“Sigue sin justicia y refleja un patrón de falta de rendición de cuentas por los abusos cometidos por soldados en un contexto de creciente militarización en el país”, advierte Tlachinollan
Chilpancingo, Guerrero, 12 de marzo de 2026. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia este 13 de marzo para tratar el asesinato del indígena guerrerense Bonfilio Rubio Villegas, cometido en el 2009 por militares cerca de Huamuxtitlán, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
El joven nahua de 30 años de edad, originario de Tlatzala, municipio de Tlapa, fue asesinado por soldados del Ejército mexicano en un retén militar cuando viajaba en un autobús de pasajeros.
De acuerdo con Tlachinollan, organismo que da seguimiento al caso, a más de 16 años el asesinato de Bonfilio, “sigue sin justicia, y refleja un patrón de falta de rendición de cuentas por los abusos cometidos por soldados mexicanos en un contexto de creciente militarización en el país”.
En un comunicado, Tlachinollan refiere que la audiencia de la CIDH ofrecerá una nueva oportunidad de rendición de cuentas en el caso de Rubio Villegas.
En la audiencia participarán con testimonios sobre el caso la cuñada de Bonfilio, así como abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representantes del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center (Kennedy Human Rights), así como representantes del gobierno mexicano.
El 20 de junio de 2009, Bonfilio Rubio Villegas iba a visitar a su familia cuando el autobús en el que viajaba fue detenido por militares en un retén cerca de Huamuxtitlán, para una inspección de rutina.
Después de revisar a todos los pasajeros y dar por concluida la inspección, soldados del Ejército mexicano abrieron fuego de forma repentina cuando el autobús comenzaba a avanzar, y uno de los disparos impactó directamente a Bonfilio, causándole la muerte de inmediato.
Tlachinollan refiere que aunque Bonfilio era un civil, el crimen fue inicialmente remitido a la jurisdicción militar, lo que impidió una investigación imparcial.
En 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el caso debía ser conocido por un tribunal civil.
Tlachinollan reprocha que, sin embargo, en los años posteriores ha habido avances “limitados” en su caso.
“En cambio, la familia de Bonfilio ha enfrentado hostigamiento y retrasos procesales en su búsqueda de justicia”, denuncia el organismo.
“Las balas disparadas por soldados hicieron añicos el sueño de Bonfilio de construir un hogar digno para sus padres en la región de la Montaña de Guerrero”, denunció Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan.
Para el activista, la audiencia de este 13 de marzo en la CIDH, “representa una oportunidad histórica para avanzar en la búsqueda de justicia”.
Por su parte, Angelita Baeyens, vicepresidenta de Incidencia y Litigio Internacional del Kennedy Human Rights, de quien también se citan declaraciones en el comunicado, señala que el asesinato de Bonfilio “ilustra los peligros de la militarización sin supervisión ni rendición de cuentas”.
“Desde el inicio de la llamada guerra contra las drogas, las operaciones militares sin control en todo México han provocado un aumento de ejecuciones patrocinadas por el Estado, desapariciones forzadas y tortura”, señala la activista de Estados Unidos.
Indica que la persistente impunidad que ha rodeado estos crímenes no puede continuar, “especialmente ahora que México enfrenta una mayor inestabilidad tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho”.
La petición para que el caso fuera revisado por la CIDH, fue presentada en el 2017 por Kennedy Human Rights, Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
Se informó que tras la audiencia, la CIDH emitirá un informe en el que expondrá sus conclusiones y formulará recomendaciones al gobierno mexicano.
Zacarías Cervantes
