Texto: Redacción
Acapulco, Guerrero, 10 de octubre de 2018. En medio de señalamientos de malos manejos de recursos públicos y por la desaparición de armas de la Secretaría de Seguridad Pública, el ex presidente municipal de Acapulco, el perredista Evodio Velázquez Aguirre, presentó una solicitud de amparo para no ser detenido que fue tramitada por el despacho del controvertido ex fiscal Javier Olea Peláez.
De acuerdo con el documento en poder de El Sur, la solicitud de amparo y protección de la justicia contra actos emanados de 68 autoridades, se presentó ante el juzgado décimo sexto de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México y fue firmada en Cuernavaca, Morelos.
La solicitud incluye a autoridades de varios estados del país, entre ellas del Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Nayarit, Jalisco y diversas autoridades federales como PGR y estatales como la Fiscalía General del Estado y Fiscal Anticorrupción del estado de Guerrero, que en realidad es la Fiscalía de Combate a la Corrupción.
En el documento se indica el pasado primero de octubre, el primer día en que ya era ex alcalde, presuntos agentes federales que se presentaron como de la Agencia de Investigación Criminal y como agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado llegaron a su domicilio y dijeron que tenían una orden de aprehensión o de comparecencia en su contra por un juez de control federal y un juez de control de Guerrero, y al no encontrar a Velázquez en su casa se retiraron sin dejar mayores datos de la supuesta orden.
Agrega que “por fuentes periodísticas posteriores al operativo realizado en Acapulco por la Marina el pasado 25 de septiembre, el entonces alcalde Evodio Velázquez fue informado que la PGR, la SEIDO, la Fiscalía del estado y la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Guerrero, a petición del gobernador, habían iniciado investigaciones en su contra y que ya se habían judicializado con pedimento de orden de aprehensión y/u orden de comparecencia”. Así que tiene “el temor fundado que se haya dictado una orden de aprehensión y/o orden de comparecencia en mi contra y se pretenda ejecutar en mi perjuicio toda vez que en ningún momento he desplegado conducta que pusiera ser constitutiva de delito alguna que pudiera ser constitutiva del delito”.
Velázquez Aguirre menciona el operativo que hizo la Marina, PGR y Fiscalía General del Estado y señala que de manera ilegal fueron detenidos diferentes funcionarios, en aparente alusión a los dos mandos operativos que fueron sacados de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública municipal acusados de homicidio.
Indica que elementos de las corporaciones policiacas dijeron a funcionarios del ayuntamiento que si en esa fecha él no tuviera fuero constitucional lo hubiesen detenido, “intentando fundar dicha detención en un supuesto caso urgente, por diversos delitos supuestamente por el suscrito y funcionarios de mi administración”, porque desde mayo del 2018 la PGR y la Fiscalía de Guerrero y la fiscalía Anticorrupción se encontraban integrando diversas carpetas de investigación en su contra y que ni podían judicializarlos por tener fuero”.
El ex alcalde autorizó para que en su nombre y en su representación reciba cualquier clase de notificaciones y documentos y para que interpongan los recursos que procedan, ofrezcan y rindan pruebas, aleguen en las audiencias, soliciten la suspensión o diferimiento y realicen cualquier acto a los integrantes del despacho Olea & Olea abogados, uno de los más caros del país y cuyo presidente honorario es el ex fiscal de Guerrero, Javier Olea Peláez, quien renunció al cargo el pasado 25 de abril cuando argumentó que era por razones “estrictamente personales”.
En la lista de sus abogados también incluye a Daniel Meza Loeza, uno de sus hombres más cercanos y quien fue el secretario general de Ayuntamiento.
Apenas el jueves pasado el auditor superior del estado, Alfonso Damián Peralta, informó que ex alcalde perredista tiene pendientes de solventar unas 30 observaciones de los ejercicios fiscales de 2016 y 2017, más los que se acumulen en el 2018, que comenzará a revisar en enero del 2019.
