Casi dos años más tarde, lo que realmente se ejerció en 2018 sigue siendo motivo de polémica y, aunque el cambio de administración impuso nuevas prácticas al proceso, persisten retos en la transparencia de los recursos.
Ciudad de México, 19 de septiembre de 2019. El 16 de febrero de 2018, cinco meses después del 19S, nuevos movimientos sacudieron el panorama de la reconstrucción. Uno telúrico, de 7.2 grados, y otro político, con la renuncia del primer Comisionado para la Reconstrucción, Ricardo Becerra.
Junto con él, subcomisionados también dejarían el órgano creado tras la emergencia: Mauricio Merino y Katia D’Artigues.
En la carta de renuncia, enviada al entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera; Becerra, ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) señaló la arbitrariedad en la asignación de casi 8 mil millones de pesos por parte de diputados de la Asamblea Legislativa (ALDF).
“No tiene relación alguna con el diagnóstico de las necesidades de las personas afectadas por el sismo y el orden de prioridades que la Comisión ha identificado, después de más de 150 visitas a lugares críticos”, indicó en la misiva.
Cuatro meses después, la organización Nosotrxs reportó que sólo 4.2 por ciento de los recursos etiquetados como parte de la reconstrucción podían ser comprobados como ejercidos por las dependencias, mientras que del resto era imposible seguir el rastro.
Casi dos años más tarde, lo que realmente se ejerció en 2018 sigue siendo motivo de polémica y, aunque el cambio de Administración impuso nuevas prácticas al proceso, persisten retos en la transparencia de los recursos y se vislumbran nuevas obligaciones conforme avanza la reconstrucción.
“Esto es otro mundo”
Para Merino, actualmente integrante del Consejo Consultivo de la Comisión para la Reconstrucción a través de la organización Nosotrxs, creada en 2017, el panorama de la rendición de cuentas es incomparable entre 2018 y 2019.
“Yo sí noto una diferencia incluso abismal, en lo que vivimos en aquellos momentos con la intervención de la ALDF con Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero, que se adjudicaron la facultad de asignar todo el dinero destinado a la reconstrucción. Esa intervención obviamente quedó completamente atrás”, indica en entrevista.
En primer lugar, asegura, ya no hay ninguna decisión que no pase por la Comisión de Reconstrucción y tampoco percibe, desde el Consejo Consultivo atención selectiva o clientelar de los damnificados.
“Nada que ver con lo que vivimos en ese tiempo”, señala.
El primer informe del Consejo Consultivo y Nosotrxs, publicado a finales de agosto tras la primera sesión del Consejo, da cuenta de que aún existen flaquezas a la hora de comprobar el ejercicio de los recursos.
“La información se ha limitado a reportar lo indicado en el Fideicomiso de Reconstrucción y Rehabilitación, y se reportan sólo bases de datos en Excel, gasto comprometido y gasto ejercido”, explica el informe.
De acuerdo con éste, para 2019 se habrían ejercido, hasta agosto, 517.88 millones de pesos mientras que mil millones se encuentran comprometidos.
La última actualización consultada de dicha base de datos sumaba 737 millones de pesos ejercidos hasta el 13 de septiembre. La información de dicho archivo incluye donativos, tipo de trabajo, empresa o particular asignado a los trabajos y hasta dinero devuelto.
La falta de detalle fue criticada por Ricardo Becerra, ex Comisionado para la Reconstrucción, quien trabajó hasta mayo de este año en un programa de investigación del CIDE relacionado con la reconstrucción.
“En la investigación que seguimos pudimos constatar una vez más la enorme debilidad institucional del País y de los gobiernos locales, incluyendo el Gobierno de la Ciudad, para poder levantar y desplegar un censo de los daños y de las consecuencias que causa un desastre como el que vivimos.
“La ausencia del censo es probablemente el pecado capital del proceso de reconstrucción”, criticó Becerra.
Para Merino, el reto de aquí en adelante será llevar a cabo el seguimiento de los trabajos que las empresas contratadas harán.
“Hubo opacidad”
A dos años del sismo, aún es difícil saber qué sucedió exactamente con parte de los recursos etiquetados desde el Presupuesto de Egresos 2018 para atender la emergencia. Sobre ese ejercicio pende la suspicacia de la intervención de la Comisión de Gobierno de la entonces ALDF.
Para Merino y Becerra, quienes acompañaron el proceso desde el principio, hubo responsabilidades evidentes en el manejo de los recursos, que pudieron o no haberse desviado, pero que seguramente retrasaron la ejecución del dinero en tareas de atención a la emergencia y reconstrucción.
En las revisiones de Cuenta Pública 2017 y 2018, la Auditoría Superior de la Federación escarbó en el ejercicio de los recursos del Fonden para la recuperación de centros deportivos por parte de la Ciudad, encontrando deficiencias en los trabajos ejecutados.
Asimismo, revisó la vigilancia en el uso de recursos provenientes de donativos por parte de instancias federales, en los que observó poca regulación, coordinación y transparencia en el manejo de los mismos.
Pero del ejercicio de recursos locales, habrá que esperar hasta noviembre de este año, cuando la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) concluya revisiones a la Cuenta Pública 2018, en la que actualmente revisa el ejercicio de recursos de la reconstrucción ejercidos por la Secretaría de Obras y la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi).
Texto: Víctor Juárez / Agencia Reforma / Foto: Cuartoscuro-Archivo
