EDITORIAL
El triunfo electoral de Claudia Sheinbaum era esperado, por la alta coincidencia que mostraban las encuestas en los últimos meses. Pero resultó sorpresivo el margen de ventaja que obtuvo la candidata de Sigamos Haciendo Historia. Según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que seguía corriendo ayer, la futura presidenta rebasaba los 30 millones de votos y mantenía una ventaja de 30 puntos porcentuales sobre la opositora Xóchitl Gálvez.
El mandato popular es indudable. Sheinbaum llegará a la Presidencia de la República con la impronta de ser la primera mujer titular del Ejecutivo en dos siglos de vida independiente del país y con un caudal de votos neto y relativo sin precedente. Cuenta con un bono democrático que le otorga legitimidad y fuerza como la que no ha tenido un mandatario en México en décadas.
Más sorprendente fue, sin embargo, el alcance que tuvo la coalición oficialista en el Congreso y en los gobiernos estatales. El PREP apuntaba el lunes a un Senado y a una Cámara de Diputados en los que Morena y sus aliados estaban en el rango de dos tercios de asientos, es decir que alcanzarían una mayoría calificada, con la cual tendrán al alcance de la mano la posibilidad de realizar reformas a la Constitución. El llamado Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El oficialismo llevaba ventaja en siete de los nueve gobiernos estatales en disputa, incluida la Ciudad de México, con el notable vuelco que desalojó al Partido Acción Nacional de Yucatán, en favor de Morena.
Aún falta el conteo definitivo, pero el perfil político de las elecciones de este 2 de junio ya está dibujado: el movimiento impulsado por López Obrador arrasó a lo largo y ancho del país. Hay que remontarse a más de medio siglo para encontrar un escenario político con una fuerza hegemónica, donde la oposición ha quedado reducida a su mínima expresión.
Con semejante fuerza en los estados y en el Congreso, Claudia Sheinbaum todavía tendrá la posibilidad de proponer a un ministro o ministra de la Corte este año, con lo que se formaría en el alto tribunal un bloque decisivo, capaz de actuar en consonancia con el interés del Palacio Nacional. Tanto López Obrador como la futura presidenta han verbalizado su interés en una reforma que lleve al Poder Judicial en todas sus instancias a someterse al mandato de las urnas, lo que implicaría un sacudimiento de la judicatura nunca visto en la historia reciente.
Esta dimensión del poder que tendrá la futura presidenta no es sólo un dato electoral. En realidad es un reto. El voto apabullante es un respaldo formidable para el nuevo gobierno y al mismo tiempo una enorme responsabilidad. Es un mandato claro para que se profundicen los cambios. Los electores confirmaron su repudio a los partidos gobernantes del pasado, le dieron todo el poder al partido del presidente, pero no está claro que expidieron un cheque en blanco. La agenda social debe ponerse en primer plano, lo mismo que el combate a la violencia, y ambas tareas requieren ingentes recursos que no se ve cómo se obtendrán sin una reforma fiscal.
Además, alguien con la fuerza política que le entregaron más de 30 millones de ciudadanos no puede gobernar frente a los espejos palaciegos, dentro de una burbuja de obsecuencias.
Más allá de la votación, el país sigue siendo desigual, pero también diverso y plural. Claudia Sheinbaum tiene que ver también a los millones que no votaron por ella y escuchar a quienes tienen opiniones distintas, promueven otros proyectos, critican al gobierno actual. Tiene que considerar el verdadero valor del régimen de autonomías, reformable sin duda, criticable y sometible a rendición de cuentas, pero que debe entrar bajo la ponderación entre el valor social de los órganos competenciales y su desempeño real. Si hay que combatir la corrupción en ellos, no hay por qué eliminarlos, a costa de desaparecer conquistas populares de larga data, como la normatividad de transparencia.
Con ese enorme poder que conlleva el gran desafío de la prudencia y la sindéresis, importa subrayar a esta hora de cambios el siguiente reto que sacude al país: la violencia.
Una sana determinación del nuevo gobierno será la de sustraerse a la espiral de agitación que alentó el presidente López Obrador, al colocar todo análisis de la violencia en el país como un conflicto político con un gobierno que terminó hace 12 años. Claudia Sheinbaum tiene que hacerse cargo de la realidad de hoy, de hechos como los más de sesenta homicidios nada más el día de las elecciones.
Urge una mirada serena, ecuánime, realista, exenta de pasiones electoreras. Es necesaria la decisión del más alto nivel de movilizar a las fuerzas de seguridad para proteger a la población, no para contemplar cómo la delincuencia impone un régimen de terror y ocupa zonas del país sin que haya ley que valga.
El Estado mexicano cuenta con recursos de inteligencia, con personal experimentado en el análisis y en las operaciones. Tiene que emplearlos en los fines socialmente necesarios, no colocarlos en cuarteles y exhibirlos simbólicamente. Hace falta un plan integral de combate a la delincuencia, con escalas territoriales en el municipio, la región, los estados, el país entero y la mitad del hemisferio. Cerrar los ojos a la realidad y echarle la culpa a algunos gobiernos del pasado no resolvió nada en este sexenio, que será el más mortífero en décadas.
El país puede estar conforme con un gobierno que cuenta con un amplio mandato popular. Estará mejor si ese gobierno usa su extraordinario bono democrático con verdadero pluralismo y encara la inseguridad con bases realistas, fundamentos técnicos y sentido de justicia.
Es hora de que cada mexicano, donde quiera que se encuentre, pueda salir a la calle sin temores de ninguna índole y trabajar honradamente sin ser víctima de extorsiones. Es hora de dar respuesta a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, para que nunca más haya crímenes contra la humanidad, como el cometido en Iguala hace casi 10 años.
