Grupos delincuenciales que se disfrazan de policías comunitarias han lanzado un reto al gobierno federal, de que no van permitir que la Guardia Nacional entre en los territorios que ya controlan, alerta Manuel Olivares.
Ciudad de México, 28 de marzo de 2019. Aunque celebraron el acuerdo por el que retiraron el campamento que mantenían afuera de Palacio Nacional, las personas desplazadas por la violencia en Guerrero advirtieron que el regreso a sus comunidades representará un reto para el gobierno federal.
Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y representante de los afectados, aseguró que los grupos armados que desplazaron a los pobladores de Leonardo Bravo mostrarán resistencia.
“Hoy, estos grupos delincuenciales que se disfrazan de policías comunitarias han lanzado un reto al gobierno federal, de que no van permitir que la Guardia Nacional entre en los territorios que ya controlan”, comentó en conferencia de prensa.
“Ellos dicen que tienen alrededor de 11 mil elementos armados y no van a permitir el repliegue ni el desarme, eso nos preocupa porque alrededor de mil 800 personas esperan el retorno a sus comunidades, pero para eso necesitan seguridad”.
Luego de 39 días afuera de Palacio, hoy los más de 300 desplazados regresarán a Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, donde serán sentadas más alrededor de mil 800 víctimas en la zona.
El gobierno federal, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, les apoyará económicamente para que renten una vivienda y se alimenten, en lo que regresan a sus casas.
Luego de reconocer la labor realizada por la subsecretaría de Derechos Humanos, en específico por Neftalí Granados y Félix Santana Ángeles, para que ayer se firmara un compromiso, urgió a que se cumplan los acuerdos.
Entrevistado en el sitio donde estaba el campamento, Neftalí Granados, de la Secretaría de Gobernación, adelantó que la estrategia de seguridad estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
“Hay una estrategia que está desarrollando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que en su momento el secretario (Alfonso Durazo Montaño) la dará a conocer, pero evidentemente necesitamos presencia de Estado donde ha estado ausente”, comentó.
Granados destacó que este gobierno federal pretende reconocer el desplazamiento interno forzado, pues en los gobiernos anteriores se ocultó.
En este caso en particular, dijo, participarán diversas Secretarías, como las de Salud, Bienestar y del Trabajo.
Texto: César Daniel Martínez Cisneros, Agencia Reforma / Foto: Armando Vázquez, Agencia Reforma
Ciudad de México, 28 de marzo de 2019. Aunque celebraron el acuerdo por el que retiraron el campamento que mantenían afuera de Palacio Nacional, las personas desplazadas por la violencia en Guerrero advirtieron que el regreso a sus comunidades representará un reto para el gobierno federal.
Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y representante de los afectados, aseguró que los grupos armados que desplazaron a los pobladores de Leonardo Bravo mostrarán resistencia.
“Hoy, estos grupos delincuenciales que se disfrazan de policías comunitarias han lanzado un reto al gobierno federal, de que no van permitir que la Guardia Nacional entre en los territorios que ya controlan”, comentó en conferencia de prensa.
“Ellos dicen que tienen alrededor de 11 mil elementos armados y no van a permitir el repliegue ni el desarme, eso nos preocupa porque alrededor de mil 800 personas esperan el retorno a sus comunidades, pero para eso necesitan seguridad”.
Luego de 39 días afuera de Palacio, hoy los más de 300 desplazados regresarán a Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, donde serán sentadas más alrededor de mil 800 víctimas en la zona.
El gobierno federal, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, les apoyará económicamente para que renten una vivienda y se alimenten, en lo que regresan a sus casas.
Luego de reconocer la labor realizada por la subsecretaría de Derechos Humanos, en específico por Neftalí Granados y Félix Santana Ángeles, para que ayer se firmara un compromiso, urgió a que se cumplan los acuerdos.
Entrevistado en el sitio donde estaba el campamento, Neftalí Granados, de la Secretaría de Gobernación, adelantó que la estrategia de seguridad estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
“Hay una estrategia que está desarrollando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que en su momento el secretario (Alfonso Durazo Montaño) la dará a conocer, pero evidentemente necesitamos presencia de Estado donde ha estado ausente”, comentó.
Granados destacó que este gobierno federal pretende reconocer el desplazamiento interno forzado, pues en los gobiernos anteriores se ocultó.
En este caso en particular, dijo, participarán diversas Secretarías, como las de Salud, Bienestar y del Trabajo.
Texto: César Daniel Martínez Cisneros, Agencia Reforma / Foto: Armando Vázquez, Agencia Reforma
