Chilpancingo, Guerrero, a 23 de abril de 2026.- El Congreso del Estado de Guerrero validó la minuta de reforma a la Constitución federal que faculta al Congreso de la Unión para crear una ley general contra el feminicidio, y establecer un protocolo y sanciones únicas para casos de feminicidios en todo el país.
De acuerdo con la minuta federal, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y aprobada el martes por el Senado de la República, se trata de una reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tienen el propósito facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materia de feminicidio, secuestro, y desaparición forzada.
De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, se busca establecer un tipo penal homogéneo de feminicidio en el país, fortalecer las acciones para prevenir e investigar dicho delito, así como la atención a las víctimas indirectas, con prioridad en las menores de edad.
Al fundamentar el dictamen, la diputada de Morena, Gloria Citlali Calixto Jiménez, como presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, dijo que “el feminicidio es la expresión más extrema de violencia de género, por lo que resulta indispensable fortalecer el marco jurídico para garantizar justicia, prevenir la impunidad y proteger de manera efectiva los derechos de las mujeres”.
Durante la discusión de la minuta, la panista Irene Montiel Servín criticó que la reforma llegó tarde, porque primero el Estado le falló “a las madres que buscan justicia.
A las familias que han perdido a una mujer víctima de feminicidio. A quienes han tenido que hacer lo que el gobierno no hizo: buscar, investigar y exigir”.
A pesar de votar a favor de la minuta, la panista consideró que el “régimen” pretende presentar la reforma como una solución, después de que el mismo gobierno “ha fallado en proteger a las mujeres”.
“Sí, es correcto avanzar hacia una Ley General que homologue criterios. Sí, es necesario ordenar el marco jurídico, pero también es cierto que: el régimen ha gobernado con discursos, no con resultados. Porque mientras aquí se reforman leyes: allá afuera las mujeres siguen siendo asesinadas. Las fiscalías siguen sin investigar correctamente. Y la impunidad sigue siendo la regla”.
Montiel Servín, cuestionó la efectividad de la reforma y advirtió que no resolverá el problema de fondo, y consideró que la propuesta “llega tarde y se queda corta”, al no atender problemas como la impunidad y la falta de resultados en la procuración de justicia.
La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Erika Lührs Cortés, al razonar su voto a favor apoyó la reforma al considerarla un avance pero advirtió que no será suficiente sin su aplicación efectiva.
“¿De qué sirve legislar si no se implementa?, ¿de qué sirve reformar si no se supervisa?”, dijo y criticó que la falta de resultados y la impunida siguen marcando la violencia contra las mujeres.
La diputada del PRI, Pilar Vadillo Ruiz, informó que su bancada votó a favor de la reforma al considerar que ayudará a cerrar brechas de impunidad.
“Respaldar esta reforma no es solo un acto legislativo, sino una postura ética y política frente a una crisis nacional”, expresó, y señaló que la homologación de criterios permitirá evitar que el acceso a la justicia dependa de la entidad donde ocurra el delito.
La diputada de Morena, Marisol Bazán Fernández, defendió la reforma y afirmó que permitirá cerrar espacios de impunidad y homologar criterios en todo el país.
“Por mucho tiempo, la disparidad legal ha sido aliada de la impunidad y la falta de homologación ha sido el refugio de los agresores”.
Añadió que el nuevo marco busca evitar que los responsables se amparen en vacíos legales. La reforma fue aprobada por unanimidad con 38 votos a favor.
La diputada Leticia Mosso Hernández, del PT, propuso una iniciativa para reformar el Código Civil del Estado, con el objetivo de suspender de manera inmediata el régimen de visitas y convivencias con hijas e hijos cuando exista vinculación a proceso por feminicidio o tentativa en contra de la madre.
La morenista Marisol Bazán Fernández presentó una iniciativa por la que se reforma la Ley de Migración; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, referente a la expedición del pasaporte a hijos de víctimas de violencia vicaria, con el objeto de facilitar la obtención de documentos de identidad sin el consentimiento del agresor.
Mientras que la diputada Catalina Apolinar Santiago, de Morena, presentó una iniciativa para instituir el 25 de julio de cada año como el Día Estatal de la Mujer Afromexicana en Guerrero.
José Miguel Sánchez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
