Texto y foto: EFE
Washington DC, 3 de abril de 2018. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que planea que los militares estadunidenses se encarguen de vigilar y mantener segura la frontera con México hasta que se construya un muro en ese límite, y aseguró que la “caravana” de migrantes centroamericanos que se dirigía a su país se ha disuelto.
“Hasta que podamos tener un muro y seguridad fronteriza, vamos a estar vigilando nuestra frontera con nuestras Fuerzas Armadas. Ése es un gran paso”, dijo Trump a los periodistas durante un almuerzo con los líderes de los Estados bálticos en la Casa Blanca.
“Hasta que podamos tener un muro y seguridad adecuada, vamos a vigilar nuestra frontera con militares”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.
Además, amenazó de nuevo con cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
“Haremos cosas con México y tendrán que hacerlo. De otra manera, no haré el TLC”, aseguró el Mandatario durante una reunión con líderes del Báltico en la Casa Blanca.
El Presidente aseguró que había discutido la idea con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis.
En los últimos tres días, el Presidente ha arremetido contra las leyes migratorias en Estados Unidos y ha dicho que son muy débiles. Además, ha llamado a México a reforzar sus políticas migratorias para evitar el cruce de centroamericanos hacia su país.
Trump no dio más detalles sobre ese plan para militarizar la frontera, y no está claro qué cuerpo de las Fuerzas Armadas se encargaría de proteger la frontera sur, que actualmente está vigilada por agentes migratorios entrenados específicamente para ello.
Tanto los expresidentes George W. Bush (2001-2009) como Barack Obama (2009-2017) recurrieron a soldados de la Guardia Nacional, un cuerpo de reserva de las Fuerzas Armadas, para vigilar la frontera en distintas operaciones puntuales, pero esa medida recibió entonces críticas por su elevado coste.
El secretario de Defensa de EU, James Mattis, estaba presente en la reunión de la Casa Blanca cuando Trump habló de sus intenciones de militarizar la frontera.
Trump quiere, por otra parte, que el Pentágono ayude a financiar la construcción del muro fronterizo con México, y la semana pasada habló con Mattis sobre ese tema, según el Departamento de Defensa.
El Presidente parece descontento con los fondos que logró para su proyecto estrella en el presupuesto federal, que incluye únicamente mil 600 millones de dólares para la construcción de una barrera fronteriza, pero con condiciones muy restrictivas y lejos de sumar los 25 mil millones que había pedido al Congreso.
Para beneficiarse de los extensos fondos del Pentágono, sin embargo, sería necesario “reprogramar” la financiación concedida al Departamento de Defensa para el año fiscal de 2018, y eso requiere una acción del Congreso, donde es difícil que Trump obtenga los 60 votos que hacen falta para ello.
Quiere establecer cuotas anuales a los jueces de inmigración
Este martes también se informó que el gobierno de Trump quiere presionar a los jueces de inmigración con cuotas anuales para acelerar la tramitación de casos y, eventualmente, aumentar las deportaciones, informó hoy The Washington Post.
Los jueces deberán procesar un mínimo de 700 casos al año para obtener una evaluación de rendimiento “satisfactoria”, según las nuevas directrices del Departamento de Justicia a las que ha tenido acceso el rotativo capitalino.
Las nuevas directrices también penalizarán a los magistrados que eleven más del 15 % de ciertos casos a tribunales superiores o a jueves que fijen audiencias demasiado separadas en el tiempo una de otra.
El objetivo de las cuotas es desatascar los más de 600 mil casos pendientes ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por su sigla en inglés), el sistema judicial de inmigración de Estados Unidos.
Estos casos pueden tardar años en llegar ante un juez, un tiempo en el que generalmente los inmigrantes están autorizados a trabajar en Estados Unidos, lo que algunos ven como un incentivo a la inmigración irregular.
Un portavoz del Departamento de Justicia, Devin O’Malley, dijo al The Washington Post que actualmente los jueces de inmigración procesan de media 678 casos al año, aunque algunos de los magistrados llegan a mil 100.
“Esto equivale a completar tres casos por día, por lo que no es una subida tan grande”, dijo O’Malley.
La EOIR pertenece a la rama Ejecutiva y no a la Judicial, así que su funcionamiento depende directamente del Gobierno.
La jueza A. Ashley Tabaddor, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, dijo al rotativo capitalino que el sistema de cuotas pondría en cuestión el sistema judicial.
“Podría cuestionarse la integridad o imparcialidad del tribunal si la decisión del juez está influenciada por factores ajenos al caso o si se deniegan mociones por la preocupación de un juez de mantener su trabajo”, afirmó.
Desatascar los cientos de miles de casos abiertos en el sistema es una de las acciones que el Gobierno de Trump quiere potenciar para endurecer la inmigración irregular a Estados Unidos.
Más allá de las cuotas, el gobierno pretende ampliar la plantilla de jueces migratorios con docenas de contrataciones.
