Chilpancingo, Guerrero, a 6 de febrero de 2026.- El titular secretario de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Sedepia), Abel Bruno Arriaga, señaló que culturalmente y por tradición muchas familias de la Montaña emigran a los campos agrícolas del norte del país para cumplir obligaciones comunitarias.
En consulta sobre las cifras de la migración interna que reportó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan de la Unidad de Servicios Integrales (USI) con sede en Tlapa, confirmó que la pobreza estructural que existe es por el olvido institucional, pero lo atribuyó a las anteriores administraciones del PRI y el PAN.
Vía telefónica reconoció el trabajo tan importante en la región del organismo civil de derechos humanos, con el que la Sedepia se ha coordinado en acciones y programas desde que asumió el cargo en marzo de 2024.
Tlachinollan informó que en 2025 salieron 13 mil 36 jornaleros agrícolas, casi 2 mil más de 2024, en condiciones que se han agravado en el gobierno de la llamada Cuarta transformación.
El secretario señaló que en las comunidades se observa que para las familias ir a trabajar como jornaleros agrícolas es una válvula de escape, porque de manera colectiva juntan sus recursos para regresar y cumplir con las obligaciones que tienen.
Confirmó que está ligado a una a una pobreza ancestral, que poco a poco se está combatiendo a través de programas sociales federales y estatales.
Señaló como ejemplo, que la presidenta Claudia Sheinbaum inició recientemente un plan de justicia para la población jornalera de San Quintín, para darle atención integral; incluso, el artículo segundo de la Constitución federal tiene apartado especial para migrantes, que garantiza su derechos.
Enfatizó que del marco jurídico se deben desprender políticas públicas focalizadas, para atender a este sector de la población. “Sí tienen atención con políticas públicas, con planes de justicia, con programas sociales, federales y estatales”.
Señaló que en la mayoría de las comunidades hay Sembrando Vida, becas para estudiantes, pensión para el Bienestar y apoyos a mujeres.
Como Secretaría entregan una dotación de insumos básicos cada mes para jornaleros agrícolas de la Montaña, que se atiende gradualmente.
Precisó que ese año aún esperan la aprobación de las reglas de operaciones de los programas estatales y la publicación en el Periódico oficial del Gobierno del Estado, para que se liberen de los recursos y poder suministrar los insumos básicos a la USI de Tlapa, para garantizar alimentos cuando se trasladen a los campos agrícolas, el pago de gas y de energía eléctrica, como parte del programa de atención a jornaleros migrantes indígenas.
También que tienen una coordinación con la Secretaría de Migrantes y Asuntos Internacionales (Semai), y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para impulsar la comisión intersecretarial de atención integral de las personas jornaleras agrícolas.
Recordó que el año pasado se instaló la Comisión Intersecretarial y ya se prepara una reunión este año. Trabajan además en la prevención de la salud, y recordó de una reunión para prevenir contagios de sarampión.
No obstante, enfatizó que la migración de décadas, también es cultural, de compromiso comunitario, y a veces los gastos son exorbitantes, pues un mayordomo puede gastar 300 mil pesos para sufragar una fiesta.
Consideró que para los jornaleros agrícolas “es una válvula de escape salir a trabajar con toda la familia para conseguir dinero para gastos diversos. Hay muchos que les toca ser topiles, o policías de la comunidad, dejan de trabajar un año porque prestan servicios a su pueblo, y una forma de salir, es ahorrar por todo ese tiempo que estuvieron prestando su servicio comunitario”.
Señaló que hay comunidades donde casi toda la población emigra, en el ejercicio del derecho al trabajo, en donde un lugar donde pueden emplear a toda la familia, “es un tema de tradición, que sin duda, que la pobreza ha existido en todas las sociedades, desde el gobierno se hace lo posible para atenuar los efectos”.
Ratificó que las comunidades indígenas son vulnerables y muchos no se registran en los sitios de concertación, pues salen por su cuenta o se van con enganchadores.
Señaló que insistirá en que el registro en el estado es importante para poder hacer un seguimiento y dar acompañamiento.
Lourdes Chávez
