Texto: DPA/ Foto: EFE
Washington/Managua, Nicaragua, 1 de junio de 2018. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió hoy al Gobierno de Nicaragua a desmantelar los grupos parapoliciales o de choque que operan en el país, y a investigar y sancionar el uso de la fuerza por parte de los mismos.
En un comunicado de prensa emitido en Washington, donde tiene su sede, la CIDH condenó “las muertes y los nuevos hechos de violencia ocurridos en Nicaragua” y urgió al Estado “al cese de la represión de las protestas”
En un comunicado de prensa emitido en Washington, donde tiene su sede, la CIDH condenó “las muertes y los nuevos hechos de violencia ocurridos en Nicaragua” y urgió al Estado “al cese de la represión de las protestas”
Opositores piden huelga nacional y Gobierno provisional en Nicaragua
Una nueva coalición de organismos sociales se formó hoy en Nicaragua, con un llamado a la población a la desobediencia civil y a desarrollar un paro (huelga) nacional para obligar al presidente Daniel Ortega a abandonar el poder.
Durante un mítin realizado en la capital, la “Articulación de Movimientos Sociales y de Organismos de la Sociedad Civil” instó también a fortalecer los “tranques” (bloqueos de carreteras) de campesinos y estudiantes que protestan contra el Gobierno desde el pasado 17 de abril.
“Llamamos a la desobediencia civil que significa no pagar impuestos, Seguro Social, agua ni luz”, señaló una proclama leída por una estudiante universitaria.
El organismo también exhortó al sector privado a cesar labores y a la población a que “se lance a la movilización ciudadana masiva y permanente”.
“Hay que unirse con los empresarios, recolectar alimentos y medicinas, fortalecer los ‘tranques’ y levantar otros nuevos”, señaló la estudiante.
“El Gobierno nos quiere quitar las calles a punta de balas, pero nosotros vamos a atrincherarnos y cada día habrá más resistencia y movilización”, dijo por su parte la líder campesina Francisca Ramírez, presente en el lugar.
Mientras, en un hotel capitalino, madres de jóvenes muertos en las protestas antigubernamentales anunciaron que podrían convocar a un paro nacional de labores para presionar la salida de Ortega.
“No vamos a esperar que hayan elecciones. Hay que formar una junta de gobierno representativa de todos los sectores de la sociedad”, dijo Amanda Gahona, madre del periodista Angel Gahona, asesinado de un balazo cuando cubría las protestas en Bluefields (surcaribe), a fines de abril.
En tanto, otro grupo de civiles instalaron toldos frente a la sede de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía en Managua, donde funciona la cárcel conocida como “El Chipote” y en cuyas celdas se ha recluido a políticos opositores y a decenas de jóvenes detenidos durante las protestas recientes.
Apoyados por activistas de organismos de derechos humanos, varias madres y abuelas reclamaron por sus familiares desaparecidos, portando sus fotos y documentos de identidad. En muchos casos, la respuesta de la Policía es que desconocen su paradero.
“A mi nieto lo secuestraron el sábado 26 cinco hombres armados en una camioneta en el barrio Riguero (oriente). Ahora la Policía dice que lo capturó ayer y lo están acusando de asesinato”, dijo a dpa Francisca Fernández, abuela de Christian Mendoza.
Mientras, en el Instituto de Medicina Legal, Cándido Reyes recibió el cádaver de su hijo Daniel, estudiante de veterinaria de 24 años, a quien había buscado en todos los hospitales y estaciones de Policía de Managua.
Daniel Reyes desapareció durante una balacera de paramilitares y policías contra una manifestación opositora el pasado 30 de mayo, suceso que dejó varios muertos y heridos.
Alvaro Leiva, director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH, independiente), dijo que el cadáver del joven presentaba impactos de bala en el abdomen.
“Esta es la víctima 109 del Gobierno. Él simplemente estaba ejerciendo su derecho humano de protestar cívica y pacíficamente y fue asesinado. Daniel Ortega debe responder por esto”, afirmó.
La crisis comenzó con una protesta estudiantil contra una reforma al Seguro Social, que afectaba a trabajadores y jubilados, y se multiplicó tras la violenta acción de policías y paramilitares.
Según el Gobierno, hasta hoy han muerto 39 personas, incluyendo 15 fallecidos en los sucesos violentos el 30 de mayo, pero la ANPDH reporta 108 víctimas mientras Amnistía Internacional (AI) contabilizaba 83 fallecidos hasta el pasado 24 de mayo.
Durante un mítin realizado en la capital, la “Articulación de Movimientos Sociales y de Organismos de la Sociedad Civil” instó también a fortalecer los “tranques” (bloqueos de carreteras) de campesinos y estudiantes que protestan contra el Gobierno desde el pasado 17 de abril.
“Llamamos a la desobediencia civil que significa no pagar impuestos, Seguro Social, agua ni luz”, señaló una proclama leída por una estudiante universitaria.
El organismo también exhortó al sector privado a cesar labores y a la población a que “se lance a la movilización ciudadana masiva y permanente”.
“Hay que unirse con los empresarios, recolectar alimentos y medicinas, fortalecer los ‘tranques’ y levantar otros nuevos”, señaló la estudiante.
“El Gobierno nos quiere quitar las calles a punta de balas, pero nosotros vamos a atrincherarnos y cada día habrá más resistencia y movilización”, dijo por su parte la líder campesina Francisca Ramírez, presente en el lugar.
Mientras, en un hotel capitalino, madres de jóvenes muertos en las protestas antigubernamentales anunciaron que podrían convocar a un paro nacional de labores para presionar la salida de Ortega.
“No vamos a esperar que hayan elecciones. Hay que formar una junta de gobierno representativa de todos los sectores de la sociedad”, dijo Amanda Gahona, madre del periodista Angel Gahona, asesinado de un balazo cuando cubría las protestas en Bluefields (surcaribe), a fines de abril.
En tanto, otro grupo de civiles instalaron toldos frente a la sede de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía en Managua, donde funciona la cárcel conocida como “El Chipote” y en cuyas celdas se ha recluido a políticos opositores y a decenas de jóvenes detenidos durante las protestas recientes.
Apoyados por activistas de organismos de derechos humanos, varias madres y abuelas reclamaron por sus familiares desaparecidos, portando sus fotos y documentos de identidad. En muchos casos, la respuesta de la Policía es que desconocen su paradero.
“A mi nieto lo secuestraron el sábado 26 cinco hombres armados en una camioneta en el barrio Riguero (oriente). Ahora la Policía dice que lo capturó ayer y lo están acusando de asesinato”, dijo a dpa Francisca Fernández, abuela de Christian Mendoza.
Mientras, en el Instituto de Medicina Legal, Cándido Reyes recibió el cádaver de su hijo Daniel, estudiante de veterinaria de 24 años, a quien había buscado en todos los hospitales y estaciones de Policía de Managua.
Daniel Reyes desapareció durante una balacera de paramilitares y policías contra una manifestación opositora el pasado 30 de mayo, suceso que dejó varios muertos y heridos.
Alvaro Leiva, director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH, independiente), dijo que el cadáver del joven presentaba impactos de bala en el abdomen.
“Esta es la víctima 109 del Gobierno. Él simplemente estaba ejerciendo su derecho humano de protestar cívica y pacíficamente y fue asesinado. Daniel Ortega debe responder por esto”, afirmó.
La crisis comenzó con una protesta estudiantil contra una reforma al Seguro Social, que afectaba a trabajadores y jubilados, y se multiplicó tras la violenta acción de policías y paramilitares.
Según el Gobierno, hasta hoy han muerto 39 personas, incluyendo 15 fallecidos en los sucesos violentos el 30 de mayo, pero la ANPDH reporta 108 víctimas mientras Amnistía Internacional (AI) contabilizaba 83 fallecidos hasta el pasado 24 de mayo.
