Lo único que se ha visto en estos días “son ataques de Los Ardillos a las comunidades indígenas”, responde el Cipog-EZ y pide la desarticulación de ese grupo delictivo. No intervino el Ejército y la GN en la zona para evitar que hubiera civiles fallecidos: Sheinbaum
Alcozacán y Chilpancingo, Guerrero y Ciudad de México, 13 de mayo de 2026. En las comunidades indígenas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, hay muertos, desplazados, miedo y hambre provocado por Los Ardillos. Los pobladores afirman que este grupo del crimen organizado viene apoyado por el Ejército mexicano, que mantiene “mucho odio a sus comunidades porque desde hace más de cuatro décadas hay rebeldía”.
Durante seis días esas comunidades han sido atacadas con disparos y drones artillados; hasta ayer llegó el gobierno. Los ataques dejaron tres muertos, seis heridos y al menos 15 desaparecidos, hombres que se encontraban apagando un incendio forestal en Xicotlán provocado por Los Ardillos y que “ya no llegaron a sus casas”.
En Alcozacán llegaron a refugiarse al menos 800 personas, entre mujeres, niños y ancianos, “los hombres se encuentran en los cerros peleando contra el grupo delictivo”.
Uno de los pobladores más viejos contó a El Sur que desde hace 15 años se encuentran en guerra, en la autodefensa, primero contra el grupo de Los Rojos encabezado por Zenén Nava alias El Chaparro, después contra Los Ardillos encabezado por Celso Ortega Jiménez.
“Todos esos grupos siempre encabezados por los guachos (como llaman a los soldados del Ejército), los guachos nos tienen odio porque hace años un grupo guerrillero los emboscó cerca de estas comunidades, desde esos tiempos siempre vinieron a amedrentarnos y en los últimos años ya mandaron sus grupos de sicarios, pero son los mismos, la forma de organizarnos no les gusta y la forma de defendernos menos”, explicó el poblador.
Hace 29 años, el 24 de mayo de 1997, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) emboscó un convoy militar en la carretera de Chilapa a Tlapa, cerca de Tepozonalco, donde murieron dos elementos del Ejército federal y unos 20 quedaron heridos. También murieron dos guerrilleros. Después de los ataques los militares incursionaron en los pueblos del Rincón de Chautla, Papaxtla, Ayahualtempa, Alcozacán, Tula, Xicotlán y otras comunidades nahuas en busca de los guerrilleros.
“Desde ahí vienen nuestros problemas, el Ejército después ocupó a los grupos delictivos para intentar desplazarnos, para sacarnos de nuestro territorio, pero ahora sí vienen con todo, ocupan drones, descuartizan a los pobladores y nos imponen miedo, eso es lo que realmente pasa, la presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo) sabe lo que nos pasa, nosotros nos estamos defendiendo, no nos queda de otra y lo que pase es culpa del gobierno, porque ellos son los que protegen a los sicarios”, reclamó.
Ayer llegaron decenas de policías estatales y Guardia Nacional a la zona del conflicto. Contrario a lo que había señalado la presienta Claudia Sheinbaum, que desde el lunes había presencia de autoridades.
El convoy fue encabezado por el subsecretario de Asuntos Políticos, Francisco Rodríguez Cisneros, que fue abriendo el camino bloqueado de Atzacualoya a Ayahualyempa, cerrado por troncos de pinos y piedras, que Los Ardillos pusieron para bloquear el paso.
A las 11 de la mañana Rodríguez Cisneros llegó a la cancha de Alcozacán, donde tuvo un diálogo a regañadientes con los pobladores, que en todo momento le reclamaron la seguridad y la falta de atención del gobierno.
En la cancha había cientos de desplazados, en sus mayoría mujeres, niños y ancianos, porque los hombres “se encuentran en las trincheras peleando contra Los Ardillos”.
En ese lugar el subsecretario justificó que llegaron tarde porque no querían poner en riesgo a la población.
“Estuvimos trabajando para evitar todos los riesgos, porque lo más importante para nosotros es la vida de todas y de todos ustedes, la vida de las mujeres, la vida de los niños, de los hombres, de los ancianos, como lo decía el comisario, la vida de la gente que no sabe caminar, o que no puede caminar porque tiene problemas de salud, y evitamos todos los riesgos posibles. Ya estamos aquí, venimos a estar con ustedes, con nadie van a estar mejor que con la autoridad”, les dijo a los desplazados.
“Tengan confianza que lo que vamos a hacer, va a ser construir un acuerdo de paz duradera. ¿Qué les pido a los comisarios, a los coordinadores, a los promotores? que seamos muy cuidadosos en la expresión pública, que seamos muy cuidadosos en lo que decimos”.
En la reunión las mujeres querían dar su testimonio, pero no pudieron por la prisa de los funcionarios.
El Sur tomó algunos de los testimonios, desgarradores y contados entre sollozos, que relataron la imposibilidad de llevar una vida digna.
“No podemos ni salir a trabajar, no podemos ni comer”, confesó una de las desplazadas en la cancha de basquetbol donde había ancianos y niños amontonados en sillas de plástico.
“No es solo de seguridad, es de supervivencia básica. Los campos de labor están abandonados y las escuelas cerradas. No somos parte de un grupo delictivo; somos trabajadores, campesinos y familias que quedaron atrapados en la línea de fuego de una disputa que no entendemos, pero sufrimos a diario”, expresó la mujer desplazada, que además busca a su esposo desaparecido desde el sábado.
Las comunidades se encuentran en medio del territorio de Los Ardillos, en esa parte se encuentra la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) que en su tiempo fueron comandados por Cirino Plácido Valerio.
En la zona no hay nada, la gente vive en la pobreza extrema, no hay maestros, no hay médicos y los caminos están controlados por la policía municipal de Chilapa que según los pobladores está controlada Los Ardillos.
“Pedimos justicia, pedimos que nos escuchen”, clamó.
El llamado no es solo para el cese de las balas, sino para la restitución de su derecho a la salud, a la alimentación y al libre tránsito. Mientras tanto, en Alcorzacán, siguen llegando los desplazados.
“¿Por qué nos hacen esto? Somos gente de trabajo”, cuestionó otra señora desplazada con mirada firme, pero cargada de tristeza.
“Cuando necesitamos protección, no hay nadie. Cuando queremos trabajar, nos cierran los caminos”, señaló con amargura.
Alcozacán se volvió el pueblo de la resistencia, donde hombres jóvenes con rostros endurecidos y madres sosteniendo a sus hijos esperan una respuesta que no llega.
La gente dejó sus pertenencias, sus animales y su historia atrás para salvar la vida, llegando a refugios donde la ayuda humanitaria es escasa y el futuro es una hoja en blanco.
“Solo queremos que nos dejen trabajar en paz”.
Los pobladores esperan que el gobierno recupere el control territorial y garantice la seguridad de sus comunidades o de lo contrario “están condenados a desaparecer del mapa, devorados por la violencia y el olvido institucional”.
Fuerzas federales y estatales toman el control de la zona de conflicto en Chilapa, asegura la Segob
La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que las fuerzas de seguridad federales y estatales tomaron el control en comunidades de Chilapa, a casi una semana de las agresiones de un grupo delictivo contra pobladores de tres comunidades nahuas.
“Luego de varios días de bloqueos en caminos y carreteras, enfrentamientos y desplazamientos de familias, el día de hoy se restableció el diálogo y los pobladores facilitaron el paso a las fuerzas de seguridad estatales y federales en el corredor comunitario de Chilapa, Guerrero”, informó sin precisar a qué pobladores se refería.
Este lunes, integrantes del grupo Paz y Justicia, a quienes fuentes policiacas vinculan con el grupo delictivo Los Ardillos, impidieron el paso al subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, para llegar a Alcozacán. Desde el domingo el gobierno estatal anunció que Rodríguez Cisneros iría a atender de forma directa a los desplazados refugiados en esa comunidad.
En el comunicado Segob afirmó que 120 pobladores estaban desplazados y seis personas resultaron lesionadas, y que se restablecieron los servicios de luz y telefonía y se liberó la carretera estatal que conecta con José Joaquín Herrera y caminos secundarios.
“Los 120 pobladores desplazados manifestaron su deseo de no ser trasladados a un albergue, sino de permanecer en esas comunidades, por lo que se les proporcionaron insumos de primera necesidad, como colchonetas y cobertores y generadores de luz”, manifestó la Secretaría.
La dependencia dijo que se desplegaron 690 soldados del Ejército en 80 vehículos, 400 agentes de la Guardia Nacional en 50 vehículos, 200 elementos de la Policía Estatal, 34 unidades, cinco helicópteros, ambulancias y personal médico.
“En las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, en Chilapa, fueron atendidos los integrantes de las familias que dejaron sus hogares por las agresiones de grupos contrarios. Se les proporcionó servicio médico, alimentación y seguridad”, añadió.
En Alcozacán fue la reunión del subsecretario Rodríguez con los desplazados de Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán. Y es la primera vez que en estos días aparece el nombre de Coatzingo, que según los indígenas agredidos, es la comunidad desde donde Los Ardillos atacan a los que viven en Tula.
“Al momento se tienen seis personas reportadas como lesionadas, mismas que recibieron atención médica en hospitales del IMSS-Bienestar”, detalló la Segob.
Establecen Rosa Icela y Evelyn un Centro de Mando en Chilpancingo
Además, en Chilpancingo se estableció un Centro de Mando encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en la que también participa el subsecretario de Gobernación César Yáñez y responsables de seguridad en el estado.
Asimismo participan el comandante de la Novena Región Militar, general José Roberto Flores; el comandante de la Octava Región Naval, Martín Enrique Barney; el comandante de la 35 Zona Militar, Juan Ignacio Hernández; el coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Óscar García; el comisionado del Servicio de Protección Federal, Francisco Javier Moreno Montaño; la delegada estatal de la FGR, Neyra Salgado; y el secretario técnico de la Mesa de Paz, Héctor Daniel Ocampo.
A primera hora del martes, al comenzar su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez estaría ausente en la presentación del informe de seguridad, debido a que prefirió dedicarse a atender la situación en Chilapa.
“No está la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez porque está atendiendo el tema de Guerrero, debido a Chilapa. Estuvo en la reunión de la mañana y prefirió seguir atendiendo este tema”, comentó la presidenta.
Luego del anuncio, Gobernación indicó en un comunicado que por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, funcionarios de la dependencia se trasladaron a Guerrero para ayudar al retiro de bloqueos y el restablecimiento del orden en Chilapa.
Se dijo que el subsecretario César Yáñez estableció diálogo con líderes de los grupos en conflicto en Chilapa para terminar disputas y bloqueos, además de permitir la entrada de las fuerzas armadas para restablecer el orden, sin precisar qué líder ni cuáles son los grupos en conflicto.
“Hoy por la mañana el subsecretario de Gobernación César Yáñez Centeno se comunicó con los líderes de ambos grupos en conflicto en la zona de Chilapa, en Guerrero, a quienes les hizo ver la necesidad y urgencia de recuperar la paz en la región”, dijo la dependencia en el comunicado.
Además “les solicitó terminar las disputas y los bloqueos de manera pacífica para que pudieran ingresar las fuerzas armadas a restablecer el orden, así como a la atención y retiro de las personas heridas en el lugar. Los líderes estuvieron de acuerdo en su planteamiento”.
Hasta ahora, tras seis días de los ataques solamente se sabía que el grupo agresor era el que mantenía un bloqueo en la carretera, el mismo que impidió el paso al subsecretario de Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros este lunes.
Gobernación informó que fueron seis las personas reportadas como lesionadas que recibieron asistencia médica del IMSS-Bienestar, además que “se establecerán mesas por separado con los dos grupos para tratar de llegar a una solución de fondo”.
El comunicado de Gobernación aseguró que al lugar también acude la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien –en coordinación con la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda, así como con el subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez– efectuarán recorridos por las comunidades en conflicto para atender la situación de las familias.
No obstante, la gobernadora y la secretaria no hicieron tales recorridos y se concentraron en el Palacio de Gobierno en Chilpancingo.
De acuerdo con versiones de trabajadores del gobierno estatal, por la presencia evidente de elementos seguridad pública, reforzados con camionetas de la Marina, se estima que la secretaria de Gobernación estuvo ahí entre las 12 del día y las 2 de la tarde.
También señalaron que se dio la tarde libre al personal del edificio Centro, donde está la oficina de la titular del Poder Ejecutivo estatal, debido a la visita de la funcionaria federal.
Reporta el Cipog-EZ mil 300 desplazados; exige la desarticulación de Los Ardillos
En penumbras, debido a que el grupo delictivo Los Ardillos les cortó la energía eléctrica, transcurrió la noche del lunes el pueblo de Alcozacán, municipio de Chilapa, de donde en el transcurso del día habían salido desplazadas mujeres, niños y adultos mayores, además de los refugiados de Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán que fueron atacados en sus pueblos desde el miércoles.
Mientras tanto, antes de que se implementara el operativo de las fuerzas federales, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), exigió la desarticulación del grupo criminal de Los Ardillos, al que señala como el responsable de los ataques.
De acuerdo con el Cipog-EZ hay mil 300 personas desplazadas debido a los ataques, tanto en Alcozacán como de Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán, quienes pernoctaron la noche del lunes bajo la lluvia y a la intemperie en los cerros a los que huyeron tras los ataques en Alcozacán, donde estaban refugiados los que huyeron de las tres últimas localidades.
En un video que transmitió uno de los vecinos que se quedó con el grupo de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) para defender la comunidad, refirió que el grupo atacante permanecía al asedio en la orilla de la localidad, dijo en su transmisión en la cancha donde el lunes se encontraban los desplazados.
“En estos momentos está lloviendo aquí, ¿dónde están los refugiados que según dice la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum que está protegiendo?, aquí yo no veo a ninguno”, dijo mientras hacía un paneo en la cancha en penumbras.
“Los refugiados que estaban aquí salieron huyendo a los montes, acaba de llover y ahora ¿qué van a decir la gobernadora y la presidenta de la República?, ¿dónde los están cuidando?, porque aquí no los veo, aquí hay pura oscuridad y casas vacías y abandonadas”, insistió.
A esa hora, minutos después de las 12 de la noche, mostró un camino por donde todavía estaban huyendo algunos de los pobladores, “ahí van unos señores que ya se van pa’l monte porque aquí no hay seguridad, los sicarios se encuentran aquí, en la orilla de la comunidad, por un momento se han calmado, pero en cualquier momento empezarán nuevamente a atacar al pueblo y por eso la gente se tuvo que salir, ojalá que mañana aún amanezcamos”, dijo en referencia al riesgo de que perecieran en un nuevo ataque.
La alcaldesa de Chilapa desvía dinero para equipar a Los Ardillos, denuncia
En tanto, antes de que se implementara el operativo de las fuerzas federales y estatales en las comunidades nahuas atacadas, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), envió un mensaje “urgente” a las organizaciones nacionales a las que pertenece; al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), al Congreso Nacional Indígena (CNI), al Consejo Indígena de Gobierno (CIG), a la
“Europa insumisa” y a la Misión Civil de Observación (MCO) sexta.
Exigió en su comunicado la desarticulación del “grupo criminal de Los Ardillos”, al que señala como el responsable de los ataques, así como la detención inmediata de los hermanos Celso, Bernardo, Jorge y Antonio Ortega Jiménez, a quienes señala como los dirigentes del grupo delictivo.
Informó que el lunes mil 300 desplazados (según la agrupación a los 800 de Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán se sumaron aproximadamente 500 de Alcozacán), “mujeres, niños, niñas y personas de la tercera edad tuvimos que abandonar nuestras casas, nuestras tierras y nuestros cultivos para salvar nuestras vidas”.
Reprochó que tuvieron que desplazarse porque no fue cierto que los gobiernos federal y estatal les mandó protección, como lo informó la presidenta Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina del lunes.
“Si fuera cierto no habría otra comunidad más desplazada. Nuestros niños no estarían otra vez durmiendo en el monte, bajo la lluvia, sin luz y sin comida, temblando de frío y de miedo”, recriminó el Cipog-EZ.
Señaló que el fiscal general del estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda; el secretario de Seguridad Pública, Daniel Ledesma Osuna y el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, “son responsables de todo lo que nos está pasando y son cómplices de Los Ardillos. No han hecho nada para detener la violencia y los ataques en nuestras comunidades”.
Pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga directamente. “Dicen que nos están protegiendo pero eso es mentira. Si de verdad quisieran proteger a nuestros pueblos no habría niños durmiendo bajo la lluvia ni familias enteras escondidas en el monte”, recriminó la agrupación antes de que llegara el operativo.
Informó que por la violencia, ya suman desde el 2015, 81 asesinatos y 25 desaparecidos.
Reprochó: “Mientras la gobernadora publica fotos y dice que el gobierno está atendiendo la situación, la realidad es que no han hecho nada para nuestros pueblos. Todo ha sido una simulación para los medios de comunicación”.
Recriminó que si fuera así, no hubiera otra comunidad más desplazada (Alcozacán), y los desplazados pasando la noche en los cerros, “sin luz y sin comida, temblando de frío y de miedo. Las madres no estaríamos caminando en la oscuridad cargando a nuestros hijos, tratando de esconderlos de las balas y los drones, sin saber si mañana vamos a seguir vivos o si algún día podremos regresar a nuestras casas, ¿a poco esto es la transformación de la que hablan?, reprochó.
Añadió que, antes, durante el día siguieron las balas, los drones y los incendios de casas en sus comunidades.
Dijo que, mientras tanto, el fiscal Zipacná Jesús Torres Ojeda; el secretario de Seguridad Pública, Daniel Ledesma Osuna, y el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros “se sientan con los criminales como Mercedes Carballo Chino, presidenta municipal de Chilapa y cuñada de Celso Ortega Jiménez. Ella, junto con su sobrino Irving Carballo Chino se han encargado de robar los recursos de nuestras comunidades y desviarlos a Los Ardillos para que sigan creciendo y equipándose con las armas y los drones que hoy lanzan contra nuestros pueblos”.
Añadió, “le pedimos a Claudia Sheinbaum que intervenga directamente. Dicen que nos están protegiendo pero eso es mentira. Si de verdad quisieran proteger a nuestros pueblos no habría niños durmiendo bajo la lluvia ni familias enteras escondidas en el monte”.
Reprochó que el gobierno tiene helicópteros, armas y fuerzas suficientes para entrar. “No creemos la excusa de Francisco Rodríguez Cisneros de que no hay paso”. Si no pueden garantizar la seguridad del pueblo, ¿para qué están?”.
El Cipog-EZ hizo responsables a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, “de todo lo que siga pasando en nuestras comunidades”.
Asimismo, exigió la detención “inmediata” de los hermanos Celso, Bernardo, Jorge Iván y Antonio Ortega Jiménez, “así como la desarticulación del grupo criminal Los Ardillos”.
Exigen defensores detener la violencia y proteger a los indígenas de Chilapa atacados
Organizaciones sociales y organismos de derechos humanos de Guerrero y del país exigieron ayer investigación y sanción a los responsables materiales e intelectuales de los ataques a las comunidades nahuas de Chilapa, garantizar condiciones de retorno seguro para las familias desplazadas y de manera inmediata un operativo de protección y seguridad en las comunidades atacadas.
Antes de que los gobiernos federal y estatal implementaran un aparatoso operativo que ayer llegó a esas comunidades, después de seis días de ataques a balazos y con explosivos lanzados desde drones, (comenzaron el miércoles y cesaron el lunes), llamaron a difundir “urgentemente la situación que viven las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero y exigir al Estado mexicano acciones inmediatas para detener la violencia y proteger a la población”.
Hicieron el llamado la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), que aglutina a más de 80 organizaciones en el país; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Misión Civil de Observación-Sexta (MCO).
En un documento, denunciaron que las comunidades indígenas de la región Montaña Baja de Guerrero, pertenecientes a la organización Cipog-EZ “se encuentran bajo ataque armado”.
Agregaron que las comunidades denunciaron la ausencia total de una intervención efectiva de autoridades estatales y federales.
“Aunque había algunos elementos del Ejército destacados en las comunidades, éstos no actuaron para proteger a la población civil, sino que se limitaron a tomar fotos”, criticaron.
Las organizaciones recordaron que desde 2015, estas comunidades “han estado bajo el asedio del crimen organizado, el cual busca generar terror en la población para desarticular la organización comunitaria y su sistema de seguridad y justicia indígena”.
Destacaron que en 11 años, se han documentado por lo menos 76 asesinatos y 25 desapariciones, mientras que el Estado mexicano “ha mostrado una actitud de completa indiferencia frente a la desesperación de los pueblos indígenas”.
Hicieron un llamado “urgente” al gobierno federal y del estado, así como a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, medios de comunicación y organizaciones sociales a implementar “de manera inmediata un operativo de protección y seguridad” en las comunidades víctimas para detener los ataques armados y el uso de drones con explosivos.
Además, garantizar la vida e integridad de las personas desplazadas, realizar las acciones urgentes de búsqueda y protección de personas desaparecidas o retenidas, investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los ataques y garantizar condiciones de retorno seguro para las familias desplazadas.
La violencia en Chilapa, por la disputa de Ardillos y Tlacos, según García Harfuch
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch señaló que la violencia de los últimos seis días en comunidades de Chilapa es resultado del conflicto entre los grupos criminales Los Ardillos y Los Tlacos, y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no intervino la fuerza pública federal pues una confrontación dejar civiles fallecidos.
A pregunta en la conferencia en Palacio Nacional, García Harfuch respondió que “aparte de que hay población que no tiene nada que ver” con la delincuencia organizada la violencia “sí se deriva de dos grupos criminales, que son Los Ardillos y Los Tlacos”.
El secretario informó que tres personas heridas fueron trasladadas a hospitales Chilpancingo, y luego de que la presidenta había dicho que se dialogó para que se permitiera la salida negó rotundamente que el gobierno federal tenga tratos con los grupos delictivos.
“No, por supuesto que no hay ningún diálogo con ellos, sino con las policías comunitarias de representantes, perdón, de las poblaciones”, respondió el secretario a la pregunta de otro reportero.
En la conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había dado la información de los heridos, sin precisar entonces el número, y dijo que por medio del diálogo se buscaba que los dejaran salir para que fueran atendidos.
“Lo que estamos promoviendo es que puedan salir las personas heridas, que se quiten los bloqueos y mediante el diálogo permitir que esto ocurra, porque hay personas armadas que están ahí. Lo que no queremos es que haya un enfrentamiento que vaya a afectar a la población civil. Primero que nada hay que preservar la vida de las personas”, dijo.
La presidenta indicó que se buscaba una salida sin confrontación: “Alguien podría decir ‘que llegue el Ejército y desarme a las personas que están ahí’. Sí, nada más que eso va a representar una confrontación donde puede haber civiles fallecidos o incluso puede haber una confrontación muy grave. Nosotros nunca buscamos esa condición, al contrario, buscamos siempre tener todos los mecanismos de las operaciones que se hacen para buscar que haya el menor número de heridos”.
Sheinbaum comentó que el objetivo es preservar la vida de las personas, pues
“más allá de que haya grupos delictivos ahí, que evidentemente tienen que atenderse con la fuerza de la ley, hay muchas personas alrededor, no se puede actuar exclusivamente con el Ejército o con la Guardia Nacional” dijo.
Comentó entonces que le pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, atender la situación de forma personal, para permitir la salida de personas heridas y atender a las personas desplazadas.
Por su parte, el secretario García Harfuch comentó que desde el inicio hay en la zona elementos de la Guardia Nacional y se debe preservar la seguridad de las personas ante todo, por lo que se debe cuidar no ponerlas en riesgo. Indicó que en la reunión del Gabinete de Seguridad del lunes, se reportó el desplazamiento de 96 personas, lejos de las 800 que maneja el dirigente del Consejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo.
“Desde el inicio hay cerca personal de Guardia Nacional. Es muy, muy delicado y es importante que sepan que primero, la autoridad está para preservar y proteger a la ciudadanía, hay actores y ciertas personas que en el momento que están digamos provocando, que en el momento que ingresara la autoridad, se pondría en riesgo la vida de otras personas”, comentó.
García Harfuch no está bien informado o quiere justificar la inacción del gobierno: Cipog-EZ
El dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, rechazó que la violencia en comunidades de Chilapa sea por la confrontación entre los grupos delictivos Los Tlacos y Los Ardillos y que lo que ha ocurrido en los últimos días solamente “son ataques de Los Ardillos a las comunidades indígenas para desplazarlas”.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, señaló ayer en la conferencia matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que la violencia en las comunidades nahuas de la Montaña baja de Guerrero, se debe a un conflicto entre Los Ardillos y Los Tlacos.
En respuesta, el dirigente indígena dijo por teléfono que el funcionario “está mal informando” y le pidió que venga personalmente a la zona a investigar, “porque él como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, debe de tener la información clara”.
Y subrayó: “Si está seguro que son dos grupos criminales los que se están disputando, que los detenga, nosotros llevamos 10 años denunciando, sacando comunicados, realizando marchas por la violencia que estamos sufriendo en las comunidades indígenas, y qué casualidad que hasta ahora dicen que la violencia es por la disputa entre dos grupos criminales, ¿por qué no lo dijeron antes?”.
Plácido Galindo indicó que el secretario de Seguridad Federal o no tiene una información clara de lo que está pasando en estas comunidades, “o lo que dijo fue para justificar la inacción del gobierno federal ante la violencia que estamos viviendo”, declaró el dirigente del Cipog-EZ, quien insistió que
Atajó: “Este no es un conflicto entre cárteles, es un despojo que se pretende de nuestro territorio, así lo hemos venido denunciando desde hace muchos años”.
Añadió que con sus declaraciones, García Harfuch quiere desviar el verdadero problema; que es el desplazamiento de los pobladores de Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán, que se dio en los últimos seis días.
“Pedimos a García Harfuch que investigue bien; ¿de qué conflicto entre cárteles está hablando?, está bien claro que se está desplazando a mujeres, niños y ancianos de las comunidades, con ataques armados y el lanzamiento de explosivos a través de drones hacia las comunidades donde opera el sistema de seguridad comunitaria”.
Insistió que “lo invitamos a que venga y si de parte de las comunidades indígenas hay carteles pues que los detenga, es su papel como autoridad”.
Pero indicó que la realidad es que la respuesta del funcionario al problema de violencia en Chilapa “es mediática y una burla para los pueblos de la región, pues, además, dice que no vienen a detener ni a dialogar con nadie, pues entonces así no se va a resolver el problema de violencia porque ellos lo están permitiendo.
Reprochó que hayan dejado pasar seis días para que desplazaran a mujeres, niños y ancianos, ¿entonces qué están haciendo?, ¿de qué sirve tanta policía, tantos militares, tantos guardias nacionales que hay en el país?, ¿de qué sirve tanta inteligencia y tanto armamento que tienen si no los usan para combatir al crimen organizado?”.
Advirtió que el mensaje que está dando el funcionario es que, el Gobierno federal, quiere desarticular el sistema de seguridad comunitaria y al Cipog-EZ, y pidió que, en todo caso, “actúen contra los carteles y grupos criminales, porque su papel es velar por la seguridad de los ciudadanos”.
Lenin Ocampo Torres, Juan Luis Altamirano, Zacarías Cervantes, Redacción/Foto: Lenin Ocampo Torres
