Ciudad de México, 28 de agosto de 2022. Cecilia, de 25 años, junto con su madre, excava dentro de una finca de cultivos de maíz y mango en la localidad de Juan José Ríos, al norte de Sinaloa. Busca los cuerpos de sus dos hermanos desaparecidos.
Ambas mujeres han rastreado en Sinaloa, Sonora, Michoacán, Baja California y Jalisco para tratar de encontrarlos. Así han sacado cientos de cuerpos con el colectivo Madres Buscadoras de Sonora.
Escenas como esta se repiten con cada vez mayor frecuencia y en cada vez más sitios: grupos de familiares, con o sin apoyo oficial, recorren predios en busca de una pista, de un rastro de sus desaparecidos.
Al 24 de agosto, sumaban 104 mil 783 los casos incluidos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas, que contiene datos de 1964 a la fecha. De ellas, 34 mil 982 corresponden a este sexenio.
De 2006 al 15 de marzo de este año han sido halladas en el País 4 mil 967 fosas clandestinas, de las que han sido exhumados 8 mil 562 cuerpos, la mayoría de ellos sin identificar.
La dimensión actual del fenómeno de la desaparición forzada en México, advierte Juan Carlos Gutiérrez, director de i(dh)eas, está indisolublemente ligado a la violencia del crimen organizado y a la impunidad.
Alerta en particular sobre “las complicidades que existen en el ámbito local por las estructuras criminales de poder enquistadas en las fiscalías de los estados”.
Se cuenta ya con una Ley General en Materia de Desaparición, una Comisión Nacional y comisiones locales de búsqueda y un protocolo homologado, pero están pendientes el Banco Nacional de Datos Forenses y otras herramientas.
La crisis, remarca Roxana Enríquez, coordinadora del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), no es un problema de logística que se salió de las manos. “Esto es resultado de décadas de impunidad en el País”, apunta.
Texto y foto: Agencia Reforma
