en un lapso de 60 días. Lo hago así, fundamentalmente por principios y razones bioéticas; desde que la pandemia tornase creciente; ya que los protocolos sanitarios establecidos no evitan el propiciar poner en alto riesgo la vida y salud de miles de habitantes. Máxime que mi estrategia de captura de firmas en tan corto plazo, no fue autorizada por la Secretaria de Salud Estatal; aunado a que cualesquier otra, conlleva también altos riegos, al no poder física, ni materialmente, guardar la sana distancia y no manipular objetos posibles portadores del virus letal, como son los teléfonos celulares, bolígrafos especiales y credenciales de elector, no se diga de los formatos a llenar en lo que refiere a los municipios indígenas y de extrema pobreza.

Solicitada que fue la exención de captura de firmas de apoyo ciudadano, las autoridades del instituto y las del tribunal electoral estatal, la juzgaron improcedente por lo que me fue negada. Carecieron de una actitud proactiva para fortalecer la democracia, al no justipreciar bien, en toda su dimensión y gravedad, las posibles consecuencias fatales que provocaría el proceso de captura de firmas. El tiempo, la expansión e intensidad de lo mortífero de la pandemia, me está dando la razón; más no la legalidad electoral que está totalmente divorciada de una realidad de suyo anormal e históricamente excepcional. Hice prevalecer con mi desacato, la prevalencia constitucional de los derechos humanos a la vida y a la salud de miles de guerrerenses.

Por razones de falta de tiempo, movilidad, precaución sanitaria y dinero, no me es dable seguir escalando a nivel federal esta litis, por demás interesante y de trascendencia nacional. Termino esta primera jornada de mi candidatura independiente, haciéndole saber a los simpatizantes de mi candidatura a gobernador (que son mucho más que dos), que mis ideales y persona, estarán reflejados en la boleta electoral. Al tiempo.

Del documento principal que contiene la sentencia del juicio, desfavorable a mi solicitud, emitida por unanimidad por el pleno del Tribunal Electoral del Estado, lo único que pedí fue que se subsanara y repusiera en los términos formalmente adecuados, ya que fue datada la sentencia con fecha inexacta e incorrecta. Aun cuando ya fue reconocido el error por acuerdo del pleno, a causa de un lapsus callamis y no de un lapsus mentis, no deja de ser un relevante descuido y comportamiento mecánico de los cinco magistrados estatales a la hora de firmar la sentencia; toda vez que perciben cada uno de ellos, 153 mil pesos de salario mensual. (25 por ciento más, de lo que percibe el presidente de la República).

  1. Me entero que seis de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se han contagiado de Covid-19 en los últimos meses. (El Sur, 22/01/21 pg.21) ¡Uf!