Texto y foto: EFE
Washington, DC, 19 de abril de 2018. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que no pagará el envío de las tropas de la Guardia Nacional a la frontera con México, después de que el Gobierno de California anunciara un acuerdo, que calificó de “farsa” por no ir destinado a la detención de inmigrantes.
“El gobernador (de California) Jerry Brown anunció que enviará ‘hasta 400 tropas de la Guardia Nacional’ para hacer nada. El índice de crimen ya es suficientemente alto en California y el Gobierno federal no va a pagar la farsa del gobernador Brown” dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.
En este sentido, también añadió que el acuerdo anunciado por el estado es mera retórica y que no es lo que necesita el país: “Necesitamos seguridad fronteriza y acción, no palabras”, incidió el magnate.
Las palabras de Trump llegaron un día después de que el Ejecutivo estatal diera a conocer el pacto para el envío de las tropas a la frontera californiana con México, “tras asegurar el compromiso del Gobierno federal de financiar esta misión” como parte de las políticas migratorias del Ejecutivo nacional.
En la orden de Brown, fechada este miércoles, se especifica que este personal tendrá el objetivo de combatir “bandas criminales, traficantes de seres humanos y de armas ilegales y narcotraficantes”, pero precisa que no podrán dedicarse a hacer cumplir leyes migratorias.
“Los miembros en servicio de la Guardia Nacional de California no podrán involucrarse en hacer cumplir cualquier ley migratoria, arrestar a personas por violaciones de leyes migratorias, vigilar a personas arrestadas por violaciones migratorias o apoyar actividades para hacer cumplir leyes migratorias”, recoge el documento firmado por Brown.
En este escrito, se precisa que es el resultado de dos semanas de “productivas discusiones” con la Administración Trump, algo que ahora parece contradecir el mandatario tras haber anunciado hace unos días el envío de las tropas hasta la construcción del muro.
Con este movimiento, California -gobernada por demócratas- se uniría a los estados de Texas, Nuevo México y Arizona -gobernados por republicanos- en el envío de la Guardia Nacional después de que el Pentágono autorizara la llegada de hasta 4 mil militares a la zona.
California se ha convertido desde el comienzo del mandato de Trump en el Ejecutivo estatal más combativo y opuesto a las medidas de su Gobierno, algo que se ha dejado ver en materia medioambiental, pero también migratoria con la declaración del territorio como “estado santuario”.
De este modo, se opuso a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EU en la persecución de inmigrantes en situación irregular.
La ley estadounidense prohíbe usar a los militares para tareas de seguridad y orden público a nivel nacional, por lo que la Guardia Nacional tendrá un papel limitado en la frontera y no podrá dedicarse a detener inmigrantes que lleguen a la zona limítrofe.
Hispanos de Iowa se movilizan contra una ley considerada racista y antiinmigrante
Chicago, EU. Funcionarios electos, activistas y organizaciones hispanas de Iowa, Estados Unidos, anunciaron hoy que se movilizarán en las calles y en las cortes para “luchar hasta el final” e impugnar una ley que consideran racista y antiinmigrante.
“Evaluamos la ley y sus consecuencias, pero esto lo vamos a pelear hasta el final”, informó hoy a Efe Mike Carberry, presidente de la Junta de Supervisores del Condado Johnson, cuya ciudad principal es Iowa City.
La SB481, que prohíbe las ciudades santuario en el estado y obliga a la Policía a colaborar con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para detener y deportar indocumentados, entrará en vigencia el 1 de julio, de no mediar alguno de los recursos legales que se preparan en su contra.
Carberry afirmó que la gobernadora estatal, Kim Reynolds, firmó la ley aprobada por la mayoría republicana en la Asamblea Legislativa, “a puertas cerradas y a espaldas de la gente”, por lo que decidió movilizar en su contra a la Asociación de Condados de Iowa y a la Liga de Ciudades del estado.
En cartas enviadas a sus autoridades, señala que la ley “es discriminatoria, divisiva y tendrá un efecto paralizador” en las comunidades inmigrantes.
En particular destaca el daño que sufrirá la “relación de confianza” existente entre los inmigrantes y la Policía.
Carberry aseguró que en Iowa no existen ciudades santuario como en otras partes de Estados Unidos, donde las autoridades se niegan a colaborar con ICE en programas que no son de obligatorio cumplimiento.
Pero igualmente la Oficina del Alguacil del Condado Johnson ha resuelto no realizar “voluntariamente” los pedidos de retención de indocumentados en la cárcel, o la participación de sus agentes en redadas de Inmigración.
La ley prohíbe cualquier esfuerzo que disminuya la cooperación entre los agentes de la Policía municipal o estatal y los agentes federales de Inmigración.
Los gobiernos locales que no acaten la ley se exponen a ser castigados con la pérdida de fondos estatales.
“Esta es una de las leyes más crueles e inhumanas que hayamos visto”, declaró a Efe Lena Ávila Robinson, fundadora y presidente de Latinos Unidos de Iowa.
En su opinión, con esta iniciativa se otorga “un poder irreal” a quienes tienen “prejuicios raciales” en el estado, que no identificó, permitiendo que los inmigrantes sean discriminados y deportados.
“No solamente quienes realizan trabajos manuales, sino también a profesionales”, agregó.
Robinson comprometió a su organización en la resistencia a la ley, a través de iniciativas que estudian organizaciones como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), o la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
Lo mismo dijo Rafael Morataya, del Centro de Justicia Laboral del Este de Iowa, para quien es necesario luchar “en las calles y los tribunales”.
Los activistas confían en la fuerza de los condados para resistir la ley, luego que varios alguaciles manifestaran públicamente su disposición de no aterrorizar a los inmigrantes y mantener las familias unidades.
