Lourdes Chávez
Chilpancingo
En dos sesiones extraordinarias continuas, el Congreso local declaró la validez de la reforma al artículo 14 constitucional, sobre derechos y cultura indígena, también aprobó las reformas y adiciones que propuso el ejecutivo a la Ley 701, de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, y una nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública del estado.
Con esto, se dio cumplimiento a la recomendación 09/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que pidió a las distintas autoridades de Guerrero, regular el esquema normativo que vincule los sistemas de seguridad y justicia de las comunidades indígenas en Guerrero con el sistema de justicia penal.
La recomendación surgió del análisis de la situación de la policía comunitaria de Olinalá, entre ellos de la comandante Nestora Salgado García, ahora senadora por Morena; la detención de diversos integrantes de la policía comunitaria y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), así como la detención de personas por parte de esa policía comunitaria.
En tribunal, la representante de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, llamó “traidores” a los diputados que votaron por las reformas a la Ley 701, que aseguró, “borra de un plumazo a la CRAC” de la norma que rechazan las comunidades donde opera el sistema de justicia comunitario.
En el único debate, no obstante que se aprobaron distintas iniciativas mediante fast track, los diputados del PRI, Héctor Vicario Castrejón, y de Movimiento Ciudadano, Mejía Berdeja, rechazaron las acusaciones y defendieron la iniciativa del Ejecutivo.
De trámite, aprueban leyes y decretos
En la primera sesión, primero se informó que 47 cabildos aprobaron el decreto 756, de reforma constitucional del artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, sobre derechos y cultura indígena; entre ellos, los ayuntamientos de Acapulco, Ahuacuotzingo, Olinalá, Tixtla y Tlapa, para declarar su validez. La reforma se aprobó el 27 de julio, hace menos de un mes.
Asimismo, de trámite se aprobó la validez del decreto 757, que reforma disposiciones a la Constitución, con el aval de 42 actas de cabildo, y que en su momento planteó la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la ex diputada del PRI, Flor Añove Baños. Estas modificaciones sólo se mencionaron como “diversas disposiciones de la Constitución del Estado”.
Con el aval de 44 ayuntamientos, el Congreso validó el decreto 758, que reforma y adiciona los artículos 145, 148 y 151, numerales primero y segundo; y fracción 11 del artículo 155, y deroga el numeral 3 del artículo 151 de la Constitución del estado en materia de fiscalización, de reciente aprobación.
Entre otras leyes, se aprobó la Ley del Sistema de Seguridad Pública del ejecutivo, con 43 diputados a favor, y el voto en contra de la diputada de Morena, que no apoyó ninguna de las iniciativas que se sometieron al pleno.
En la defensa, Mejía Berdeja explicó que la Ley del Sistema de Seguridad Pública abroga la Ley 281 de Seguridad Pública vigente, y es producto de diversas iniciativas que promovió el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y la propuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Indicó que contiene 183 artículos y 10 transitorios, engloba el sistema de certificación policial, el sistema de estímulos y reconocimientos a buenos policías, reeducación del sistema de seguridad publica del estado, y el sistema de seguridad pública comunitaria, donde integraría a los grupos organizados por la seguridad en las comunidades.
Concluyó que el instrumento “es congruente” con la Constitución del país, del estado y con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La 701
En la primera y segunda sesión se omitieron las lecturas de las reformas y adiciones a la Ley 701, que la diputada del PRI, Flavia García García, defendió en tribunal. Adelantándose a las críticas, dijo que las iniciativa no es violatoria de los derechos humanos, tampoco se encuentra en contraposición con otro ordenamiento legal.
Aseguró que salvaguarda los derechos electorales, las formas de organización comunitaria, el desarrollo de sus culturas, lenguas, uso y costumbres; tradiciones, medicina tradicional y obliga al estado a elevar la calidad de vida de las comunidades afromexicanas.
También dijo que se da cumplimiento a recomendación 09/2016. Emitida por la CNDH, asegurando el pleno respeto a autonomía y a las autoridades indígenas.
Otorga el derecho a los pueblos de participar hasta en un 70 por ciento de los derechos que percibe el estado por concepto de “explotación moderada” de sus recursos naturales, para que las comunidades determinen qué obras o servicios hacer con esos fondos.
Además, prohíbe los convenios matrimoniales, donde se fije una contraprestación económica o en especie sin aceptación expresa de las partes.
Enseguida, la diputada de Morena denunció que la reforma desaparece a la CRAC y las instituciones del sistema indígena comunitario, lo que calificó como “un golpe cobarde” de los diputados.
Aseguró que se violenta el artículo segundo de la Constitución del país, y borra el segundo párrafo de la Ley 701, donde señala el precepto de la policía comunitaria, “desapareciendo de un plumazo la autonomía de la comunidades indígenas”.
Contrario a los que dijo Cisneros Martínez, el priista Vicario Castrejón opinó que las reformas y adiciones dan certeza jurídica a las comunidades indígenas y a su actuación en su territorio comunitario. También reconoce a las comunidades afromexicanas como sujetos de derecho.
Subrayó que las fracciones del PRD y MC encontraron coincidencias para dar mayor legitimidad y ensanchar los beneficios para comunidades indígenas y afromexicnas.
Luego, Mejía Berdeja opinó que la Ley 701 adquiere mayor valor, “y no desaparece a nadie, porque si bien no habla de la CRAC, sí señala un consejo, y un coordinador de relaciones con el Sistema Estatal de Seguridad Pública.
“Le quiero decir a los críticos que esta ley es un traje a la medida de las auténticas organizaciones comunitarias, les da base constitucional y hay plena armonía con el artículo 14 de la Constitución, la nueva Ley de Seguridad Pública y nuevas reformas integrales a la Ley 701”.
Recordó que existe la demanda de que no haya más grupos que no tiene que ver con sistemas comunitarios, “que balacean turistas en plena Autopista del Sol”, dijo sobre un ataque muy cerca de Chilpancingo.
“Nosotros tenemos que legislar en todo el estado, no podemos legalizar la ausencia del estado, ni dar patente de corso para que grupos armados tengan asidero moral.
Luego se lanzó contra Morena y dijo que “alguien está muy crecido con los resultados del 1 de julio, y piensan que la población no sólo le dio votos sino la razón en todo”.
Por alusión, Cisneros Martínez señaló que las comunidades se oponen a las reformas del Ejecutivo porque no fueron escuchados, hicieron protestas, reunieron firmas, “creo que son (los diputados locales) unos traidores todos, porque votan en contra de los pueblos”.
Mejía Berdeja refutó que “traicionar es desinformar, mentir, es ni siquiera leer los dictámenes y gritar consignas”.
Mejía concluyó que habrá inconformes, pero con las reformas se van a evitar muchas órdenes de aprehensión que se dictaron por la ambigüedad de la ley, “porque la ley no le daba autoridad (a la CRAC) para incidir”.
La propuesta se aprobó por mayoría calificada, con los votos en contra de la diputada de Morena, y los del PRD, Yuridia Melchor Sánchez, Ociel García Trujillo y Eufemio Cesáreo Sánchez, suplente de Raymundo García Gutiérrez y la diputada Maricarmen Lagunes.
