El crimen es considerado por el derecho internacional como perseguible en todos los órdenes jurídicos, y todos los Estados “tienen la obligación de procesarlo o en su caso extraditar a una persona responsable”, expone el abogado de los padres de los 43
Chilpancingo, Guerrero, 12 de abril de 2023. El abogado de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, Vidulfo Rosales Sierra señaló que Tomás Zerón de Lucio, el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) no es ningún perseguido político como se presentó en una entrevista con un medio de Israel, porque cometió tortura en México, y es un crimen que todos los Estados están obligados a procesar y extraditar a quien lo haya cometido.
También consideró que del encuentro de Zerón con el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas Rodríguez, no se cuidaron las formas jurídicas y diplomáticas, lo que no sólo complicó la extradición del exfuncionario, sino que “fue mucha la exposición” del subsecretario de Gobernación.
Como se informó ayer en estas páginas, Zerón de Lucio quien participó en la fabricación de la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, dio una entrevista al diario de Israel Yediot Ahronot, en la que habla de la reunión que tuvo con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en febrero de 2022 en Tel Aviv, y además se presentó como perseguido político del gobierno mexicano.
Tomás Zerón llamó “ingenuo” a Encinas Rodríguez por pensar que lo convencería de regresar por propia cuenta a México para responder por las acusaciones de tortura en el caso Ayotzinapa, y de manipulación de evidencia en las investigaciones para esclarecer la desaparición de los 43, en el que fue captado sembrando evidencia.
Ayer consultado al respecto vía telefónica, Rosales Sierra comentó que Tomás Zerón es un funcionario público que está inmiscuido en actos de tortura, un crimen que es considerado por el derecho internacional como perseguible en todos los órdenes jurídicos, y que todos los Estados “tienen la obligación de procesarlo o en su caso extraditar a una persona responsable de cometer dichos crímenes”.
Afirmó que el exfuncionario cometió el delito de tortura en México, razón por la cual Israel, “tiene la obligación de extraditarlo o iniciar un proceso allá, entendemos que ninguna de las dos cosas ha hecho, yo creo que es por un mal abordaje, un mal tratamiento que el gobierno mexicano le ha dado al caso de Tomás Zerón”.
Consideró que el Estado mexicano ha desdeñado “la capacidad que esta persona tiene, los vínculos que tiene con las autoridades israelíes”, aunado a que las instituciones del Estado han procedido de manera inadecuada, de tal manera que hoy en día el gobierno de Israel, también por intereses diplomáticos y geopolíticos ajenos al caso Ayotzinapa, favorece a Tomás Zerón.
Expresó que de ninguna manera Zerón de Lucio es un perseguido político, “¿cómo va a ser un perseguido político un personaje que creó un montaje de investigación, que desvió el conocimiento de la verdad en un asunto tan complicado y que además torturó a decenas de personas para justamente desviar el conocimiento de la verdad y ocultar el paradero de los jóvenes?”.
De la charla que tuvo Tomás Zerón con Alejandro Encinas, del que se dice fue grabado sin su consentimiento y le habría dicho que él no lo acusa ni los responsabiliza, pero le pedía que le ayudara a esclarecer la desaparición de los normalistas, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan expuso que “Alejandro hizo su trabajo, obviamente él está interesado en conocer la verdad, y ha hecho todo lo que está a su alcance para lograr el conocimiento de la verdad”.
Sin embargo, afirmó que “no se cuidaron las formas jurídicas y diplomáticas para tener ese acercamiento y creo que se expuso demasiado a Alejandro Encinas, y es una de las razones por las cuales se complicó la extradición” de Tomás Zerón, porque “las autoridades israelíes no vieron bien que un funcionario de alto nivel del gobierno de México haya tenido un acercamiento de esta naturaleza”.
Insistió en que “la convicción de Alejandro Encinas de querer indagar este asunto lo llevó a sostener esta reunión y obviamente fue mucha la exposición de su parte”.
De que Alejandro Encinas habría dicho a Tomás Zerón que para él era difícil enfrentar la corrupción de algunos de los más cercanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, Vidulfo Rosales manifestó que era aventurado decirle eso, pero sí “hay muchos obstáculos y esos obstáculos están en la Fiscalía General de la República (FGR) y están en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que sí, muchos de ellos son los titulares de estas instituciones y muy cercanos al presidente”.
Se le preguntó qué les informó la integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Ángela Buitrago, de su reunión con López Obrador el pasado lunes 3 de abril, pero respondió que aún no les ha dicho nada, “vamos a tener reunión en los próximos días, esperamos que ahí pueda informarnos al respecto”.
En la recta final del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa reprochan a su gobierno no solo la falta de extradición de Tomás Zerón de Lucio, también que no se reactiven las órdenes de aprehensión en contra de militares y autoridades civiles de Guerrero, así como que el Ejército no entregue toda la información que creen podría dar con el paradero de los jóvenes y lo que realmente ocurrió aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Texto: Emiliano Tizapa Lucena
