Son 112 hombres, mujeres y niños, informa la SSP. Identifica a algunos originarios de estados principalmente del norte a quienes investiga por su probable vínculo con la violencia en la zona. Son sicarios y familias que apoyaron al líder detenido, según el Frente de Policías Comunitarias.
Chilpancingo, Guerrero, 3 de agosto 2019. La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que derivado de la operación conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y Leonardo Bravo (Chichihualco), 112 personas, entre hombres, mujeres, niñas y niños, fueron trasladados el jueves de diversas comunidades a Chilpancingo para garantizarles seguridad.
El lugar donde se encuentran refugiados se mantiene bajo reserva a petición de las familias a las autoridades, porque temen agresiones de los grupos delictivos que se disputan las comunidades en la sierra, dijo una fuente del gobierno estatal.
En un boletín la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que después de la operación conjunta, el jueves “se dio acompañamiento” a 112 personas, entre hombres, mujeres, niñas y niños que fueron trasladados de diversas comunidades de la sierra de los municipios de Leonardo Bravo y General Heliodoro Castillo a Chilpancingo, “en donde se les brindó alimentación y hospedaje, así como asistencia médica y sicológica”.
“En este grupo de personas fueron identificados algunos masculinos originarios de diferentes estados, principalmente del norte de la República, a quienes se les investiga por su probable vínculo con los hechos registrados en días pasados en la mencionada zona, y por su posible responsabilidad en la comisión de hechos delictivos”, informó la dependencia.
“Da vergüenza que las autoridades se presten a estar sacando a delincuentes”, dice el FUPCEG
El vocero del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), Salvador Alanís Trujillo denunció la tarde del jueves que agentes de la Guardia Nacional a bordo de ocho vehículos y una patrulla al frente, “estaban sacando de la sierra a los sicarios de El Carrete”, así como a las familias que lo apoyaron.
Dijo que es una “pena, y da vergüenza que las autoridades se presten a estar sacando a delincuentes”.
Mientras tanto, familias refugiadas en una localidad del municipio de Heliodoro Castillo que fueron desplazadas de las localidades de Margaritas, El Encanto, La Parota, El Limón, Tecomazúchitl, Villa Xóchitl, El Naranjo, El Plancito, Ojo de Agua, Corral de Piedra, Polixtepec y El Salitre, denunciaron amenazas, hostigamiento y persecución de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo a raíz de los enfrentamientos que comenzaron el domingo en Corral de Piedra.
En un video demandaron el miércoles protección a los gobiernos federal y estatal, porque, denunció una mujer que leyó un comunicado, “están dispuestos a hacernos daño”.
Reprochó a los líderes de la Policía Comunitaria que cuando necesitaron el apoyo de esos pueblos “se lo brindamos, pensando que las cosas iban a cambiar, pero ahora nos damos cuenta a qué personas corruptas apoyamos”.
Según el vocero del FUPCEG, Salvador Alanís, algunas gentes de esas 11 comunidades recibieron y le dieron apoyo al “líder criminal” Santiago Mazari Hernández, El Carrete, pero aseguró que la Policía Comunitaria no está en contra de toda la gente y que quienes pidieron la protección del gobierno son los que se vincularon directamente con El Carrete.
Aseguró que no hay problema con los pueblos porque ellos pertenecen a la Policía Comunitaria e insistió que quienes se dicen ahora desplazados ayudaron al Mazari Hernández cuando llegó a esos lugares, sabiendo que lo estaba combatiendo la Policía Comunitaria por sus actividades delictivas.
También negó que estén impidiéndoles el paso en el corredor de Filo de Caballos o a Tlacotepec, aseguró que sigue libre y garantizó seguridad para quienes deseen transitar por esa zona.
Los desplazados que fueron trasladados de la sierra por el Ejército y la Policía Estatal a Chilpancingo se encuentran en un sitio que se mantiene bajo reserva a petición de las mismas familias, porque temen agresiones de los grupos delictivos que se disputan las comunidades, declaró una fuente del gobierno estatal a quien se solicitó información del caso.
Además, explicó que no es posible su “exposición” pública por el mismo proceso de investigación en que se encuentran algunas de ellas.
Texto: Zacarías Cervantes/Foto: Especial
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