Queremos esclarecimiento, reparación, búsqueda, justicia y memoria, dice a El Sur. “En Guerrero, por ejemplo, lo que más se exige es la reparación monetaria. Hay grupos que quieren que se busque a sus familiares desaparecidos. Para otros la prioridad es la justicia. Para unos más, el resarcimiento memorial de los suyos, que se diga en el norte que no eran delincuentes. Los colectivos esperan que lo logremos todo, pero es imposible. Esto es un paso, no esperamos que sea todo”
Ciudad de México, 20 de septiembre de 2022. Conectar el periodo de la guerra sucia con el presente mexicano, centrarse en la participación de colectivos, sobrevivientes y familiares, y otorgar la misma prioridad a sus exigencias de reparación, búsqueda, justicia y resarcimiento memorial, son objetivos fundamentales de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas entre los años 1965-1990.
Creada el 7 de octubre de 2021 por decreto presidencial para esclarecer el periodo conocido como guerra sucia, la comisión empezó sus trabajos desde antes, en la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Eugenia Allier Montaño, integrante de la comisión e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica a El Sur en qué consiste la trascendencia de esta comisión de la verdad relacionada con hechos que ocurrieron durante el siglo pasado en México.
Para empezar, la académica habla sobre los objetivos de fondo, que “son múltiples”, dice. “Se nos presenta un dilema ético y difícil de resolver cuando abarcamos el periodo 65-90, porque muchos otros colectivos, como los de buscadoras que hoy padecen la violencia, nos dicen ‘¿Y por qué no llega más allá?’. No hay respuesta ética. Es política”.
Y añade: “Sí se trata de una violencia diferente y es importante señalarlo. Por eso eso insistimos en que es muy importante que se vean los vínculos que pueden existir con el presente mexicano. Es un primer objetivo fundamental”.
Un segundo propósito primordial, menciona, es la centralidad de las víctimas. “Cuando digo víctimas me refiero a colectivos, sobrevivientes y familiares. Son elementales en este trabajo. Así como ellos y ellas trabajaron con la subsecetaría para decidir cómo iba a ser la conformación de la comisión, tienen que seguir participando y decidir qué se debe de hacer y cómo”.
Allier Montaño define como tercer objetivo fundamental de la Comverdad de la guerra sucia no dar un orden de prioridad a las distintas exigencias y demandas que tienen las víctimas.
“En Guerrero, por ejemplo, lo que más se exige es la reparación monetaria. Es muy normal porque están en una situación económica distinta a la que pueda prevalecer en el centro o norte del país. Hay grupos que quieren que se busque a sus familiares desaparecidos. Para otros, la prioridad es la justicia. Para unos más, el resarcimiento memorial de los suyos, que se diga en el norte que no eran delincuentes. Eso no se necesita en Guerrero, porque llegas a Atoyac y encuentras una estatua de Lucio Cabañas”.
Que la comisión siga el próximo sexenio
A la docente en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras e integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México se le pregunta cuál es la meta de la Comverdad, hasta dónde se puede llegar con esta instancia del gobierno federal.
“Con justa razón, los colectivos esperan que lo logremos todo, pero es imposible. Soy bastante honesta cuando hablo con ellos. Esto es un paso, no esperamos que sea todo. Vamos a llegar hasta donde se pueda. Eso no significa que no haya que seguir exigiendo después. Es poco tiempo. Quedan dos años para entregar (el informe). Aunque no se logren grandes revelaciones sobre el esclarecimiento histórico, es importante dejar un informe que pueda ser respaldado por el gobierno y que sea una aceptación de lo que ocurrió”.
La investigadora considera primordial “que se avance, aunque sea mínimamente, en la justicia. Que se instaure una fiscalía. Ese camino tiene que existir. Que se logre encontrar mecanismos que sirvan para la reparación, que se siga profundizando en la búsqueda, que siempre es lo más difícil en todos los países. No hay uno donde se haya encontrado a todas las personas desaparecidas. El área de memoria (de la comisión) es muy importante porque va a permitir que se creen una serie de normativas que permitan que esto continúe en el próximo sexenio, quede quien quede”.
Un trabajo incluyente
En la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, encabezada por Alejandro Encinas, empezó a pensarse que había que hacer algo respecto a la guerra sucia, como se llama a las décadas de persecución política en el México de los sesenta a los noventa. Existe una gran discusión sobre si debería o no designarse así, reconoce Eugenia Allier, “pero es una forma de abarcar un periodo”.
“En otros países de América Latina se han organizado comisiones de investigación o distintos ejercicios que tienen que ver con memoria, verdad y justicia respecto al pasado violento; casi siempre se trata de un periodo, de un régimen específico, como las últimas dictaduras militares en Uruguay, Argentina y Chile. O bien la guerra civil en El Salvador, Perú y Guatemala.
“El problema en México es que no tenemos un nombre para eso, porque aparentemente era un régimen democrático, cosa que cada vez se acepta más que no era así. La única forma de llamar a este periodo, para distinguirlo de años anteriores o posteriores, es la guerra sucia contra militantes de organizaciones político militares, pero también contra las estudiantiles, de campesinos y sindicales. Prácticamente toda militancia política fue reprimida, porque fue entendida como disidencia. No sólo la izquierda, también la derecha”.
La subsecretaría empezó a trabajar y se acercó a los colectivos de familiares, víctimas y sobrevivientes vinculados con ese periodo. Colectivos como el Comité 68, del movimiento estudiantil, o bien el Comité ¡Eureka!, H.I.J.O.S. México o Nacidos en la Tempestad. Son una veintena de organizaciones y colectivos.
“Se pensó en esclarecer ese pasado, históricamente, pero también en justicia, búsqueda de desaparecidos y reparación económica y simbólica –continúa Allier Montaño–. Se creó una asamblea de colectivos con la Subsecretaría, que llamó a académicos, abogados y personas ligadas a la temática, para preguntarnos qué podíamos hacer y cómo”.
El año pasado se celebraron distintas reuniones de trabajo. El 30 de agosto de 2021, en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció –vía Twitter–, con familiares y sobrevivientes, el acuerdo de la creación de la comisión, que se publicó en octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El 10 de diciembre se instaló oficialmente en un acto en Chihuahua.
Cinco mecanismos, una comisión
La comisión está compuesta por cinco partes. La primera es el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico en el que, según el comunicado de la Segob emitido el 7 de octubre pasado, se integraron personas expertas independientes para realizar indagatorias, acopio de información, acceso a los archivos de todas las dependencias, acceso a las instalaciones federales militares o civiles en búsqueda de la verdad. A este mecanismo pertenece Eugenia Allier.
La segunda es el Comité para el Impulso de la Justicia, encabezado por tres personas expertas independientes, entre ellas Ángela María Buitrago Ruiz, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuva en el caso Ayotzinapa.
La tercera es el Programa Especial de Búsqueda, a cargo de Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
La cuarta es el Programa Especial de Reparación y Compensación, “donde de manera integral se atenderá la reparación por el daño cometido a las víctimas”, a cargo de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez. La CEAV se reunió en 2021 con víctimas de la guerra sucia de Atoyac, específicamente en El Quemado, donde en 1972 irrumpió el Ejército y dejó desaparecidos y detenidos.
La quinta es un mecanismo encargado de acciones para la memoria y garantía de no repetición, a fin de dignificar la memoria de las víctimas.
El presidente de la Comverdad de la Guerra Sucia es Alejandro Encinas. También hay representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Hacienda.
“Es una comisión amplia”, dice la académica. Las cinco partes, detalla, tienen “distintos objetivos dentro del plan de trabajo de la subsecretaría. No son lo mismo esclarecimiento, búsqueda, reparación, justicia y memoria”.
El Ejército y la deuda histórica
Sobre el Ejército, Allier Montaño afirma que la comisión está “en la negociación y el trabajo. Sí hay una voluntad de trabajar con nosotros. Estamos con la esperanza de que, efectivamente, nos entreguen lo más posible (de documentos) para avanzar. No sabemos qué tanto nos van a entregar al equipo de investigación, pero lo están haciendo y vendrá un momento en que vamos a analizar todo”.
–¿Por qué es relevante para la sociedad esta acción?
–Más vale tarde que nunca. En mis clases de Estudios Latinoamericanos, desde hace años, insisto en ese periodo. Veo a mucha gente que estudió conmigo y tienen más nociones de lo que pasó en la guerra sucia porque de alguna manera lo empezamos a discutir. Muchos se han ido al periodismo, pero otros están trabajando en la Secretaría de Gobernación, tratando de incidir en estos temas.
“¿Por qué es importante? –reitera la pregunta Eugenia Allier–. Más allá de lo que nos puedan dar o no los militares, hay una deuda histórica con los colectivos, víctimas, familiares y sobrevivientes de todo ese periodo. Con los familiares que no saben qué pasó con sus parientes. Las víctimas y sobrevivientes que necesitan ser resarcidas y reconocidas también. Lo importante es esa deuda con los colectivos y con las personas que exigen justicia, verdad, memoria, búsqueda y reparación”.
Relacionar pasado y presente
En 2025 se cumplirán 60 años del asalto al cuartel de Madera, la acción más relevante de la organización insurgente Grupo Popular Guerrillero (GPG). Se registró la madrugada del 23 de septiembre de 1965 por una docena de personas, entre campesinos y estudiantes, que intentaron tomar el cuartel del Ejército en Madera, Chihuahua.
“¡Ahí empezó!”, exclama Allier Montaño. “Yo creo que si ahorita hiciéramos una encuesta con la población mexicana para preguntar quién sabe algo de la guerra sucia, qué fue, es posible que ni el 5 por ciento de la población conozca. No es lo mismo con el movimiento estudiantil del 68, que a lo mejor es más conocido, ha tenido más empuje, más debate”.
Pero eso no ha pasado con la guerra sucia, admite la investigadora. “Si bien la violencia que vivimos tiene muchísimas causas, una de ellas sin duda es la falta de esclarecimiento y de justicia respecto a la violencia en el pasado reciente. El hecho de que las mexicanas y mexicanos no conozcamos lo ocurrido en la guerra sucia, que no se haya hecho justicia, permite que otro tipo de violencias o similares se reproduzcan desde hace varios años.
“Esa es la deuda con la sociedad mexicana en general: conocer lo ocurrido para que podamos debatirlo y nos sirva también para pensar en el presente. Esta búsqueda del pasado no tiene sentido si no se relaciona con el presente. No puede seguir pasando. Necesitamos que esto vaya a los planes de estudio de todas las escuelas, que así como llegó el 68, llegue la guerra sucia, que se explique toda la represión a la disidencia política que existió. Es fundamental”.
Texto: Guillermo Rivera / Foto: Cortesía
