Chetumal, Quintana Roo, 17 de marzo de 2018. La Fiscalía de Quintana Roo solicitó al Poder Judicial de la Federación que le permita ejecutar tres órdenes de aprehensión del fuero común pendientes contra el exgobernador, Roberto Borge Angulo, y que con ello facilite el traslado del inculpado a los juzgados estatales a declarar.
Desde la extradición y la vinculación a proceso por lavado de dinero del ex Mandatario, el 5 de enero, la Fiscalía de Quintana Roo no ha logrado ejecutar las órdenes de aprehensión que consiguió de jueces del Estado por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado cometidos en agravio de la Administración pública de la entidad.
El 6 de enero personal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Quintana Roo, acudió al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en el Municipio de Ayala, en Morelos, donde se encuentra recluido, para notificar a Borge y su defensa de las órdenes de aprehensión. No obstante, no han sido ejecutadas.
“Nosotros ya hicimos las solicitudes ante los jueces de control federales para que nos permitan ejecutar cada una de las tres órdenes de aprehensión, no se han dado las facilidades”, reconoció el Fiscal General de Estado, Miguel Ángel Pech a medios.
El fiscal rechazó tomar las declaraciones de Borge vía electrónica.
“No hay lo necesario para desahogar los temas de medios electrónicos, que es una opción, no obstante que está permitida por la ley, hay criterios que no nos convencen”, advirtió Pech.
Manifestó que desea trasladar a Borge a Quintana Roo ante el juez de cada causa.
“(Se requiere) la presencia física (de Borge) al juez que se le lleve, el tema tampoco se satisface a través de exhortos”, manifestó el fiscal.
El tema, reconoció Pech, es que ya existen notificaciones del Ceferepsi y del propio juez de control que lleva el caso de lavado de dinero, que en tanto no concluya la carpeta de investigación federal, Borge no podrá atender las acusaciones del fuero común.
“Una vez que tengamos esas autorizaciones, una vez que esté concluida la carpeta federal, nosotros entraremos directamente para las tomas de declaraciones que correspondan”, añadió el fiscal.
Adelantó que también se analiza una estrategia en caso de que la defensa de Borge argumente que padece alguna enfermedad mental.
La dependencia quintanarroense lo acusa de cometer durante su gestión un quebranto patrimonial hacia el Estado por 3 mil 104 millones 823 mil 279 pesos.
Ese monto es el denunciado, pues en noviembre el actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, aseguró que lo desviado por Borge asciende a 10 mil millones de pesos.
