Se suspende la reunión que tendrían Amnistía Internacional, Serapaz y la Red TDT con el gobernador debido al sismo. Señalan una deficiente estructuración de las políticas públicas para atender las violaciones a los derechos humanos. La presencia militar y de la PF no funciona para la seguridad, sólo para inhibir, amenazar y hostigar a la población, advierten. Se criminaliza a los defensores de derechos humanos, señalan
Texto: Zacarías Cervantes
Foto: Jessica Torres Barrera
Chilpancingo.-Representantes de organismos de derechos humanos que integraron la misión civil de observación para conocer la situación de violencia que se vive en Chilapa, demandaron a los tres niveles de gobierno que implementen de manera urgente políticas públicas y acciones que resuelvan el grave problema de la violencia y de violaciones graves a los derechos humanos en la entidad, y particularmente en Chilapa.
Los representantes de los organismos internacionales, nacionales y locales ofrecieron este miércoles una conferencia de prensa para dar a conocer sus impresiones de lo que escucharon y observaron en Chilapa, y en las comunidades de Tepozcuautla y Ahuihuiyuco, a donde fueron el martes.
A las 10 de la mañana de ayer tenían programada una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, con el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes y con el fiscal General del Estado (FGE) Javier Olea Peláez, pero se suspendió debido a que el gobernador se trasladó a la zona norte de la entidad para evaluar los daños provocados por el sismo del martes.
En conferencia de prensa expusieron que los testimonios que escucharon en Chilapa apuntan hacia una deficiente estructuración de las políticas públicas enfocadas a atender el problema de la violencia, y de las graves violaciones a los derechos humanos. Destacaron que en muchas ocasiones las víctimas sufren una triple vulnerabilidad por ser indígenas, pobres y por no tener acceso a la justicia.
Criticaron que la presencia militar y de la Policía Federal no ha servido para resolver los casos de ejecuciones, desapariciones, desplazamientos de pueblos enteros y que sólo sirven para inhibir, amenazar y hostigar a la población, por lo que consideraron que se debe cambiar la estrategia para resolver el problema de la inseguridad.
La misión civil de observación fue integrada por representantes de Amnistía Internacional (AI), la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Servicios para la Paz (Serapaz), Tequio Jurídico, Código DH, un representante de la Ibero Puebla, y contaron con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz (PBI), y un observador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Además por organismos locales como Tlachinollan, el Centro Morelos y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti).
El secretario técnico de la Red TDT, Fernando Ríos Martínez explicó que la misión se integró porque “se ha visto (en Guerrero) una escalada de violencia de parte del crimen organizado y en ocasiones, por agentes estatales implicados”.
Explicó que lo que alentó a la misión a Guerrero fue que muchos de los episodios de violencia terminan en crímenes, “que suelen ser muy dolorosos y con costos muy altos para los familiares de las víctimas”.
Agregó que les preocupa que en este contexto se desenvuelven los defensores que han tomado como un motivo de vida los derechos humanos porque han tenido familiares asesinados, violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas y ejecuciones.
Informó que han documentado 21 ejecuciones de defensores en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, “lo que nos parece sumamente grave”. Agregó que las violaciones se han triplicado, “vemos que es una política de Estado por los factores que el gobierno federal ha implementado”.
Ríos Martínez expresó que son preocupantes las agresiones y violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de las personas defensoras, “porque cuando se inhibe sus acciones se caya a una voz fundamental de la sociedad, y cuando se intenta terminar con la vida de las personas defensoras, lo que se busca en el fondo es terminar con las acciones que están impulsando”.
Contó que independientemente de las 21 personas defensoras ejecutadas en el sexenio de Peña Nieto, nueve se encuentran desaparecidas por su trabajo de defensa de los derechos humanos.
Explicó que en su visita también observaron que por la violencia hay un desplazamiento forzado de comunidades enteras, un desplazamiento “hormiga”, que es poco a poco y de pequeñas familias que se van moviendo.
Agregó que en cuanto a desplazamiento en las comunidades de Tepozcuautla, Ahuihuiyco y Tetitlán, se enteraron de una situación “muy delicada”.
Explicó que a través del desplazamiento forzado se da una mayor vulnerabilidad en todos los derechos, porque las familias tienen que abandonar el patrimonio de muchos años, los recursos que necesitan para la vida, y dejan todo lo que tienen para poder huir de sus comunidades, y esto pone en una situación de riesgo grave a los niños y a los adultos mayores.
También informó que en las tres comunidades que visitaron existen graves carencias en salud y educación, porque las escuelas y los centros de salud siguen cerrados, “hay milpas y casas abandonadas, y eso demuestra que no hay condiciones que muestren que la situación ha cambiado. Hay una frágil armonía en las comunidades en este sentido”, destacó el secretario técnico de la Red TDT.
Atestiguó el dolor y la impotencia de las familias, informa Serapaz
Alister Guerrero de Serapaz dijo que la misión de observación atestiguó el dolor y la impotencia de las familias de las víctimas, “derivados de la impunidad y la indolencia de las autoridades responsables de garantizar el acceso a la justicia para víctimas y sus familiares”.
Contó que los testimonios que escucharon apuntan hacia una “deficiente estructuración de las políticas públicas enfocadas a atender esta problemática”.
Añadió que en su recorrido atestiguaron la difícil situación que atraviesan los familiares de las víctimas.
“En muchas ocasiones sufren una triple vulnerabilidad por su condición indígena monolingüe sin acceso a intérpretes, porque son mujeres en condiciones de pobreza extrema provenientes de zonas alejadas y dependientes de un trabajo manual mal remunerado y no valorizado, y el difícil acceso a la justicia”, expuso.
Contó que por encima de estas condiciones de vulnerabilidad deben encontrar la fuerza y los recursos en su búsqueda de justicia, sin tener una ley ni un marco jurídico que las proteja y acompañe y proporcione condiciones reales de justicia y de reparación del daño.
El representante de Serapaz hizo un llamado a los distintos niveles de gobierno, a “establecer políticas públicas que efectivamente ofrezcan apoyo a este sector de la sociedad”.
Asimismo, dijo que se debe de aprobar una ley general de desaparición acorde con las exigencias de los colectivos de familiares de víctimas, tanto en el plano federal y después en el plano estatal, además de su debida y correcta implementación.
Raquel Aguilera de Amnistía Internacional informó que en el recorrido que hicieron por Chilapa y tres de sus comunidades pudieron darse cuenta de la gravedad de la situación de violencia que se vive en esa zona, y que en esos lugares simultáneamente se vive una estigmatización y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos que denuncian esta situación y acompañan a las víctimas.
“Eso nos preocupa mucho y es muy importante para nosotros que las distintas autoridades reconozcan el trabajo de las personas defensoras derechos humanos, y de las organizaciones de la sociedad civil, porque si bien las víctimas están en un marco de vacíos legales y no hay seguimiento en las investigaciones, las personas que están defendiendo sus derechos se encuentran en un estado igual de vulnerabilidad”, advirtió.
El director de Tlachinollan dijo que es evidente que la estrategia militar como una medida para resolver el problema de la inseguridad no ha dado resultados, y que los militares solamente sirven para inhibir, amenazar y hostigar a los ciudadanos, pero no para atacar el problema de la violencia.
Dijo que el mismo martes hubo una excesiva presencia militar en Chilapa y en las comunidades que visitaron, pero sólo para inhibir a los miembros de la misión de observación de quienes tomaron sus datos y los mantuvieron vigilados, como una forma de intimidación.
