
Hoy se reunirán ella y sus homólogos de otros municipios del país con la secretaria Rocío Nahle, informa la alcaldesa. Analizará el tema, dice de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se analiza la deuda que la CAPAMA tiene con la CFE.
Acapulco, Guerrero, 22 de mayo de 2019. La alcaldesa Adela Román Ocampo informó que hoy se reunirá con la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, junto con otros alcaldes del país, para pedir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplique “tarifas sociales” a los ayuntamientos por consumo de energía eléctrica.
En declaraciones a reporteros después de un curso de capacitación a prestadores de servicios turísticos que se llevó a cabo en la sala de Cabildo, a la alcaldesa se le preguntó sobre las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que se analiza la deuda que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) tiene con la CFE, y respondió que mañana analizaría ese tema.
Reveló que la CFE le hizo una oferta al municipio de disminuir el 40 por ciento de la deuda histórica, pero que ella no aceptó porque aún así no pueden pagarla y su petición es que la absorba el gobierno federal.
Agregó que la Asociación de Autoridades Locales de México A.C (AALMAC) está en la lucha porque los municipios paguen tarifas sociales a la CFE por consumo de energía eléctrica, “porque la CAPAMA no es una institución de lucro, es una institución con fines sociales”.
Añadió que a la reunión de hoy asistirán varios alcaldes de la AALMAC y de otras organizaciones.
Del adeudo de 85 millones de pesos que la actual administración tiene con el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), Román Ocampo indicó que ya está etiquetado en el presupuesto de este año el pago correspondiente, pero sólo lo que es de su administración “porque el histórico es una cantidad muy elevada”.
Falta información oficial
El lunes, después de una persecución de policías estatales a un vehículo en el que viajaban hombres armados, y en el que se encontraron chalecos de la Policía Municipal, la alcaldesa dijo que no han recibido información oficial sobre el hallazgo de ese equipo.
“Si no nos dan información oficial no podemos decir lo que vamos a hacer, si fueran uniformes oficiales obviamente tenemos que saber de quiénes eran para que respondan a esta situación, pero mientras no tengamos la información oficial…”, indicó.
Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodriguez, abundó que “no hay constancia de que sean de la Secretaría de Seguridad Pública, se están haciendo las investigaciones”.
Al mencionarle que los chalecos estaban rotulados, insistió en que “no hay constancia de que sean de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio”.
Se le preguntó si hay reporte de pérdida de ese equipo, y dijo que para eso se van a hacer las investigaciones.
A la pregunta de que si los presuntos delincuentes eran policías y por eso llevaban ese equipo, Manzano Rodriguez reiteró que no hay constancia de que los chalecos sean parte de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio y que no hay información si los presuntos delincuentes son policías municipales.
Sobre el faltante de armas en la Secretaría de Seguridad Pública, explicó que la investigación sigue en la Fiscalía General del estado.
Sobre los 30 maestros de Xaltianguis que estaban con temor de regresar a clases por el problema de inseguridad que hay en esa localidad, Román Ocampo indicó que no se ha podido reunir con ellos pero que la información que conoce es que en los casos donde no lleguen los maestros habría suplentes.
Insistió en que la situación en Xaltianguis por la disputa entre dos grupos de autodefensa que hay en esa localidad está en análisis por la mesa de Coordinación estatal y la municipal, para tomar decisiones sobre que acciones se van a llevar a cabo.
A la pregunta sobre el acoso de policías municipales contra la comunidad LGBTTTI, la alcaldesa respondió que esos casos deben denunciarse ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos y acudir ante el gobierno municipal para tomar las medidas necesarias.
Texto: Daniel Velázquez / Foto: Carlos Alberto Carbajal


