Humberto Musacchio
Las universidades no son únicamente conjuntos de escuelas, sino instituciones donde, por supuesto, se privilegia la enseñanza y la formación de generaciones, pero que además, por su propia naturaleza, someten todo a examen, desde los asuntos internos hasta los más amplios fenómenos externos, como ocurrió en 1968.
Tales instituciones requieren del análisis permanente para conocer la eficacia de sus planes y programas, tanto en la formación de los alumnos como en su capacidad individual y colectiva para responder a las necesidades sociales. En ese marco, resulta indispensable la disciplina para un adecuado cumplimiento de las obligaciones de alumnos y docentes, pues si priva una cierta laxitud se puede caer en incumplimiento de las tareas de cada quien y, por el contrario, si se llega a extremos de rigidez se impedirá un adecuado desarrollo de los educandos.
Como en todo, resulta muy complicado actuar en el justo medio. Hay instituciones donde se opta por un orden excesivamente riguroso que impide la libertad de pensamiento y no estimula la investigación, la apertura a lo nuevo; en el otro extremo, las hay que optan por una libertad excesiva, en la creencia de que así evitan problemas. En ambos casos se incurre en irresponsabilidad y se generan consecuencias indeseables.
Cada vez que brota la inconformidad estudiantil, se escuchan expresiones como esa de que “los muchachos están cada vez peor”, “ya no respetan a sus mayores” o cosas por el estilo. En realidad, la rebeldía de los jóvenes universitarios es muy vieja, pues en la Real y Pontificia Universidad de México, desde el siglo XVI los estudiantes se manifestaron contra aquello que a su juicio era inaceptable, dentro o fuera de la institución.
Esa rebeldía ha sido el sello de la vida universitaria a lo largo de más de cuatro siglos, pues orden y ruptura viajan en el mismo tren cuando se avanza. Si sólo hay orden la institución se anquilosa y es disfuncional; pero si sólo hay ruptura de ese orden desaparece la posibilidad de que la universidad cumpla con sus tareas elementales.
Estas contradicciones han marcado la vida de las universidades. Ahora mismo, la Universidad Autónoma Metropolitana está envuelta en un conflicto en el que la ruptura del orden por un alumno y la rigidez e incapacidad de las autoridades son causa de una huelga estudiantil, con apoyo de no pocos docentes.
El conflicto estalló a partir de la violación por un alumno a una estudiante del campus Cuajimalpa, a quien, indebidamente, las autoridades universitarias convencieron de no demandar por vía penal al violador, pues la propia UAM podía llevar el caso mediante “un proceso súper amigable” que supuestamente desembocaría en la aplicación de medidas disciplinarias. Pero todo fue mentira.
Las autoridades de UAM no cumplieron y, por el contrario, permitieron que el agresor continuara asistiendo a clases como si nada hubiera pasado, con el peregrino pretexto de que “no se podían violar sus derechos procesales”, lo que obligó a la agredida a tolerar su indeseable presencia.
Pese a que el estudiante aceptó haber cometido violación, las autoridades universitarias optaron por caer en una alcahuetería cómplice, pues omitieron la confesión del delincuente y además, por extrañas razones, incurrieron en diversas anomalías, como permitir al acusado presentar pruebas de descargo en forma extemporánea.
Como era de esperarse, lo ocurrido encendió los ánimos y las alumnas (y no pocos alumnos) de todos planteles de la UAM se levantaron exigiendo justicia. La División de Ciencias Sociales del plantel Cuajimalpa resolvió entonces expulsar al joven canalla, pero ya era tarde. Ahora, el movimiento exige respeto a la igualdad de género, así como “normativas, protocolos y sanciones aplicables”, pues en esta coyuntura se han denunciado numerosos casos de agresión a mujeres ocurridos en diversos planteles, lo que incluso involucra a profesores abusivos.
Como es obvio, la rebeldía estudiantil es más que explicable, pues las normas disciplinarias de la UAM son laxas y por añadidura no se aplican. Pero lo peor es que el acoso, los abusos sexuales y otros casos no son atendidos con la indispensable eficacia por las autoridades de todo orden. ¿Hasta cuándo?
