La represión en Guerrero durante este periodo fue una de las expresiones más cruentas, considera el subsecretario en la presentación del Informe de la Comverdad, y subraya la necesidad de una reparación integral para las víctimas
Ciudad de México, 1 de marzo de 2023. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que uno de los retos en lo que resta del sexenio es hacer justicia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, durante el periodo conocido como Guerra Sucia.
En la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad) y sus anexos, que se publicó por primera vez en 2022, el funcionario advirtió que en ese periodo se desplegaron políticas “contrainsurgentes” para “aniquilar” a toda la disidencia política.
“(Hay que) generar condiciones para que haya actos de justicia, actos de reparación y lo más importante, que el Estado mexicano asuma la garantía de no repetición de estos hechos. Ese va ser otro de los retos, que haya justicia después de 50 años”, sostuvo.
“En los 18 meses que nos restan en este gobierno vamos a hacer todo el esfuerzo, lo humanamente posible para que la Comisión (dé) resultados concretos y tangibles, dé respuestas a las demandas y preocupaciones de las víctimas, de sus familiares, de los sobrevivientes y particularmente de toda nuestra la sociedad”.
Encinas también subrayó la necesidad de garantizar una reparación integral tanto a las comunidades afectadas como a los familiares de las víctimas de ese periodo, que calificó como vergonzoso y cruento, particularmente en sitios como Guerrero.
“Ese es el gran reto que estamos enfrentando el día de hoy, que el Estado asuma su responsabilidad no solamente con la memoria, la verdad y la justicia, sino que asuma su responsabilidad en los hechos arbitrarios que cometió en estas prácticas insurgentes contra la población”, abundó.
“Ese es el punto fundamental para la reparación, la reparación por supuesto pasa en primer lugar por la justicia, si no hay justicia no hay reparación plena y hay que atender también la reparación integral, tanto a los núcleos familiares, a las personas afectadas, como a las comunidades que fueron arrasadas por elementos de las Fuerzas Armadas en aquellos espacios donde había cobertura solidaria y protección a los grupos disidentes”.
En la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el subsecretario de Derechos Humanos agregó que otro desafío en esta materia es la identificación de restos y cuerpos, como exigen familias y comunidades desplazadas.
Encinas acusó que, durante dicho periodo, hubo una decisión del Estado de atacar a la sociedad, reprimir a los distintos movimientos sociales -como magisteriales e indígenas-, así como “aniquilar” a las personas que reclamaban cambios profundos en la sociedad.
“Se pretendió aniquilar cualquier forma de disidencia en nuestro país. El Estado fue incapaz de reconocer la necesidad de un cambio y pretendió mantener un régimen a partir de la represión. Guerrero fue una de las expresiones más cruentas”, agregó.
“(Hubo) políticas contrainsurgentes que se desarrollaron para aniquilar a toda la oposición, la disidencia política. (Es necesario) esclarecer los hechos y que haya justicia en todas las violaciones graves a los derechos humanos. No existe una verdad única, mucho menos oficial, la construcción de la memoria es resultado de la suma de voces y de un proceso de construcción colectiva”.
Texto: Antonio Baranda / Agencia Reforma
