En el sistema comunitario que defiende la iniciativa de reforma no tienen preeminencia los entes armados y la Policía Comunitaria está por debajo de la asamblea, subraya el abogado de Tlachinollan
Chilpancingo, Guerrero, 13 de diciembre de 2019. El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, propuso un diálogo entre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el gobernador Héctor Astudillo Flores para aclarar puntos de vista sobre la iniciativa de reforma constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Sin embargo reprochó que el argumento que planteó Astudillo Flores el miércoles en Zihuatenejo, cuando dijo que no está en contra de la ley que proponen los diputados de Morena, y que lo que se busca es que no haya grupos de civiles armados que se disfrazan de policías comunitarios, “es muy débil” y recordó que justamente la Ley 701 que abrogaron los diputados de su partido en la anterior legislatura establecía los candados para evitar que proliferaran esos grupos armados.
Pero coincidió: “Yo creo que hay que establecer un diálogo con el gobernador para conocer concretamente a qué se refiere, porque justamente la propuesta que están impulsando los pueblos indígenas es para poner en el centro a las autoridades comunitarias, al Sistema de Justicia Comunitario y el Sistema Normativo, que se basan en las asambleas comunitarias, en las autoridades indígenas, no en la policía, no en los entes armados”, explicó.
Agregó que en este sistema no tienen preeminencia los entes armados, y que la Policía Comunitaria está por debajo de la asamblea y son las autoridades las que mandan y las que tienen el sistema de justicia y de seguridad comunitaria.
Rosales Sierra dijo que es eso lo que se explica justamente en la reforma que proponen las comunidades indígenas para evitar la existencia de grupos armados que no se sustentan y que no están controlados por las asambleas comunitarias, porque insistió que las autoridades comunitarias y tradicionales de los pueblos son las que tienen que controlar a estos grupos.
Además, aclaró que este sistema comunitario sólo puede prevalecer en comunidades indígenas que tienen una estructura comunitaria, tradicional y que se rige por sistemas normativos “y no puede prevalecer en lugares donde no hay una estructura comunitaria”.
Rosales Sierra recalcó que por esa razón es importante esa reforma en la que se debe reconocer a los pueblos indígenas ese derecho que tienen, “y creo que eso es justamente lo que va a diferenciar claramente y a excluir a los grupos que no se rigen por los sistemas normativos, que no se adecuan a estos sistemas, y que no están controlados por las asambleas y autoridades tradicionales”.
Siguió: “Por eso nos parece conveniente dialogarlo con el gobernador, si es verdad que lo que busca es que no proliferen grupos armados, pues también los pueblos indígenas eso es lo que no están permitiendo. Si en algo se han distinguido los pueblos indígenas, donde está la Policía Comunitaria es por la inexistencia de esos grupos”, recalcó.
El abogado destacó que en donde hay Policía Comunitaria, no existen grupos armados que obedecen otros intereses “porque allí quienes prevalecen son las autoridades tradicionales que se rigen de acuerdo a sus sistemas normativos”.
Propuso que en lo que los diputados discuten y analizan la iniciativa que ya fue entregada al Congreso sería importante establecer una mesa de diálogo “analítica y muy técnica” con el gobierno del estado en la que se pueda dialogar estos temas con una comisión de las autoridades y de los pueblos.
Para el abogado, el candado para que no haya grupos de civiles armados que se disfracen de policías comunitarios, como lo señala el gobernador, es que todas las policías tienen que estar reguladas por las asambleas, “es decir, las policías no se mandan solas y quien tiene que tener un estricto control de la policía es la asamblea, la policía tiene que estar sometida a la asamblea, ese es el candado más seguro para la inexistencia de estos grupos armados”, subrayó Rosales Sierra.
Porque denunció que existen policías que están en algunas comunidades pero que tienen sometidas a las mismas comunidades, y son las que mandan, mientras que en la CRAC es a la inversa, el pueblo manda y la policía obedece, recalcó.
Insistió que así estaba claramente establecido en la anterior ley 701 porque únicamente reconocía a la Policía Comunitaria de la CRAC y era el candado perfecto.
Sin embargo reclamó que aún así proliferaron los grupos de civiles armados, por tanto, dijo que el argumento del gobernador es un poco débil “porque justamente la Ley 701 que ellos (los diputados del PRI) abrogaron tenía ya esos candados porque a la única policía que se reconocía en esa ley era a la de la CRAC y ese capítulo fue borrado y al borrarlo obviamente que todo mundo ahora puede ser policía comunitario”.
El abogado dijo que ese fue el error del gobierno del estado “y ahora se tiene que restaurar la ley y tiene que ser muy específica en el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus sistemas normativos, así como a sus autoridades tradicionales, sus normas y tradiciones”.
El gobernador dijo también el miércoles que ya se ha reunido con algunos actores que promueven la reforma constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, sin embargo el abogado Rosales aseguró que con ellos no, “se ha reunido con nosotros pero por otros asuntos y casos de violaciones a derechos humanos, pero no se ha tratado de manera formal el caso de la Ley indígena”, aseguró.
Insistió que si es conveniente dialogar y aclarar esos puntos, “si la preocupación es genuina, pero si es un pretexto para negar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas para que tengan sus propios sistemas normativos, me parece que será complicado”, advirtió.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jessica Torres Barrera
