Texto: DPA, redacción El Sur y Apro / Foto: Eric Chavelas, Archivo El Sur
Ciudad de México, 15 de marzo de 2018. Más de tres años después de la desaparición de 43 estudiantes en México, el Gobierno mexicano volvió a enfrentarse hoy con un organismo internacional por cuestionamientos a la investigación y por la presunta tortura de 34 detenidos.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) afirmó en un informe que tiene “fuertes elementos de convicción” de que hubo tortura, detenciones arbitrarias y otras irregularidades. México respondió que los abusos fueron sólo “casos excepcionales”
El documento “Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, se basa en expedientes judiciales, fichas médicas y entrevistas a funcionarios y detenidos.
De un total de 129 personas detenidas en el caso se examinaron 63 para el informe. “En 34 casos tenemos fuertes elementos de convicción de que sí hubo tortura”, dijo el representante en México del organismo, Jan Jarab.
La conclusión y metodología usada fueron cuestionadas; sin embargo, en un comunicado conjunto por la Fiscalía General, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores de México.
“De los casos analizados y sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul (para verificar casos de tortura), no se ha acreditado la comisión de tales actos, salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente”, afirmó el Gobierno mexicano.
“Preocupa de manera especial que el Informe de la OACNU-DH arroje conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del Poder Judicial”, agregó.
La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, en el sur del país, desaparecieron 43 estudiantes de la escuela rural de magisterio de Ayotzinapa, después de ser perseguidos y atacados por policías municipales aliados con el crimen organizado.
La Fiscalía mexicana concluyó inicialmente, basada en las declaraciones de varios detenidos, que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en un basurero cercano a Iguala.
Sin embargo, la hipótesis fue desmentida a partir de peritajes e investigaciones propias por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Equipo Argentino de Antropología Forense.
“El informe no establece una teoría del caso”, dijo Jarab. Está enfocado sólo en actos de tortura y violaciones a los derechos humanos cometidos contra los detenidos en la fase inicial de las investigaciones, hasta enero de 2016.
Jarab dijo que los funcionarios responsables permanecen impunes, por lo que llamó a las autoridades a hacer una auténtica investigación y al Poder Judicial a desechar las pruebas obtenidas bajo tortura.
“Oponerse a la tortura no significa estar a favor de los delincuentes”, señaló. “No se puede resolver una grave violación a los derechos humanos cometiendo otras violaciones”.
Jarab dijo que “si bien el caso Ayotzinapa es sin duda uno de los casos de violaciones a los derechos humanos más emblemático del siglo XXI en México, la desaparición forzada, la tortura, el encubrimiento para proteger a funcionarios que comenten violaciones, todo ello existe más allá del caso Ayotzinapa” y debe ser superado.
Según el documento, 33 hombres y una mujer detenidos sufrieron lesiones físicas como golpes, patadas, toques eléctricos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y varias formas de tortura psicológica.
La ONU-DH denunció “un patrón consistente de violaciones de derechos humanos” en el que participaron la Fiscalía General, la Policía Federal y en algunos casos de la Marina-Armada.
El Gobierno mexicano respondió que las investigaciones y pruebas existentes “no sustentan las conclusiones”.
El documento “omitió información relevante que consta en los expedientes, incluyendo pruebas periciales obtenidas con base en los más altos estándares internacionales existentes (Protocolo de Estambul)”, indicó en su comunicado.
Según la ONU-DH, el modus operandi consistió en detenciones arbitrarias, tardanzas en la presentación formal de la persona detenida ante el Ministerio Público, actos de tortura para obtener información o confesiones y, por último, presentar al detenido ante la Fiscalía donde presuntamente continuaron los actos de tortura.
El informe menciona también irregularidades en diligencias realizadas en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, cuando el entonces jefe investigador de la fiscalía, Tomás Zerón, trasladó a un detenido hasta el lugar y levantó evidencia sin dejar registro.
El caso Ayotzinapa es uno de los más graves de desaparición forzada ocurridos en México. Pese a las numerosas detenciones no se sabe cuál fue la causa de que los estudiantes fueran perseguidos y entregados al crimen organizado. Sólo se encontraron e identificaron con certeza fragmentos óseos de uno de los jóvenes.
En caso Ayotzinapa se detectan 34 torturas y una ejecución extrajudicial
Detenciones arbitrarias, torturas, una ejecución extrajudicial y detenidos puestos a disposición del Ministerio Público Federal más de 24 horas después, son algunos de los hallazgos de la investigación realizada por integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH).
El documento titulado “Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa” –se fundamenta en la revisión de expedientes y entrevistas a 63 de 129 inculpados por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en septiembre de 2014.
De las personas a las que tuvo acceso, en 51 casos “la ONU-DH dispone de indicios sobre la posible existencia de tortura”, y de éstos, en 34 –entre ellos una mujer– hay “fuertes elementos de convicción” de que ocurrió ese ilícito.
Una versión pública del documento fue dado a conocer en la edición 2121 de la revista Proceso, obtenido a través de una solicitud de acceso a la información a la Procuraduría General de la República (PGR), toda vez que el contenido fue entregado el 6 de septiembre de 2016 al entonces titular de la Visitaduría General, César Alejandro Chávez Flores, días antes de que fuera relevado del cargo tras encontrar responsabilidades administrativas y penales en la actuación de Tomás Zerón de Lucio en el Rio San Juan.
La divulgación de la versión completa de esa investigación sobre violaciones a los derechos humanos cometidas entre septiembre de 2014 y enero de 2016, responde a lo anunciado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos, la semana pasada.
Con base en interrogatorios a detenidos, familiares y testigos de los arrestos, así como en la revisión de expedientes, el reporte sostiene que en los 34 casos “los actos de tortura, tanto física como psicológica, habrían sido realizados por Policía Federal, Policía Federal Ministerial y/o por elementos de la Secretaría de Marina (Semar)”.
En los casos en los que las detenciones fueron ejecutadas por la Policía Federal Ministerial –cuatro de ellas en colaboración con la Marina, de acuerdo con los reportes oficiales–, de manera inequívoca “una de las autoridades señaladas directamente por los actos de tortura tanto ante el juez de la causa como ante la ONU-DH” sería dicha corporación, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) dirigida entonces por Zerón.
En esos hechos existen señalamientos de que “los Ministerios adscritos a la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) habrían tenido un papel activo en la comisión o el encubrimiento de actos de tortura”.
Por las denuncias recabadas y cotejadas con los reportes médicos, los métodos de tortura utilizados en el caso Ayotzinapa fueron “violencia sexual, toques eléctricos en genitales, pezones y ano; penetración anal; golpes en diferentes partes del cuerpo con puños, patadas y armas; asfixia a través de la colocación de bolsas de plástico en la cabeza; ahogamiento a través de la colocación de trapos en la cara seguido de derramamiento de agua; toques eléctricos en múltiples partes del cuerpo; amenaza de muerte contra la persona detenida y su familia, en ocasiones a través de fotografías de familiares”.
El equipo de investigación también registró “actos de desnudez forzada, amenazas de ser arrojado desde un helicóptero, ‘envoltura’ (acto de enrollar a la persona en su totalidad con una manta dificultando la respiración y el movimiento) y ‘encintamiento’ (que consiste en cubrir con cinta adhesiva a la persona)”.
El caso extremo fue el de Emmanuel Alejandro Blas Patiño, presuntamente detenido junto con Eury Flores López y Francisco Javier Lozano Cuevas el 27 de octubre de 2014, “quien habría fallecido a raíz de las torturas infligidas por elementos de la Semar que habrían participado en su detención”.
De acuerdo con el documento de la ONU-DH, la puesta a disposición de Eury Flores López y Francisco Javier Lozano Cuevas –firmada por los efectivos de la Semar– señala que fueron arrestados el 27 de octubre de 2014 a las cinco horas en Cuernavaca, Morelos. Sin embargo, los investigadores del organismo recabaron información de las personas procesadas, testigos y de los expedientes, “que indican que la detención habría ocurrido al menos siete horas antes, es decir alrededor de las 22 horas del 26 de octubre de 2014. Las dos personas fueron puestas a disposición ante el Ministerio Público a las 11:30 del 27 de octubre de ese mismo año”.
En la puesta a disposición, los marinos identifican a una tercera persona que estaba con Flores y Lozano en un automóvil y portaba armas, quien salió del vehículo y “fue perseguido por uno de los efectivos militares”, mientras ingresaba a un edificio de tres pisos. No se aportan más detalles de lo ocurrido con esa persona.
No obstante, en una declaración ministerial contenida en la carpeta de investigación SCOI/7325/2014, rendida por un cabo de la marina el 27 de octubre de 2017, Blas Patiño habría caído del techo del edificio al que ingresó en su huida.
Según la información recabada por ONU-DH y las declaraciones preparatorias de los detenidos, Blas Patiño falleció “como resultado de la asfixia con bolsa plástica y múltiples golpes”.
En su declaración preparatoria, Flores describió: “Después de que me dejaron, como a unos cinco o 10 metros se encontraba el Chiquis (Blas Patiño), igual lo estaban torturando con la bolsa… hasta que escuché: ‘¡ya valió madre, ya valió madre, éste no aguantó, se me ahogó!’, y se escuchó que llegaron los demás y le dijeron que qué había hecho, y él les dijo que se había ahogado, que no había aguantado”.
Los exámenes médicos de Flores y Lozano revelaron que sus cuerpos tenían más de 30 y 17 lesiones, respectivamente, ello a pesar de que, “según el parte informativo de las autoridades, la detención fue pacífica”.
En el caso de Blas Patiño, su cuerpo fue levantado por la Fiscalía General del estado de Morelos. En la necropsia se asentó: “presenta las siguientes lesiones recientes que clasifican como violencia física de características anatómicas”, así como 16 tipos de lesiones externas, y como causa de la muerte expuso: “hemorragia cerebral aguda, laceración encefálica y sección medular y fractura vertebral consecutivo a traumatismo severo”.
De acuerdo con el reporte, a pesar de que nueve de los detenidos denunciaron las torturas al rendir su declaración preparatoria, y al menos 33 casos ante un juez de Distrito, “no hay registro de que se iniciara inmediatamente una investigación por parte del Ministerio Público”.
Y resalta que ante el evidente maltrato de los detenidos, en al menos cuatro ocasiones “agentes del Ministerio Público adscritos a la SEIDO dieron vista a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y a la Visitaduría General –ambas de la PGR– en relación a posibles conductas delictivas atribuidas a funcionarios públicos federales”, entre ellos elementos de la Policía Federal Ministerial, entonces bajo las órdenes de Zerón de Lucio.
Las denuncias sobre los abusos en detenciones en las que también participaron marinos implican a 15 personas torturadas.
A pesar de que la PGR descartó en las investigaciones de algunas denuncias la existencia de tortura, basada en la aplicación del Protocolo de Estambul, la ONU-DH tiene elementos de convicción que contradicen la versión oficial en al menos diez casos.
En comunicaciones de marzo y octubre de 2017, la ONU-DH recibió información de la Unidad Especializada para la Investigación del Delito de Tortura de la PGR, sobre la existencia de una averiguación previa que acumula las denuncias de 128 víctimas relacionadas con el caso Aytozinapa.
El informe de la ONU-DH abordó la falta de una defensa adecuada para los inculpados, motivo del informe, además de que 19 firmaron declaraciones auto inculpatorias, entre ellos Jonathan Osorio Cortés y Agustín García Reyes, quienes habrían participado en las diligencias que sostienen la “verdad histórica”.
“En entrevista con la ONU-DH, 17 personas procesadas alegaron que fueron amenazadas por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la SEIDO, incluso delante de su defensor público”, sostiene el informe.
Sobre la diligencia encabezada por Zerón de Lucio el 28 de octubre de 2014 y no reportada en el expediente, la OACNUDH recuerda que pese a que el 27 de abril de 2016 Zerón intentó involucrar a funcionarios de esa oficina de la ONU como testigos de sus actuaciones, éstos no las presenciaron.
La ONU-DH consideró que Agustín García Reyes, quien fue llevado por Zerón de Lucio al río San Juan, fue víctima de abusos, como violaciones al debido proceso –por la falta de registro de la diligencia en el expediente y no contar con su abogado en el momento de ser conducido al río– y actos de tortura o malos tratos contra el inculpado “entre el momento de su detención y su puesta a disposición”.
Para el organismo, “en este caso las implicaciones van más allá de los hallazgos de tortura, detención arbitraria y otras violaciones en contra del detenido en cuestión. La diligencia en el río San Juan es de fundamental importancia para el caso Ayotzinapa en su conjunto al constituir un elemento clave de la versión presentada públicamente por la PGR el 27 de enero de 2015 (la ‘verdad histórica’), en particular en lo que se refiere a la identidad de los supuestos perpetradores y el destino de los 43 estudiantes desaparecidos forzosamente”.
El informe retomó la resolución del exvisitador César Chávez, en la que encontró responsabilidades penales y administrativas del exdirector de la AIC por los hechos ocurridos en el río San Juan, así como la destitución del funcionario, el cambio de las conclusiones y la posterior impugnación de éstas por los familiares de los estudiantes desaparecidos, ante un tribunal federal.
En conjunto, para la ONU-DH el análisis de este caso obliga a la renovación por parte de las autoridades de procuración de justicia “para evitar una práctica institucional de comisión de tortura y otras violaciones a derechos humanos, así como la tolerancia y el encubrimiento”.
El documento formuló cinco recomendaciones a la PGR –entre ellas una a la Visitaduría General, para que investigue los hechos denunciados y se finquen responsabilidades–, e hizo lo propio con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); el presidente Enrique Peña Nieto, para que atienda la recomendación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y cree el Consejo Asesor de Lucha contra la Impunidad, y al Poder Legislativo, con el fin de que realice la reforma constitucional para dar autonomía a la Fiscalía General de la República, y se cree un Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y los Malos Tratos, así como una institución nacional de ciencias forenses.
A los tres niveles de gobierno, la ONU-DH recomendó “abstenerse de emitir cualquier declaración incriminatoria, denigrante o descalificatoria contra las víctimas de violaciones a derechos humanos, las organizaciones acompañantes o sus representantes, y en general contra cualquier persona que promueva la erradicación de la tortura en México, así como contra funcionarios públicos que, cumpliendo con su deber, hayan participado en las investigaciones de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el caso Ayotzinapa”.
