Héctor Manuel Popoca Boone
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publica cada dos años el Índice de Competitividad Estatal (ICE), y en él señala que, entre más competitivos sean los indicadores estatales anuales en las diferentes áreas de la actividad humana y en la calidad de vida de sus habitantes, más atractiva será una entidad federativa para que ahí enraícen mayores inversiones y desarrollo económico.
El ICE, a partir de las fortalezas y debilidades de los estados del país, reflejadas en datos y cifras de corte anual en tópicos: sociales, económicos y políticos, valoriza qué tan atrayentes son cada uno de ellos para el desarrollo de talentos humanos y el crecimiento de las inversiones en sus respectivos territorios; ubicándolos según un índice promedio ponderado de competitividad estatal.
Hace un año, en un artículo de opinión, expresaba lo siguiente: “Los endebles cimientos de tipo económico, educativo y de salud en esta entidad sureña, fueron aún más debilitados por la pandemia del Covid-19 y por los estragos del huracán Otis y siguen siendo, a la vez, los obstáculos más importantes para convertirnos en un estado competitivo e innovador, con constante fomento al conocimiento y tecnología aplicada, para poder otorgar un mayor valor agregado a los bienes y servicios manufacturados, a partir de un amplio espectro de mano de obra calificada y certificada. Hay que incluir además los impedimentos de la alta inseguridad pública, los altos niveles de corrupción e impunidad imperantes, así como la profundización de actividades delincuenciales y de narcotráfico en general, en el marco de un ‘Estado de Chueco más que de Derecho’. Guerrero permanece, para nuestro desdoro, como la entidad federal con la competitividad más baja de la República”.
¿Qué tanto hemos mejorado o empeorado en estos tres años de cogobierno de Evelyn Salgado Pineda y su “¿Papá incómodo”, Félix Salgado Macedonio?
En términos económicos generales y no obstante que permanecemos ubicados en el último lugar (32) a nivel nacional, es decir, somos lo peorcito de las entidades federativas, el PIB per cápita estatal mejoró de 77 mil 088 pesos (en el 2021) a 93 mil 181.10 pesos (en el año 2023). En inversión por población económicamente activa, de 39 mil 900 pesos (2021) a 42 mil 500 pesos (2023); pero descendió el indicador denominado “Talento” –porcentaje de la población de 25 años o más que cuenta con educación superior, normal o técnica–, de 14.6 por ciento a 14.1 por ciento.
En este primer trienio, mejoramos nuestra ubicación en el indicador: “sistema político” (del lugar 27 al 24); pero en “Gobierno eficiente y eficaz”, nos mantuvimos en el último lugar (32); en el de “mercado de trabajo eficiente” permanecimos en el lugar 31. Empeoramos en cuanto a “economía estable”, pasando del sitio 26 al 30°. Permanecemos en el mismo lugar, en “infraestructura básica productiva” (29); en “apertura a la economía exterior” bajamos del lugar 23 al 25. En materia de “Innovación”, mejoramos de posición al pasar del 32 al 28; lo mismo que en “Derecho” (21° al 19°) y no tuvimos variación en el indicador relativo a “sociedad” (31) y en el tema de “medio ambiente” (12).
Décadas atrás nos disputábamos, año tras año, con Oaxaca y Chiapas, el último lugar a nivel nacional. Ahora Guerrero, a partir de la pandemia del Covid-19 y el huracán Otis, así como con el deterioro paulatino pero constante, que hemos padecido gracias a nuestra clase política y de nuestra frágil estructura de seguridad pública, educativa y de salud y el alto nivel de criminalidad y delincuencia, dentro del marco de la corrupción e impunidad sistémica, nos hemos posicionado como el último eslabón de la cadena de capacidad competitiva a nivel nacional; es decir, por lo que se refiere a la eficiencia y eficacia económica, política y social en estas tierras del sur. Hoy Chiapas ocupa el penúltimo lugar y Oaxaca, el antepenúltimo lugar nacional. Nosotros somos, “la cola de la cola.”
Por otro lado, de los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Inegi-ENCIG) 2023, podemos saber que un estimado de 57.6 por ciento de los encuestados guerrerenses manifestaron insatisfacción general por los servicios públicos básicos y bajo demanda en nuestra entidad federativa; 96.7 por ciento manifestó su insatisfacción por los servicios de agua potable; el 64.1 por ciento manifestó que la presencia de la policía no es garantía de seguridad pública; el 87.4 expresó que seguirá la práctica de la corrupción gubernamental, donde ocupamos el quinto lugar a nivel nacional en el mayor costo per cápita promedio (4 mil 883 pesos) a consecuencia de la misma.
