Gaspard Estrada
Sin duda alguna, el año que está por terminar será recordado como uno de los peores en la historia de la humanidad, y de América Latina en particular. La región registra casi un tercio de las muertes por Covid-19 en el mundo, y hay suficientes evidencias para pensar que este número ha sido masivamente subestimado por las autoridades sanitarias, de tal suerte que si hay evidencias suficientes para tener una idea del impacto en sus sistemas políticos, cualquier balance es provisional y puede sufrir profundas alteraciones teniendo en cuenta que la pandemia no está aún controlada.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la ONU, la recesión que experimentará la región será la peor en los últimos cien años: más de 9% de crecimiento negativo. La pandemia sorprendió a la región con un marco muy desigual de capacidades estatales. En efecto, los ingresos fiscales sobre el PIB mostraban un promedio que iba del 33% de Brasil al 12% de Guatemala, país que se veía acompañado por otros seis con una cifra inferior al 20% (Colombia, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela).
En este sentido, el incremento de la desigualdad por ser el sector informal mayoritario el más golpeado y los efectos psicológicos en diferentes grupos sociales tienen y tendrán un efecto sustantivo. La informalidad laboral, según la Organización Internacional del Trabajo, era superior a las dos terceras partes de la población en Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú, mientras que solo era inferior a un tercio en Uruguay.
La disminución de la confianza con respecto a las instituciones políticas, el incremento del malestar ciudadano, así como el aumento de movilizaciones sociales pidiendo servicios, trabajo y, en definitiva, atención, ocupan y seguirán ocupando la agenda política. Por otro lado, observamos en el subcontinente un escenario muy heterogéneo que agudiza más el cariz de democracia fatigada con que iniciaba 2020.
Frente a ello, algunos gobiernos implementaron diferentes paquetes de apoyo puntual a sectores vulnerables, como ocurrió en Brasil, Colombia y Perú –pero no en México. En paralelo, se pusieron en marcha medidas coercitivas con confinamientos más o menos generalizados, suspensión de garantías, control de fronteras interiores y exteriores que evidenciaron cierta diligencia. En cierto sentido, se produjo una recuperación del postergado papel del Estado que había ido desmantelándose poco a poco tras la implementación en la mayor parte de los países latinoamericanos de las medidas auspiciadas por el Consenso de Washington desde hace tres décadas.
Por otro lado, la región intensificó la personalización de la política gracias al reforzamiento de los presidentes. Si ya de por sí el presidencialismo es una forma de gobierno que potencia la figura del titular del poder Ejecutivo, la pandemia fue un marco en el que se exacerbó dicha tendencia. Por una parte, los otros poderes que habitualmente tienen la tarea de contrapeso quedaron fueran de juego durante los primeros meses por su condición de órganos colegiados con enormes dificultades para sesionar, bien fuera por la lentitud en poner en marcha mecanismos de actuación virtual o por los procesos reglamentarios que debieron ser actualizados. Por otra parte, el carácter unipersonal de la presidencia facilitó la cadena de mando, la concentración de decisiones en la mayoría de los casos de carácter técnico, así como la centralización de la información. En la mayoría de los países el activismo del presidente fue la nota destacada. Ello se acompaña del hecho que los poderes Legislativo y Judicial solamente tuvieron protagonismo en algunos países como Brasil y El Salvador.
Sin duda, el año que termina ha expuesto las fragilidades de América Latina, tanto a nivel político como económico o social, y dejado en evidencia la necesidad de recuperar el papel del Estado como un actor inductor del relanzamiento de la reconstrucción y del desarrollo económico. A condición de que los gobernantes en turno se lo tomen en serio.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.
Twitter: @Gaspard_Estrada
