Acusan a Rosa María Trani de injerencia en la reventa de terrenos que tienen escrituras o que ya están en trámite en la colonia Rubén Jaramillo. Un grupo se manifiesta también en la CAPAMA por la falta de agua
Acapulco, Guerrero, 8 de septiembre de 2020. Vecinos de diferentes colonias como la Rubén Jaramillo tomaron por casi dos horas las oficinas del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur) en Acapulco para pedir la destitución de la delegada Brígida Rosa María Trani Torralva, por su injerencia en la reventa de terrenos que cuentan con escrituras o que ya están en trámite.
Después, un grupo de vecinos se traslado hasta las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) para manifestarse por la falta de agua en colonias, la mala calidad en que les llega y que se hagan obras de infraestructura.
Ayer a las 11 de la mañana los más de 100 vecinos acompañados de la diputada federal de Morena, Rosario Merlín García, y el gestor social David Molina, llegaron a las oficinas de Invisur con cartulinas que pegaron en paredes, y pidieron a los trabajadores que se salieran del lugar porque lo cerrarían para que les dieran solución a su demanda.
La delegada salió para hablar con los inconformes, se acordó una mesa de trabajo para dar seguimiento al caso y los vecimos se retiraron del lugar.
La representante de la colonia Rubén Jaramillo, que se ubica en carretera Acapulco-Pie de la Cuesta, Guadalupe Arenas declaró que los habitantes firmaron un convenio en el año 2006 con Javier Marroquín, ex apoderado legal de la empresa particular Punta Brava, que es dueña de los terrenos donde la colonia se encuentra asentada.
Denunció que el sábado fueron “amenazados por policías ministeriales porque han vendido terrenos los apoderados legales y la delegada está en contubernio, dice que no sabe nada pero entonces qué hace para evitar que se vendan terrenos que ya tienen escrituras del 2008, que regularizó y cobró el costo de la escritura”, puntualizó la representante.
Aseguró que los vecinos llevan dos días en vela para evitar que los desalojen, aunque cuentan con escrituras de su terreno y los que están en proceso no se niegan a pagar por su predio, por ello piden que respeten el “poder” que dio Javier Marroquín y el convenio del 2006 entre Invisur y el Club Residencial Punta Brava”.
“Queremos que paren la venta de lotes que ya están escriturados y las agresiones por un grupo de personas que son apoyadas por la delegada”, a quien acusó y la hizo responsable de la “intimidación” del viernes y sábado por policías ministeriales. Porque dijo “están desalojando el terreno de mi hermana Sara y la acusamos de vender terrenos en contubernio con los apoderados legales de Club Residencial Punta Brava”.
El gestor social David Molina dijo que en las últimas semanas se han cometido varias “irregularidades” cuando hay un convenio con Invisur y apoderados del predio para que haya regularización, y hay 29 escrituras y 22 no han sido entregadas porque un grupo de vecinos cuestionó el proceso y se detuvo.
Abundó que tras la inconformidad la empresa nombró nuevos apoderados y “esos son los que están dando un plazo de tres meses para que se terminen de pagar los predios, eso generó molestia porque por la pandemia la gente muchos no trabajan”.
Detalló que se buscó el diálogo con las autoridades de Invisur, pero no hubo respuesta y “lo grave es que están vendiendo espacios que tienen casas y que la gente ahí vive, por esa razón está aquí la gente, hay 12 espacios que fueron revendidos, hay 35 lotes que están como baldíos, pero tienen dueño, la gente ya inició su proceso”.
Agregó que los vecinos de la colonia aseguran que ya los han ido amenazar que paguen de aquí al lunes o de lo contrario los van a desalojar, y es que los precios varían, se acordó que serían 43 mil por lote y algunos que piden 50, 60 hasta 70 mil pesos, por ello “nosotros queremos trato justo para los habitantes de la colonia y se respete el convenio”.
Después al mediodía una comisión de unas 30 personas se trasladó a las instalaciones de la CAPAMA, donde manifestaron que hay varias colonias que no cuentan con servicio de agua y que están pendiente obras de infraestructura sanitaria e hidráulica.
En declaraciones Alejandro Toledo Morales, quién es integrante del Colectivo de Organizaciones Solidarias, dijo que el problema más fuerte es en Gaviotas Cuatro “se está contaminando la gente, se está llenando de granos y la intención es que el director resuelva el problema”.
Texto: Aurora Harrison / Foto: Carlos Alberto Carbajal
