Jesús Mendoza Zaragoza
Los acontecimientos de la semana pasada en Chilpancingo han mostrado una mayor complicación de la situación de inseguridad y de violencia en Guerrero. De por sí, las cosas ya estaban complicadas debido al control territorial de la banda criminal de Los Ardillos en esa región, lo que implica ya graves dificultades. En muchas regiones de Guerrero el control de territorios de la delincuencia organizada tiene variadas implicaciones. En unas son más graves que en otras.
Hay regiones en las que el control de la economía es casi absoluto, donde los procesos económicos están ya determinados por los delincuentes. Controlan las tierras, la producción agrícola, la ganadería y la comercialización. En otros lugares controlan el transporte público y el comercio, con cuotas a modo de impuestos. En otros territorios, los grupos criminales se hacen cargo de la administración de justicia con reglas y sanciones propias, que pueden llegar hasta la desaparición o la muerte.
Lo que ahora aparece muy preocupante es que la población acepte que estas bandas delincuenciales les sirvan para gestionar obras públicas o la solución de otras necesidades sociales o comunitarias. El sentimiento de abandono y de marginación es aprovechado por los delincuentes para hacer presión a los gobiernos como sucedió en Chilpancingo la semana pasada. Si a los comisarios y a los presidentes municipales no les hacen el caso que requieren, los criminales tienen una gran capacidad de movilización y de presión hacia los gobiernos. Y la mostraron, obligando al gobierno del Estado a negociar. No son conocidos los términos de la negociación, lo que también preocupa.
La pregunta que surge es si esta vía no se convertirá ahora en necesaria para que los pueblos sean escuchados y se les dé el apoyo que necesitan. ¿Será necesario ahora recurrir a las bandas criminales para obtener la atención de las autoridades? Cuando la gente se moviliza es porque vive con un sentimiento de orfandad y de exclusión que ahora es aprovechado por los grupos criminales.
Ahora resulta que los pueblos tienen que recurrir a la delincuencia para ser escuchados y para conseguir remedio a sus necesidades. Este tema se complica ahora aún más. Porque la delincuencia no le hace ningún favor a los pueblos, ni lo hace gratuitamente. Busca darle una vuelta más a la tuerca del control sobre la población. Y este control se hace con un alto costo: mayor inseguridad y mayor miedo.
Lo que pregunto ahora es ¿por qué los gobiernos no se han convertido en aliados de las poblaciones del campo y de las mismas ciudades y por qué da lugar a estas peligrosas alianzas de los pueblos con la delincuencia organizada? ¿Por qué las autoridades no tejen una red de colaboración con los pueblos para que ellos no tengan que recurrir a los criminales ni por presión ni por colusión?
Si la alianza más justa y lógica debiera darse entre autoridades y pobladores, ¿por qué abandonarlos para que se den estas alianzas llenas de riesgos y de peligros con la delincuencia? ¿Por qué los gobiernos mantienen una actitud de desconfianza hacia las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil y no crean los vínculos necesarios para la colaboración permanente? Militares y policías son necesarios, pero nunca podrán darnos la seguridad sin la participación activa de los ciudadanos. Es tiempo de generar dinámicas diferentes, de asambleas comunitarias, de encuentros con organizaciones sociales para generar medidas de colaboración.
¿O es que las autoridades no se están dando cuenta de que, si marginan a los pueblos y a los ciudadanos, los criminales los buscarán para utilizarlos en sus propósitos mafiosos? Lo que se manifiesta con eventos como el de la semana pasada en Chilpancingo, es que el tejido social se está rompiendo en grados peligrosos. La desconexión entre pobladores y autoridades es de muy alto riesgo que pone a la población en las manos de la delincuencia.
