Carlos Montejo Oceguera fue nombrado como Auditor Superior del Estado el mismo día que se mayoriteó la ampliación del periodo de gestión de Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años.
Mexicali, Baja California, 28 de julio de 2019. Por considerar que el procedimiento de asignación del Auditor Superior de Baja California fue irregular, los integrantes honoríficos del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción promovieron un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación.
Junto con la ampliación de la Gubernatura de dos a cinco años, el pasado 8 de julio, el Congreso del Estado aprobó a Carlos Montejo Oceguera como Auditor Superior del Estado por un periodo de siete años; le corresponderá evaluar las cuentas públicas del mandatario panista Francisco Vega de Lamadrid, y del gobernador electo, el morenista Jaime Bonilla Valdez.
Francisco José Fiorentini Cañedo, Presidente del Comité de Participación, refirió que Montejo Oceguera fue encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, un órgano del Congreso del Estado, hasta hace algunas semanas.
“Él era encargado de despacho cuando se presentó”, expuso, “ocupamos gente que no le deba la chamba a un partido político”.
Montejo Oceguera es hijo del primer Alcalde panista de Tijuana, Carlos Montejo Favela; en la década de los noventa laboró con Vega de Lamadrid cuando éste era titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Fiorentini Cañedo defiende que, aunque no hay un incumplimiento jurídico con su nombramiento, sí se trata de un conflicto de interés.
“La Constitución dice que (para elegir al Auditor) los consejeros honoríficos y tres diputados tendrían que constituirse en una comisión especial, pero no hubo comisión y no sesionó”.
“Se les dieron ridículos 15 minutos para conocer la experiencia del Auditor, quien revisará las cuentas de este Gobierno (del panista Vega), seguramente las cuentas de los dos años de Jaime Bonilla (Gobernador electo)”, apuntó.
El Auditor fue nombrado el mismo día que se mayoriteó la ampliación del periodo de gestión de Bonilla Valdez, de dos a cinco años.
“Yo creo que sí (fue una moneda de cambio)”, expuso en conferencia Fiorentini, “estamos fundamentando que hay un proceso viciado que a todas luces apunta a ser parte de una negociación”.
Los promoventes contra el proceso de asignación son Jorge Topete Calvario, Francisco José Fiorentini Cañedo, Edgardo Silva Rivera, Eduardo Arredondo Uribe y Omar Marrón Luna, quienes buscan el amparo contra diversos actos del Congreso del Estado.
El proceso en el que fue designado Carlos Montejo Oceguera como Auditor Superior del Estado se estima violatorio de los derechos fundamentales de Constitución de Baja California, argumentaron.
La Constitución del Estado señala que una Comisión Especial integrada por cuatro representantes ciudadanos y tres diputados serán los responsables de evaluar a los aspirantes a ocupar cargos dentro del SEA, se deberían presentar a los postulantes idóneos, en orden de prelación.
Existe tesis jurisprudencial con respecto a este tema, como se señala en la página 13 del documento, el Congreso debe nombrar al Auditor con estricto apego a las reglas del procedimiento establecidas en la normatividad.
“Los actos emitidos por los Congresos locales en el procedimiento de designación del titular, pueden impugnarse en el juicio de amparo”, según refiere parte de la tesis de jurisprudencia 18/2013 mencionada en la solicitud de juicio de amparo.
Texto: Aline Corpus / Agencia Reforma / Foto: Especial
