Ciudad de México, 10 de julio de 2024. Los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD presentaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad contra las reformas a las leyes de amparo y de amnistía.
Se trata de las últimas reformas que la mayoría de Morena y aliados aprobó en el periodo de sesiones concluido en abril pasado.
Serían los últimos recursos contra reformas del Ejecutivo federal, no sólo de la 65 Legislatura, sino también previo a la discusión de la reforma al Poder Judicial.
“Las reformas son peligrosas para México y es nuestro deber velar por el fortalecimiento de nuestras libertades e instituciones democráticas”, señalaron los tres grupos parlamentarios al dar a conocer las acciones de inconstitucionalidad.
En la reforma a la Ley de Amparo se impide que los jueces puedan suspender los actos de las autoridades en varios supuestos, aun cuando éstos afecten el interés de la sociedad.
“Ello implica que esta herramienta deje de ser efectiva para defender los derechos de la ciudadanía. Si no se previene que se materialice el daño a los derechos de las personas, el juicio de Amparo deja de ser un medio efectivo de protección”, explicaron en un comunicado de prensa.
Agregaron que con la prohibición en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión general de una ley, se impide el acceso a la justicia para los que menos tienen.
“El acceso a la justicia será más difícil para los que menos tienen, ya que la ley reformada garantizaba que cualquier suspensión que afectara sus derechos era aplicable a cualquier persona.
“Sin embargo, con esta modificación deberán contratar abogados especialistas cuyos servicios suelen ser altos”, apuntaron.
Además, con la reforma se impide que los jueces suspendan la aplicación de normas generales, como leyes, decretos y reglamentos, cuando afecten los derechos humanos de la ciudadanía.
“La intención es clara, dar más poder al gobierno y quitarle a la ciudadanía los medios para protegerse frente al atropello de sus derechos”, acusaron las bancadas de Oposición.
También sostienen que la reforma es contraria al artículo 17 de la Constitución, que prevé el derecho a la tutela judicial efectiva, así como de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde se consagran las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial de los derechos humanos.
“Esta reforma atenta contra los avances alcanzados en materia de protección de los derechos humanos por medio del Amparo, que se habían conseguido con la reforma del año 2011 y con los criterios judiciales que limitaron el principio de relatividad de la sentencia del Amparo.
“Con ello se restringe la utilización de todos los medios apropiados para salvaguardar la integridad de las personas”, precisan en el documento de impugnación.
En cuanto a los cambios realizados a la Ley de Amnistía, señalaron que la medida viola el derecho de acceso a la justicia y a la reparación del daño de las víctimas, pues impediría que los Tribunales emitan sentencias su favor.
La reforma, acusan en la acción de inconstitucionalidad, vulnera las facultades exclusivas del Congreso, ya que otorga al Ejecutivo una facultad que está reservada para el Poder Legislativo en la Constitución.
Al Ejecutivo se le dan facultades para otorgar la amnistía a personas que otorguen pruebas y se anulan requisitos que están considerados en la misma ley, para que por medio de una comisión se analicen eventuales casos de derecho a ésta.
“La amnistía no es igual al indulto y está señalada claramente como una facultad exclusiva del Congreso de la Unión”, recalcan las bancadas priista, panista y perredista.
“La amnistía genera la impunidad e impide de forma definitiva que las víctimas de graves violaciones a derechos humanos tengan derecho de acceder a la verdad, a la justicia y la reparación, por lo que es claramente violatorio de los derechos de las víctimas”.
Por ello, exigen en la demanda que se respeten los derechos de las víctimas, se esclarezcan los hechos, se fortalezca el Estado de Derecho y que se combata eficazmente la impunidad en el país mediante justicia efectiva, y no selectiva.
“Esta reforma, además proporciona a la autoridad una herramienta de persecución política, pues una de las condiciones del otorgamiento es señalar elementos que incriminen a alguna tercera persona.
“Los requisitos establecidos para acceder a la amnistía generan un incentivo para realizar actos de represalia política, incluso con falsedad de declaraciones”, alertaron.
Encabezados por los coordinadores parlamentarios del PAN, Jorge Romero; PRI, Rubén Moreira; y PRD, Francisco Javier Huacus, las bancadas de Oposición refrendaron su compromiso al cumplimiento de la Constitución, de la justicia y del Estado de Derecho para seguir defendiendo a las y los mexicanos.
“¡Ni hoy ni mañana la justicia puede ser selectiva, siempre encontraremos un camino para combatir las arbitrariedades!”, manifestaron los legisladores.
Texto y foto: Agencia Reforma
Texto: Agencia Reforma
