Al presentar un estudio sobre factores de riesgo y victimización de este sector en conflicto con la ley, la organización Reinserta propone un protocolo que contemple la posibilidad de que menores se conviertan en testigos protegidos.
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. La organización Reinserta planteó hoy miércoles al próximo gobierno federal —que encabezará Andrés Manuel López Obrador— la adopción de un protocolo de desmovilización para jóvenes que se involucraron con organizaciones del crimen organizado.
Al presentar un estudio sobre factores de riesgo y victimización de este sector en conflicto con la ley en el Museo Memoria y Tolerancia, propuso que dicho protocolo también contemple la posibilidad de que menores se conviertan en testigos protegidos.
“Al haber estado en contacto y cada vez más al estar en contacto con adolescentes vinculados a grupos de delincuencia organizada, creemos urgente que en México exista un protocolo de desmovilización y de testigos protegidos”, planteó Mercedes Castañeda, directora general de Reinserta.
“Que establezcan las pautas a seguir y en la forma que distintas instancias públicas y sociedad civil puedan organizarse para proteger a estos adolescentes. Necesitamos protegerlos”.
Dijo que también es urgente el diseño y puesta en operación de un modelo nacional de reinserción social, ya que si bien en 2016 se publicó la Ley de Justicia para Adolescentes, no se acompañó de un instrumento de ese tipo.
“Necesitamos que este modelo esté basado en evidencia, que tenga bases comunitarias, que direccione las prácticas de los centros de externación y de los centros de internamiento y homologue las intervenciones posteriores al internamiento”, expresó.
Advierten factores de riesgo
Rodearse de amistades nocivas, haber vivido con alguien con problemas de adicciones y tener acceso a armas de fuego son algunos de los factores de riesgo que experimentaron adolescentes que cometieron delitos de alto impacto y fueron internados en un centro de tratamiento.
Así lo refleja un estudio de la organización Reinserta, basado en entrevistas a 502 adolescentes privados de la libertad en centros de la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo LeÛn, Puebla, Tabasco, Veracruz, Sinaloa y Yucatán.
A la fecha, según la organización, hay 6 mil 144 adolescentes en conflicto con la ley penal, de los cuales mil 512 enfrentan medidas privativas de libertad por haber cometido delitos como homicidio y secuestro.
Al presentar el estudio, Castañeda consideró que es momento de visibilizar y “voltear a ver” a esta población, por lo que urgió al próximo gobierno federal a impulsar una política de Estado en esa materia.
“Hay un foco enorme (de riesgos). Debemos tener programas que funcionen con ellos, ya no es una opción, ya es una necesidad que tiene el gobierno entrante”, subrayó la especialista en entrevista previa.
El estudio “Factores de riesgo y victimización” revela por ejemplo que el 48 por ciento de los menores bajo internamiento tiene a por lo menos un familiar en la cárcel y 44 por ciento vivió con alguien con problemas de adicciones.
Además, una cuarta parte describió que, antes de ser internados, tuvieron amistades “de riesgo”, esto es, que los invitaban a robar, a salirse de la escuela, a involucrarse en peleas, a integrarse a pandillas y a realizar conductas de ponían en riesgo su vida.
Según el estudio, 2 de cada 3 menores consultados reportaron haber tenido acceso a armas de fuego, y 4 de cada 10 había cometido algún delito antes de ingresar al centro de internamiento.
Castañeda indicó que entre las principales recomendaciones que hace Reinserta destacan desarrollar políticas públicas centradas en la adolescencia y la juventud, en las cuales se fortalezcan los factores de protección, así como el involucramiento y participación ciudadana juvenil.
Asimismo, garantizar espacios de recreación y aprendizaje seguros; impulsar programas de prevención y tratamiento de uso y abuso de drogas y sustancias, incluido el alcohol; prevenir la violencia intrafamiliar; e incorporar la visión de justicia restaurativa dentro de las escuelas.
“Hay manera para que salgan adelante, me gustaría decirte que todos, pero la realidad es que no; sin duda este estudio y estos datos son una excelente puerta de inicio para que se traiga el tema a la mesa”, comentó la directora general de la organización.
“En Reinserta vemos que cada peso que se invierte en estos chicos es una inversión, porque no solamente nos conformamos con el que ya no delincan y ya, sino que sean personas productivas en la sociedad, de que se responsabilicen de que hicieron un daño a una persona, a la sociedad”.
Texto: Antonio Baranda / Agencia Reforma
Foto: Agencia Reforma
